Crimen organizado ha pasado de ejercer un control indirecto sobre algunos aspectos de la vida comunitaria a imponer a las autoridades municipales: experta MEMORANDUM 1.-
Michoacán es reflejo del empoderamiento de cárteles que se expresa no sólo territorialmente y en la diversificación de la economía criminal, sino también en la creciente sofisticación tecnológica para sembrar terror con el uso de drones y narcominas, así como la incorporación cada vez a más temprana edad de los jóvenes a las bandas criminales, señala Lorena Cortés, especialista en criminología. Destaca que en esta ecuación hay un factor que no se ha considerado, pero fundamental en esta crisis desde 2014 y que se ha profundizado año tras año. “La clase política es parte del problema si queremos entender lo que está sucediendo en Michoacán. Hay una percepción de que hay un grupo del crimen organizado de cuello blanco del cual no se está hablando. Es parte de esta gobernanza criminal”, la cual, declara, ha trascendido a todos los partidos políticos. En el mejor de los casos, subraya la investigadora, se ha convertido en espectadora del crimen en la entidad. Por ello, permeó tanto la narrativa del alcalde de Uruapan asesinado, Carlos Manzo, porque estaba construida desde el dolor de las víctimas. Ha sido un largo periodo donde se ha bajado la guardia, abandonando las tareas de seguridad, mientras el crimen organizado se empoderó al percibir una omisión del Estado. Autora del libro Los hijos de la violencia y el narco en Michoacán, Cortés destaca que estas organizaciones “tienen el control no sólo para dejar hacer, sino para dejar pasar. Hay muchos testimonios de policías que tienen que pagar cuotas a mandos superiores y se les ve extorsionando. Es muy común ver a la Guardia Civil que detiene tráileres para extorsionar. Es la muestra de algo más complejo, de una corrupción generalizada, de la normalización de la gobernanza criminal.” Por eso, ahora es clara la fuerte presencia territorial en gran parte de las zonas rurales de la Tierra Caliente. Hay un despliegue de grupos criminales armados en la zona oriente, en Zitácuaro, en las colindancias con los estados de México, Guanajuato y Jalisco. En paralelo, hay que hablar de una realidad clara: la sofisticación de su forma de operación, pues han alcanzado una capacidad de fuego por encima de las que tienen las policías municipales e incluso la Guardia Civil (del estado), con el uso de drones artillados, bombas antipersonales, una serie de aparatos de guerra. Señala que “El crimen organizado ha pasado de ejercer un control indirecto sobre algunos aspectos de la vida comunitaria a imponer directamente a las autoridades municipales. Los alcaldes, originalmente electos para proteger a sus comunidades, se ven forzados a trabajar bajo las órdenes de estos grupos”. Frente a este escenario, la investigadora se pregunta: si hay una gran presencia militar y de fuerzas federales, ¿por qué ha habido tanta ineficacia en su actuación? “Tenemos una participación del Ejército que tiene un aparato de inteligencia y un despliegue como nunca antes. Saben cuáles son esos objetivos criminales. Lo dijo muchas veces el alcalde Manzo. Por eso hay varias dudas y explicaciones que debe el gobierno federal.” Cortés alerta sobre la captación de jóvenes en las filas del crimen organizado a edades cada vez más tempranas. Hay casos en que los incorporan desde los 11 años para sumarlos a sus filas en tareas elementales: el halconeo. En su investigación revela: “el sicariato juvenil no sólo evidencia una crisis de violencia, sino una estructura que ha normalizado el uso de jóvenes como instrumentos de terror en un sistema que prioriza la brutalidad sobre el desarrollo humano”. Señala que como parte de las entrevistas que realizó en penales a varios jóvenes, hubo uno de ellos que reivindicaba, casi con orgullo, su participación en el descuartizamiento de cuerpos con motosierra. Era su participación en esta espiral del horror en Michoacán.
