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SDPnoticias.com
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Ciudad de México.- Luis Alberto "N", el chofer del empresario queretano Manuel Barreiro, acudió este martes ante una jueza de Distrito para buscar un acuerdo preparatorio en el caso que se le sigue por lavado de dinero, el cual incluye la devolución de la bodega industrial supuestamente comprada al candidato presidencial Ricardo Anaya a través de triangulaciones.
Luis Alberto "N" aparece en varios documentos como el representante legal de Manhattan Master Plan Development, la empresa que compró a Anaya Cortés la propiedad por 54 millones de pesos y que se encuentra en una lista de empresas fantasma del Servicio de Administración Tributaria.
Debido a esto, la Procuraduría General de la República (PGR) le sigue un proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su modalidad de ocultamiento de bienes; este día, el imputado acudió poco antes del mediodía ante la juez primero para conocer a detalle la investigación, y luego para ofrecer como reparación del daño la entrega de la propiedad y posesión jurídica del predio, con lo que estaría aceptando que la operación fue ilícita.
En el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Querétaro, la defensa argumentó que su cliente firmó los papeles con los que se constituyó Manhattan Master Plan debido a que fue una orden directa de su empleador, el empresario Manuel Barreiro, pero jamás tuvo conocimiento de la naturaleza de los documentos y mucho menos cuenta con el dinero para realizar una operación por 54 millones de pesos.
Además, Luis Alberto "N" subrayó que nunca celebró un contrato de compraventa con Donino Martínez Diez, suegro de Ricardo Anaya, o con la empresa Juni Sierra propiedad de Ayala y su esposa, o con el arquitecto Juan Carlos Reyes García.
Tras el ofrecimiento de la defensa, el Ministerio Público Federal desistió de la vinculación a proceso en tanto la jueza analiza el caso y determina si el acuerdo preparatorio cumple con los requisitos necesarios.
Finalmente, la juez determinó que la responsabilidad del imputado era "mínima o inexistente", por lo que dio el visto bueno al acuerdo de reparación y determinó el sobreseimiento de la causa penal.
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