El jueves 31 de agosto de 2017, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares anunció que había iniciado formalmente el proceso de reestructuración de la deuda pública de la entidad.
Dijo que ya se habían publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado las fechas en las que se mantendrían reuniones con los bancos interesados en adquirir dicha deuda. También, cuándo se lanzaría la licitación abierta y cuándo se darían a conocer los resultados.
Del cuatro al 11 de septiembre (del mismo 2017) se llevarían a cabo reuniones con los bancos interesados en participar; el 12 de septiembre se pondrían a disposición las bases de la licitación; el 24 de octubre se recibirían en sobre cerrado las ofertas de los bancos y el 26 de octubre se emitiría el fallo para finalmente, en noviembre y diciembre, firmar los contratos.
Para darle más colorido a su mensaje, el gobernador precisó que la deuda pública de Veracruz ascendía a 46 mil millones de pesos, tres veces más que el presupuesto de egresos de Colima o Tlaxcala. Una barbaridad de dinero.
Pero…
Tres misivas de la Sefiplan cuyas copias están en manos de quien esto escribe, hacen ver que al parecer todo fue puro cuento del señor gobernador.
Resulta que un particular solicitó al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), datos sobre las empresas reestructuradoras. El IVAI acudió a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Finanzas y Planeación, cuya titular Belén Talía Aguirre Benítez, contestó en una misiva fechada el pasado18 de septiembre.
“Estimado solicitante: Me refiero a la solicitud de información presentada por medio del sistema Infomex Veracruz el día 17 de agosto del 2018, registrada con el número de folio 01798618 mediante la cual se lee lo siguiente: ‘Solicito copia de los contratos de las firmas consultoras que están relacionadas con la reestructuración de la deuda Pública en el Estado de Veracruz en el 2017’.
“Informo a Usted que se procedió a realizar una búsqueda minuciosa, exhaustiva y razonable de la información peticionada en los archivos de la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Finanzas y Administración, pues de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, es el área que quizá pudiera poseer información referente a lo solicitado.
“En esta inteligencia y en atención al Principio de Máxima Publicidad, me permito adjuntar a esta comunicación el oficio: SFA/2048/2018 de fecha 18 de septiembre de 2018 suscrito por el Mtro. Bernardo Segura Molina, Subsecretario de Finanzas y Administración y oficio anexo DGA3397/2018 de fecha 18 de septiembre de 2018, suscrito por el C.P. Fernando Martínez Villicaña, Director General de Administración de la Subsecretaría de Finanzas y Administración. Documentales con los cuales se da respuesta a su solicitud de información”.
En el oficio que Bernardo Segura le envía a Belén Talía Aguirre le manifiesta en su parte medular:
“Me permito adjuntar en original el Oficio No. DGA/3397/2018 remitido por el C.P Fernando Martínez Villicaña, Director General de Administración de esta Secretaría mediante el cual, emite respuesta a la solicitud antes mencionada”.
La respuesta de Martínez Villicaña a Bernardo Segura puede convertirse en una bomba que podría estallar en la cara de Miguel Ángel Yunes Linares:
“En referencia al oficio número UT/1110/2018 signado por la Lic. Belén Talía Aguirre Benítez, jefa de la Unidad de Transparencia, mediante el cual requiere información para atender la solicitud de acceso a la información pública registrada en el folio 01798618 en el Sistema INFOMEX-Veracruz.
“Sobre el particular, me permito informarle por conducto de la Dirección General de Administración, durante el año 2017, NO SE TIENE SUSCRITO NINGÚN CONTRATO O CONVENIO CON ALGUNA FIRMA CONSULTORA”.
Hasta ahí con las tres misivas.
¿Entonces qué? ¿Se siguieron o no las gestiones conducentes para la restructuración de la deuda?
De acuerdo con la Sefiplan, no.
Si el gobierno de Yunes no promovió una licitación ¿con quién pactó la reestructuración?
Si no hubo licitación, si todo se hizo por las pistolas del gobernador, el brete en el que se estaría metiendo será de proporciones mayúsculas porque estaríamos hablando de que no se siguieron los protocolos que establece la restructuración de toda deuda pública.
En su último Informe de Gobierno el próximo 15 de noviembre, Yunes Linares deberá dar a conocer ante la Legislatura local cuáles son los nombres de las empresas reestructuradoras, dónde tienen sus oficinas, por qué la Sefiplan no tiene ningún documento de firma consultora alguna y además, si en realidad hubo o no hubo licitación. De no hacerlo ¡aguas!
Y sí, aguas, porque a partir del 5 de noviembre la Legislatura será mayoritariamente de Morena y de ninguna manera se plegará a sus caprichos y componendas.
O Yunes Linares aclara a satisfacción todo lo referente a la mentada reestructuración, o el mundo se le vendrá encima después del 1 de diciembre. bernardogup@hotmail.com |
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