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EUGENIO HERNÁNDEZ VELASCO
Eugenio Hernández Velasco
2018-05-23 / 13:49:17
Reformando el Sistema Nacional Anticorrupción
Hasta ahora, de la observación del poco más del año de los trabajos del naciente Sistema

Nacional Anticorrupción, las noticias no han sido buenas. Por ello, no resulta una sorpresa

cuand

Ricardo Anaya ofrece crear un nuevo sistema de fiscalización de dinero en la política el cual,

a través de acciones de inteligencia financiera para detectar recursos de procedencia ilícita

y rebase de topes de campaña; también propone reformar el artículo 102 de la constitución

para crear dos Fiscalías, una general y otra anticorrupción, totalmente independientes del

poder político. También ha hablado sobre la pertinencia de eliminar el uso de dinero en

efectivo en los tres ámbitos de gobierno para que los pagos se realicen a través del sistema

financiero. Además, a través del uso de tecnologías de información, ofrece crear una

plataforma nacional virtual, donde la ciudadanía podrá revisar en tiempo real el destino de

los recursos públicos.

Por su parte José Antonio Meade presentó, junto con los líderes de los tres partidos que

integran la coalición que lo postula una iniciativa de reformas legales con tres elementos

centrales: la recuperación de los haberes, propiedades y bienes de los corruptos para

financiar un Fondo nacional de becas para niños y mujeres; aumento de sanciones y

establecer la obligatoriedad de la certificación patrimonial para altos funcionarios Meade

también ha propuesto la llamada declaración 7 de 7, que suma a la conocida 3 de 3

(patrimonial, intereses y fiscal): la opinión técnica de un contador público sobre la situación

de ingresos y gastos, una consulta a las oficinas del registro público de la propiedad de los

estados para verificar propiedades, un informe fiscal del SAT y el dictamen de un notario

público dando fe sobre todos los documentos presentados.

De López Obrador ya sabemos que su principal propuesta radica en el ejemplo. Esto no es

menor considerando el poder carismático, en el sentido weberiano del término, que todavía

guarda la institución presidencial en México, pero no será suficiente. Pocos dudan que el

declive de la estrella de Peña comenzó con su reconocimiento de la corrupción como

problema cultural, que pareció marcar un banderazo de inicio a los escándalos de

corrupción que lo han perseguido hasta el final de su periodo de gobierno. Aunque la

posición de López sobre el sistema anticorrupción no es clara, su cercanía con varios

intelectuales que impulsaron esta figura, permite prever su continuidad en caso de una

victoria en los comicios de julio. López también propuso ya a tres ternas de reconocidos

juristas para integrar las fiscalías General, Anticorrupción y de Atención a Delitos

Electorales.

Además de las propuestas realizadas en la arena electoral, existen alternativas para reforzar

el entramado legal y operativo del combate a la corrupción. Una de ellas sería elevar los

delitos por hechos de corrupción a la categoría de delitos graves, reformando el artículo 19

de la Constitución, cuyo texto actual permite que los indiciados por dichos delitos puedan

enfrentar en libertad su proceso. Es decir, la legislación no considera, erróneamente, a los

delitos por hechos de corrupción como graves. Es preciso cambiar esto como parte del inicio

de una transformación de la cultura que prohíja esas prácticas en nuestro país. La

experiencia demuestra que la elevación de sanciones desalienta conductas lesivas.

Otro aspecto a resolver lo es el tortuguismo en la designación de piezas clave del sistema,

ya relatada líneas arriba, resoluble a partir de una reforma a las previsiones de

nombramiento de dichos funcionarios. En este sentido y a efecto de eliminar la incidencia

de las dirigencias de los partidos políticos en el nombramiento de integrantes del Sistema,

tales como el Fiscal Anticorrupción o los Magistrados integrantes del Tribunal de Justicia

Administrativa, la alternativa a considerar sería facultar al Comité de Selección que se usa

ahora para designar a los miembros del Comité de participación Ciudadana para efectuar

dichos nombramientos. Esto tendría que realizarse a través de un proceso de elección que

también involucre a las asociaciones de abogados y a la academia y que se desarrolle en las

mismas condiciones de transparencia usadas para la designación de los integrantes del

Comité de participación Ciudadana del Sistema.

Además, las potestades del Comité de Participación Ciudadana del sistema están

circunscritas a la coordinación entre las instancias integrantes del mismo, sin tener

preponderancia alguna, por ejemplo, en la generación de investigaciones o informes de

fiscalización específicos o individuales, por lo que la influencia operativa del comité se diluye

al ser un solo voto entre otros seis que al ser autoridades siempre favorecerán la visión

institucional sobre la ciudadana. Es necesario que el Comité de Participación Ciudadana

tenga facultades para ordenar investigaciones de hechos denunciados por medios de

comunicación o la propia ciudadanía. La inoperancia del Sistema ante hechos como la

denuncia mediática de la llamada Estafa Maestra es inadmisible.

Se ha propuesto también la inclusión de dos instituciones clave en el rubro hacendario: el

Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP,

dentro del Comité Coordinador del SNA, lo que permitirá dar un mejor seguimiento a la

evolución patrimonial de los funcionarios y atender de mejor manera las operaciones con

recursos de procedencia ilícita. Necesaria es también, la inclusión de al menos parte de los

más de 2400 municipios del país, que el año pasado ejercieron recursos federales que

rebasaron los 7,000 millones de pesos sólo en el Fondo de Apoyo Municipal, dentro de las

previsiones de los Sistemas Locales.

Como se puede observar, hay suficientes áreas de oportunidad para el crecimiento de las

facultades legales del Sistema nacional Anticorrupción y su fortalecimiento como instancia

donde la propia sociedad participa en el combate a esta deleznable práctica. Sin embargo,

habrá que reconocer que la actualidad electoral de nuestro país pospondrá estas reformas

hasta después de las definiciones políticas implícitas en toda competencia por los cargos

públicos, consustancial a los países democráticos como el nuestro.

Para asegurar, a lo largo del tiempo, la eficaz operatividad de las instituciones es

fundamental establecer espacios de evolución dentro de ellas que les permitan responder

a las necesidades de una sociedad cambiante y exigente de sus derechos. La importancia

del tema del combate a la corrupción para la sociedad del presente, demanda respuestas

creíbles de los poderes públicos a efecto de mantener niveles adecuados de gobernabilidad.

Por fortuna todas las fuerzas políticas reconocen esto, al menos en el discurso.

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