Se tambalea registro de las organizaciones México Tiene Vida y Que Siga la Democracia, INE encontró irregularidades MEMORANDUM 1.- Las organizaciones México Tiene Vida y Que Siga la Democracia están en riesgo de no obtener registro como partido político, por irregularidades en ingresos y gastos acorde con las investigaciones y sugerencias de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE). El reporte de esta materia será votado por el Consejo General el próximo 19 de junio; asimismo, el resto de diagnósticos relativos a asambleas, afiliados y asuntos jurídicos irán a la Comisión de Prerrogativas el 24 de junio; finalmente, un día después se dirá si algún grupo consigue el registro partidista así como el correspondiente financiamiento público millonario. Por lo pronto, el informe de la UTF es claro en cuanto a las posibles consecuencias que deberían aplicar los consejeros, por la “gravedad” de ciertas conductas y/o por el número de irregularidades. La UTF dice que este contexto debería ser tomado en cuenta “para posiblemente negar el registro en su momento, principalmente en la organización Que Siga la Democracia”, la cual acumula 88 por ciento de las sanciones. En un comunicado, el INE para subrayar que “no evalúa ideologías, plataformas políticas o posiciones partidistas. Su función consiste exclusivamente en verificar que las organizaciones cumplan los requisitos establecidos por la Constitución y las leyes electorales”. Este largo proceso se inició en enero de 2025, cuando casi 90 organizaciones manifestaron su intención de formar un partido político. Al final, sólo cuatro cumplieron con los requisitos básicos preliminares: Construyendo Sociedades de Paz, para formar el partido PAZ; Personas Sumando en 2025, cuyo objetivo es crear Somos México, así como las dos previamente citadas que llevarían ese mismo nombre. El dictamen de la UTF concluyó que las cuatro, en conjunto, merecían sanciones por 7 millones 861 mil 532 pesos; sin embargo, en el primer filtro de la Comisión de Fiscalización, integrada por consejeros, esta suma fue ajustada a 5 millones 47 mil 854 pesos. La más sancionada es México tiene Vida, con 2.5 millones; luego Que siga la Democracia, con 1.5 millones; en tercer lugar, Construyendo Sociedades de Paz, con 597 mil pesos, y en cuarto, Personas Sumando, con 327 mil pesos. Más allá de las cifras, resaltan las consecuencias de las faltas, pues según datos recabados, México tiene Vida, grupo conservador surgido en Nuevo León, recibió recursos en efectivo de un ente prohibido por al menos 779 mil pesos, conducta calificada de grave por los auditores del INE, de ahí que además de la multa sugiere tomar en cuenta el dato al decidir si se le otorga el registro. Una persona dio a esa organización 2 millones de pesos en efectivo, pero los especialistas de la UTF no pudieron localizarla. La unidad advirtió otras irregularidades como: “no existe certeza plena de que los recursos efectivamente formaran parte del patrimonio de las personas aportantes”. Es más, ni siquiera localizaron a las personas y, al contrario, se encontraron con datos y direcciones posiblemente falsos; además, los reportes recibidos tienen casi igual redacción, estructura y contenido, y los informes financieros sólo eran carátulas de estados de cuenta, insuficientes para seguir la pista del dinero.
