De Veracruz al mundo
CANACAR se une y desaprueba aranceles de EU.
Los transportistas, uno de los gremios más afectados porque Estados Unidos no ha cumplido en ese sector dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijeron que hasta el momento no es posible cuantificar a cuánto ascenderán los daños para ellos, pero, lo que es un hecho, es que va contra la competitividad.
Domingo 03 de Junio de 2018
Por: jornada.unam.mx
Foto: jornada.unam.mx
Ciudad de México.- La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR) se solidarizó con la industria mexicana de acero y aluminio, y condenó la decisión de Donald Trump de aumentar el arancel a esos productos, en contra de lo establecido en el acuerdo comercial vigente.

Los transportistas, uno de los gremios más afectados porque Estados Unidos no ha cumplido en ese sector dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijeron que hasta el momento no es posible cuantificar a cuánto ascenderán los daños para ellos, pero, lo que es un hecho, es que va contra la competitividad.

Las últimas estimaciones hechas por la CANACAR sobre los daños ocasionados a este sector al no poder entrar a las autopistas estadunidenses, refieren cifras superiores a los 35 mil millones de dólares.

A decir de la CANACAR el daño anual a los transportistas mexicanos por no poder entrar a territorio estadunidense se estima a 2 mil millones de dólares al año. Los 35 mil millones de dólares reportados como daños corresponden a los primeros 17 años de vigencia del TLCAN, momento en que presentaron una demanda ante autoridades de Estados Unidos para reclamar la reparación del daño; sin embargo por restricciones legales de aquel país, en el momento en que les favoreciera alguna resolución les reconocería sólo los últimos tres años de afectación.

El presidente de la CANACAR, Enrique González Muñoz, dijo que si bien los empresarios mexicanos buscan tener un TLCAN más moderno y productivo, “ello no debe ser a cualquier costo. No se vale que el presidente Trump viole los acuerdos comerciales que han prevalecido en la región por tantos años”.

Aseguró que ante un pronunciamiento de esta talla que atenta contra la competitividad y comercio de México, el gobierno mexicano debe responder con medidas equivalentes a los aranceles impuestos e incluso, llevar el caso a instancias internacionales de comercio.

“Nuestro total apoyo al gobierno mexicano a la decisión de responder con categoría; estamos de acuerdo que las medidas equivalentes estén en vigor hasta que Estados Unidos cancele el impuesto”, expresó González Muñoz.

Sobre el impacto que pudieran ocasionar dichas medidas arancelarias a nuestra industria del autotransporte, el directivo de CANACAR señaló que por el momento no es posible saberlo del todo, dado que es muy reciente su aplicación y será la industria fabricante “la que advertirá de los efectos que podrían provocar medidas anticomerciales de esta naturaleza”.

Desde que el TLCAN entro en vigor en 1994 los transportistas mexicanos se vieron impedidos de entrar a las autopistas de Estados Unidos, debido a que ese país argumentó que la flota mexicana no reunía las condiciones de seguridad para transitar en aquel país.

En los hechos el sindicato de transportistas, uno de los más fuertes de Estados Unidos, ha ejercido presión durante todos los años de vigencia del acuerdo comercial, por lo que los mexicanos que no están organizados en sindicato sino en distintas cámaras y asociaciones, han tenido que conformarse con una serie de “concesiones”, como llevar la carga sólo unos metros del otro lado de la frontera y desenganchar para que un estadunidense la lleve a su destinos final.

Los mexicanos tienen que cumplir con una serie de requisitos que van desde hablar inglés, conocer las reglas de tránsito, que sus unidades cumplan con condiciones físicas y mecánicas rigurosas para hacer recorridos minúsculos, y sin que a los estadunidenses se les exija lo mismo para entrar a territorio nacional.

Los últimos “avances” en materia de transporte es el de permitir que algunas empresas mexicanas, previamente certificadas por el gobierno de Estados Unidos ingresen a las carreteras de aquel país mediante un acuerdo de transporte transfronterizo.

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