De Veracruz al mundo
CNDH exige a todos los niveles de gobierno garantizar seguridad en Guerrero.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que no puede soslayarse el escenario de violencia e inseguridad que priva en varias regiones del estado de Guerrero -principalmente en Tierra Caliente, Acapulco, Chilapa, Chilpancingo e Iguala-, que ha derivado en importante número de homicidios y personas desaparecidas y desplazamiento forzado interno de familias de sus comunidades.
Viernes 11 de Mayo de 2018
Por: jornada.unam.mx
Foto: Cuartoscuro .
Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que no puede soslayarse el escenario de violencia e inseguridad que priva en varias regiones del estado de Guerrero -principalmente en Tierra Caliente, Acapulco, Chilapa, Chilpancingo e Iguala-, que ha derivado en importante número de homicidios y personas desaparecidas y desplazamiento forzado interno de familias de sus comunidades.

A esto se suman la corrupción y colusión de algunas autoridades con la delincuencia organizada, que deriva en la impunidad y falta de acceso a la justicia en su modalidad de inadecuada procuración de justicia, así como la falta de investigación de los delitos denunciados, irregularidades en las investigaciones ministeriales y falta de personal ministerial y pericial.

Frente a este panorama, la CNDH llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a realizar acciones urgentes e inmediatas para atender y resolver el problema estructural que implican violencia, inseguridad, corrupción e impunidad, así como la pobreza y la pobreza extrema, además de que da a conocer que trabaja un informe sobre la situación que prevalece en Chilapa de Álvarez, en dicha entidad.

Igualmente, el organismo nacional consideró que la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como la implementación de la Ley General en esta materia son temas de la agenda de derechos humanos que deben atenderse de manera prioritaria y a los cuales se les deberá dar continuidad en las próximas administraciones federales y estatales, para lo cual se requiere voluntad política de las autoridades de los tres niveles de gobierno, que los responsables de esos casos sean llevados ante la justicia y abatir los índices de impunidad prevalecientes.

Así lo dio a conocer Ismael Eslava Pérez, Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al participar en el "Foro Nacional en Chilapa para la Implementación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, ante la Ley 701 del Estado de Guerrero", donde se pronunció porque el problema se atienda de manera integral, ya que los esfuerzos para la atención de ese flagelo han sido insuficientes en la prevención e investigación de dicho ilícito.

Señaló que en todos los casos se debe conocer la verdad de los hechos y garantizar a las víctimas y a sus familiares el acceso a la justicia y a la reparación integral del daño.

Ante Ramón Navarrete Magdaleno, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero; Hipólito Lugo Cortés, Coordinador de la Oficina de la CNDH en esta entidad, así como representantes de organizaciones civiles y víctimas de la violencia en esta región, Eslava Pérez subrayó que es indispensable que en todas las entidades federativas en que se han denunciado desapariciones de personas se otorgue a sus familiares atención con calidad y calidez, y se les permita aportar a las investigaciones información que coadyuve a localizar a sus seres queridos y evitar su revictimización.

Tras mencionar que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas constituye una valiosa herramienta para erradicar este flagelo, habló sobre los retos que se enfrentan para su implementación y los plazos para la entrada en vigor de los diferentes mecanismos contemplados en dicha normatividad; señaló que se deben eliminar vicios en materia de procuración de justicia, como dilación en la investigación de los casos y omisiones en las diligencias y actuaciones periciales, además de atender las causas que lo propician como inseguridad, violencia, pobreza, desigualdad y corrupción que se viven en algunas zonas específicas del territorio nacional.

Enfatizó la necesidad de avanzar en la capacitación, profesionalización y certificación del personal encargado de realizar las indagatorias, crear las instancias contempladas en la ley para atender el problema y destinar los recursos necesarios para su correcta operación, así como elaborar protocolos homologados de búsqueda y localización, así como de investigación, todo ello bajo una perspectiva de derechos humanos y respeto a la dignidad de las personas.

Recordó que el año pasado, la Comisión Nacional emitió el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, dirigido a los tres niveles de gobierno, el cual contiene 102 propuestas para atender de manera integral este tema, colocando en el centro de todos los esfuerzos institucionales los derechos de las víctimas y sus familiares. Sobre el particular, indicó que actualmente la Comisión da seguimiento al cumplimiento de las propuestas por parte de las autoridades a quienes se dirigió el citado Informe.

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