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| Con 25 feminicidios, enero ha sido "letal" en Guerrero: ONG. | ||||||
| Así lo señalaron el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, al acusar que estos datos revelan la negligencia, omisión y falta de voluntad política ante los feminicidios de las autoridades estatales, lo que forma parte de la impunidad en la grave crisis que vive la entidad. | ||||||
| Miércoles 31 de Enero de 2018 | ||||||
| Por: jornada.unam.mx | ||||||
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Así lo señalaron el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, al acusar que estos datos revelan la negligencia, omisión y falta de voluntad política ante los feminicidios de las autoridades estatales, lo que forma parte de la impunidad en la grave crisis que vive la entidad. En un comunicado conjunto, ambas organizaciones señalaron que pese a contar con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de protocolos de investigación y de que el feminicidio ha sido tipificado en todo el país, "la violencia feminicida (en Guerrero) se agudiza e incrementa". Diferentes reportes hemerográficos, refirieron, documentan 25 feminicidios en este mes, además que el Apartado sobre "Información delictiva de emergencias con perspectiva de género" del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta a Acapulco en el lugar nueve de los 100 municipios con mayor incidencia de presuntos feminicidios, tan sólo por debajo de ayuntamientos de Sinaloa, Sonora y Veracruz. Criticaron la posición del titular de la Fiscalía General del estado, Xavier Olea Peláez, quien ha declarado que estos delitos en la entidad muchas ocasiones ocurren porque “lamentablemente las mujeres, de alguna u otra manera son partícipes dentro del crimen organizado, llámese con la pareja, llámese con el esposo, llámese con el novio”. Para el Centro Tlachinollan y el Observatorio esta aseveración es muy preocupante porque "además de ser una postura misógina y revictimizante, evidencia la falta de perspectiva de género y de derechos humanos en las investigaciones, y lejos de actuar de manera diligente, fomenta la falta de acceso a la justicia. No es la forma que los familiares de las víctimas esperan en relación a las investigaciones sobre los feminicidios de sus hijas o madres. (La declaración) es un escarnio irresponsable, sin un compromiso frente a las víctimas y con juicios que denigran a las mujeres, lo que a todas luces es intolerable". Una situación "alarmante", es que en los casos de muertes violentas de mujeres, cuando víctimas indirectas que presenciaron los hechos han denunciado al o los posibles perpetradores, las autoridades ministeriales inician las carpetas de investigación como homicidios y no como feminicidios, y mucho menos aplican los protocolos de investigación este delito de género. "Es necesario destacar que en casos de feminicidio que se encuentran en proceso judicial actualmente, muchas de las víctimas denunciaron previamente violencia doméstica, y las instituciones encargadas, no garantizaron la seguridad de las mujeres, dejándolas en total indefensión que derivó en daños irreparables". Otro elemento de preocupación, subrayaron, es que no hay personal suficiente para dar atención a este tipo de violencia y crímenes. Un ejemplo es en Tlapa, donde sólo se cuenta con una abogada que da atención a los 19 municipios de la región de la Montaña, quien no cuenta con los recursos humanos ni de infraestructura necesarios para la realización efectiva de su trabajo, pese a que ese municipio forma parte de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y de que el gobierno está obligado a implementar medidas de seguridad por considerarse zona de riesgo. "Las acciones y omisiones de las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la vida de las mujeres a una vida libre de violencia, y la falta de su atención pronta y efectiva, deriva en que muchas de las agresiones puedan concluir en feminicidios". Frente a todo ello, ambas organizaciones demandaron a las autoridades de todos los niveles de gobierno que se implementen de manera inmediata y efectiva políticas públicas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los feminicidios y la violencia contra las mujeres en el estado; que la Fiscalía del estado dote de recursos humanos e infraestructura a la Unidad Especializada en Feminicidios y en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, con sede en Tlapa, para dar seguimiento a las carpetas de investigación por feminicidio y violencia familiar. También, que esa dependencia brinde de personal suficiente e infraestructura a. Las áreas especializadas para asegurar medidas de prevención a mujeres que denuncian violencia familiar cuando son amenazadas con privarlas de la vida; y que el personal adscrito a las unidades de atención a mujeres cuente con perspectiva de género, interculturalidad y de derechos humanos. |
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