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Afirma HR Raitings que el Gobierno de Veracruz logró el pago anticipado de dos créditos con Banobras, por mil 274 mdp MEMORANDUM 2.- Aunque solo es una parte del adeudo total del estado, la empresa calificadora HR Raitings informó que el Gobierno de Veracruz, a cargo de Rocío Nahle García, logró el pago anticipado de dos créditos con Banobras, por un monto de mil 274 millones de pesos. A través de un comunicado, la empresa precisó que el pasado 17 de septiembre el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación pagó un crédito por mil 74 millones 400 mil pesos. El segundo crédito saldado fue el 26 de septiembre, en este caso por un monto de 199.6 millones de pesos. Ambos créditos, estaban contratados con Banobras, por parte del gobierno de Javier Duarte de Ochoa para pagar otra deuda de su antecesor Fidel Herrera Beltrán. Refirió que luego ambos créditos fueron reestructurados, tanto por el gobierno del panista –y ahora aliado de Morena - Miguel Ángel Yunes Linares como el del morenista Cuitláhuac García Jiménez – el peor gobernador de la historia de Veracruz - y ahora en septiembre pasado fueron liquidados por la presente administración estatal. Al realizarse tal pago, HR Raitings llevó a cabo el retiro de la calificación para dos créditos bancarios estructurados contratados por el Estado de Veracruz. “Se debe a la amortización total anticipada y voluntaria de los financiamientos. Para el caso del financiamiento de Banobras por un monto de P$1,074.4 millones (m), la liquidación anticipada se llevó a cabo el 17 de septiembre de 2025, mientras que, para el caso de Banobras por un monto de P$199.6m se realizó el 26 de septiembre de 2025”, señala el comunicado oficial. La liquidación fue corroborada por HR Ratings mediante las constancias de no adeudo, emitidas por Banobras y proporcionadas por el Estado.
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Organizaciones piden a la SCJN garantizar presupuesto para víctimas, será prueba clave para nueva integración de la Corte MEMORANDUM 3.-De cara a la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad de la reforma a la Ley General de Víctimas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), junto con Fundar, Centro de Análisis e Investigación, hicieron un llamado para poner al centro a las víctimas y garantizar la protección efectiva de sus derechos, exigiendo que se restablezca un recurso fijo, etiquetado e irreductible. Este 18 de noviembre, la Corte discutirá un proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad a cargo del Ministro Giovanni Figueroa Mejía, con el que “tiene en sus manos la oportunidad de asegurar la protección efectiva de los derechos de miles de víctimas en México, exigiendo que se restablezca un presupuesto fijo, etiquetado e irreductible”, señalaron en un comunicado. El mínimo presupuestal debe garantizarse mediante los instrumentos legales disponibles y debe etiquetarse específicamente para ayuda, atención y reparación, garantizando que no se destine para otros fines, afirmaron. En 2020, con la reforma a la Ley General de Víctimas (LGV) se eliminó el mínimo presupuestal para la ayuda, asistencia y reparación a víctimas, un derecho previamente conquistado. Previo a esta reforma, en su Artículo 132, fracción I, se incluía la garantía de un recurso mínimo, el cual no podía ser menor del 0.014 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del año inmediato anterior. Derivado de lo anterior, el Centro Prodh promovió una demanda de amparo en enero de 2021, en tanto se trataba de una medida regresiva a los derechos de las víctimas. Así, la Primera Sala de la SCJN, en sesión del 13 de marzo de 2024, resolvió por unanimidad el Amparo en Revisión 675/2022, en cuya sentencia declaró que la eliminación de la mencionada garantía presupuestaria en favor de las víctimas constituye una medida regresiva injustificada y violatoria del principio de progresividad, en relación con el derecho humano a una reparación integral del daño. En este caso, debido a que el Congreso de la Unión no hizo los cambios necesarios para revertir esta medida regresiva, “la SCJN tiene en sus manos, al discutir el proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad, la oportunidad de garantizar los derechos de las víctimas, estableciendo efectos claros y obligatorios, a decir”. El organismo defensor de derechos humanos subrayó que la eliminación de esta garantía ha tenido un impacto directo y negativo en la capacidad del Estado para atender a las víctimas y que afectó el presupuesto asignado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). En el escrito, las organizaciones enfatizaron que la decisión que tiene en puerta el máximo tribunal es central para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral, particularmente ante un contexto donde la violencia continúa en niveles alarmantes y el número de víctimas continúa incrementando, y en el que el Estado no ha logrado consolidar una política de atención digna y adecuada y donde el Sistema Nacional de Víctimas ha sido totalmente olvidado.
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