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| 2018-05-23 /
13:49:17 |
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| Reformando el Sistema Nacional Anticorrupción |
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Hasta ahora, de la observación del poco más del año de los trabajos del naciente Sistema
Nacional Anticorrupción, las noticias no han sido buenas. Por ello, no resulta una sorpresa
cuand
Ricardo Anaya ofrece crear un nuevo sistema de fiscalización de dinero en la política el cual,
a través de acciones de inteligencia financiera para detectar recursos de procedencia ilícita
y rebase de topes de campaña; también propone reformar el artículo 102 de la constitución
para crear dos Fiscalías, una general y otra anticorrupción, totalmente independientes del
poder político. También ha hablado sobre la pertinencia de eliminar el uso de dinero en
efectivo en los tres ámbitos de gobierno para que los pagos se realicen a través del sistema
financiero. Además, a través del uso de tecnologías de información, ofrece crear una
plataforma nacional virtual, donde la ciudadanía podrá revisar en tiempo real el destino de
los recursos públicos.
Por su parte José Antonio Meade presentó, junto con los líderes de los tres partidos que
integran la coalición que lo postula una iniciativa de reformas legales con tres elementos
centrales: la recuperación de los haberes, propiedades y bienes de los corruptos para
financiar un Fondo nacional de becas para niños y mujeres; aumento de sanciones y
establecer la obligatoriedad de la certificación patrimonial para altos funcionarios Meade
también ha propuesto la llamada declaración 7 de 7, que suma a la conocida 3 de 3
(patrimonial, intereses y fiscal): la opinión técnica de un contador público sobre la situación
de ingresos y gastos, una consulta a las oficinas del registro público de la propiedad de los
estados para verificar propiedades, un informe fiscal del SAT y el dictamen de un notario
público dando fe sobre todos los documentos presentados.
De López Obrador ya sabemos que su principal propuesta radica en el ejemplo. Esto no es
menor considerando el poder carismático, en el sentido weberiano del término, que todavía
guarda la institución presidencial en México, pero no será suficiente. Pocos dudan que el
declive de la estrella de Peña comenzó con su reconocimiento de la corrupción como
problema cultural, que pareció marcar un banderazo de inicio a los escándalos de
corrupción que lo han perseguido hasta el final de su periodo de gobierno. Aunque la
posición de López sobre el sistema anticorrupción no es clara, su cercanía con varios
intelectuales que impulsaron esta figura, permite prever su continuidad en caso de una
victoria en los comicios de julio. López también propuso ya a tres ternas de reconocidos
juristas para integrar las fiscalías General, Anticorrupción y de Atención a Delitos
Electorales.
Además de las propuestas realizadas en la arena electoral, existen alternativas para reforzar
el entramado legal y operativo del combate a la corrupción. Una de ellas sería elevar los
delitos por hechos de corrupción a la categoría de delitos graves, reformando el artículo 19
de la Constitución, cuyo texto actual permite que los indiciados por dichos delitos puedan
enfrentar en libertad su proceso. Es decir, la legislación no considera, erróneamente, a los
delitos por hechos de corrupción como graves. Es preciso cambiar esto como parte del inicio
de una transformación de la cultura que prohíja esas prácticas en nuestro país. La
experiencia demuestra que la elevación de sanciones desalienta conductas lesivas.
Otro aspecto a resolver lo es el tortuguismo en la designación de piezas clave del sistema,
ya relatada líneas arriba, resoluble a partir de una reforma a las previsiones de
nombramiento de dichos funcionarios. En este sentido y a efecto de eliminar la incidencia
de las dirigencias de los partidos políticos en el nombramiento de integrantes del Sistema,
tales como el Fiscal Anticorrupción o los Magistrados integrantes del Tribunal de Justicia
Administrativa, la alternativa a considerar sería facultar al Comité de Selección que se usa
ahora para designar a los miembros del Comité de participación Ciudadana para efectuar
dichos nombramientos. Esto tendría que realizarse a través de un proceso de elección que
también involucre a las asociaciones de abogados y a la academia y que se desarrolle en las
mismas condiciones de transparencia usadas para la designación de los integrantes del
Comité de participación Ciudadana del Sistema.
Además, las potestades del Comité de Participación Ciudadana del sistema están
circunscritas a la coordinación entre las instancias integrantes del mismo, sin tener
preponderancia alguna, por ejemplo, en la generación de investigaciones o informes de
fiscalización específicos o individuales, por lo que la influencia operativa del comité se diluye
al ser un solo voto entre otros seis que al ser autoridades siempre favorecerán la visión
institucional sobre la ciudadana. Es necesario que el Comité de Participación Ciudadana
tenga facultades para ordenar investigaciones de hechos denunciados por medios de
comunicación o la propia ciudadanía. La inoperancia del Sistema ante hechos como la
denuncia mediática de la llamada Estafa Maestra es inadmisible.
Se ha propuesto también la inclusión de dos instituciones clave en el rubro hacendario: el
Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP,
dentro del Comité Coordinador del SNA, lo que permitirá dar un mejor seguimiento a la
evolución patrimonial de los funcionarios y atender de mejor manera las operaciones con
recursos de procedencia ilícita. Necesaria es también, la inclusión de al menos parte de los
más de 2400 municipios del país, que el año pasado ejercieron recursos federales que
rebasaron los 7,000 millones de pesos sólo en el Fondo de Apoyo Municipal, dentro de las
previsiones de los Sistemas Locales.
Como se puede observar, hay suficientes áreas de oportunidad para el crecimiento de las
facultades legales del Sistema nacional Anticorrupción y su fortalecimiento como instancia
donde la propia sociedad participa en el combate a esta deleznable práctica. Sin embargo,
habrá que reconocer que la actualidad electoral de nuestro país pospondrá estas reformas
hasta después de las definiciones políticas implícitas en toda competencia por los cargos
públicos, consustancial a los países democráticos como el nuestro.
Para asegurar, a lo largo del tiempo, la eficaz operatividad de las instituciones es
fundamental establecer espacios de evolución dentro de ellas que les permitan responder
a las necesidades de una sociedad cambiante y exigente de sus derechos. La importancia
del tema del combate a la corrupción para la sociedad del presente, demanda respuestas
creíbles de los poderes públicos a efecto de mantener niveles adecuados de gobernabilidad.
Por fortuna todas las fuerzas políticas reconocen esto, al menos en el discurso. |
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