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Indocumentados pierden la fe de entrar a EU y se quedan en Ciudad Juárez donde son extorsionados hasta por autoridades MEMORANDUM 2.- Ante endurecimiento de políticas migratorias de Donald Trump miles de indocumentados perdieron la esperanza de entrar a Estados Unidos y se quedaron en Ciudad Juárez. Es un proceso que enfrentan con nuevos obstáculos: no tienen documentos para solicitar empleo formal, registrar a sus hijos en las escuelas o ser atendidos en los centros de salud del estado, donde además sufren discriminación. Sin embargo, con frecuencia se ve en las calles de esta urbe a indocumentados que han obtenido trabajo como repartidores de aplicación en motocicleta. No sólo han sufrido accidentes de tránsito, también la extorsión de policías municipales, que dependen del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, surgido de Morena. “Andan detrás de ellos como zopilotes para quitarles el dinero. Son repartidores, porque ¿dónde más pueden entrar a trabajar? Y los policías los andan cazando, literalmente”, lamenta Cristina Coronado, coordinadora del Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano, que atiende diariamente en la Catedral a 800 extranjeros –incluidos niños– con comida, atención médica y despensas. El ministerio cuenta con dos programas fundamentales: uno económico, dedicado a mujeres para que aprendan a bordar, y otro de servicio médico y mental. La doctora Leticia Chavarría, quien tiene a su cargo la atención de salud, detalla: “hay gente que viene muy lastimada y requiere más sesiones de terapia. La mayoría ha sufrido procesos de violencia en sus países de origen, pero sobre todo en el trayecto. Hay quienes salen huyendo por amenazas de los grupos delincuenciales o porque fueron violentados por el mismo Estado”, destaca. El servicio incluye terapia para asimilar que después del difícil trayecto de meses, no podrán entrar al país vecino y asumir que tampoco podrán regresar y tendrán que quedarse en Juárez. Héctor Padilla Delgado, ex delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua y profesor investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), explica que no hay una estrategia de gobierno para atender a los indocumentados, a diferencia del proceso que se dio a partir de 2018, con el arribo de las caravanas, cuando incluso los empresarios se involucraron en la ayuda. “Hoy el tema de la presencia de migrantes tiene que ver no tanto con el flujo, sino con necesidades de atención inmediata, humanitaria, diseñada para una espera más prolongada”, ante la expectativa de un eventual cambio en la política de Trump. Por lo pronto, explica, quienes no pudieron ingresar a Texas han redefinido su proyecto de movilidad. “De la gente que estaba de paso, alguna encuentra empleo y se queda, y esto tiene una implicación directa para sus familias y amigos, porque se difunde la idea de ‘acá no es Estados Unidos, pero te puedes quedar’. Y esto influye en posteriores procesos de llegada.” Refiere que no sólo continúa el arribo de migrantes de Centro y Sudamérica, también de mexicanos que regresan de Estados Unidos de forma voluntaria o fueron expulsados. Cita que según datos oficiales de la Patrulla Fronteriza, entre octubre de 2018 y marzo de 2019, esa corporación detuvo a más de 25 mil 700 familias en El Paso, con una aprehensión de 530 personas al día. Cristina Coronado define que los migrantes expulsados o que no pudieron ingresar Estados Unidos se asentaron en Ciudad Juárez, y compara este fenómeno como “lo que queda en un colador”. Insiste en que el ministerio reforzó sus programas y abrió otros –como el de bordado– para acompañarlos y atender su integración “en una ciudad violenta, desordenada, con políticos peleándose por el poder, la mafia dominando... es tremendo, porque los migrantes están expuestos a todos estos abusos, y entre 2023 y 2025 se dispararon los secuestros. Era una locura”.
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Desapariciones y casos de tortura se incrementan en Chihuahua; todo recrudeció desde el sexenio de Calderón, indica organización MEMORANDUM 3.- La desaparición de personas en Chihuahua “es una herida abierta que ha tocado a miles de familias”, mientras la tortura continúa como “una práctica sistemática y generalizada” en la entidad; son delitos que aumentan en Ciudad Juárez muy por arriba de los casos ocurridos en la capital y el municipio de Cuauhtémoc, documentó el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte en un libro recién publicado para conmemorar su fundación. Con motivo de los 25 años de su fundación, que se cumplieron en septiembre de 2025, el organismo presentó En medio del desierto: un camino compartido, en la Feria del Libro de la Frontera –realizada la última semana de mayo en esta ciudad–, donde detalla que las policías municipales de la entidad son las más señaladas por casos de tortura. Indica: “El comportamiento de los datos sugiere que aunque la militarización influyó en el incremento de la tortura, su práctica se arraigó en dinámicas cotidianas de corporaciones policiales y ministeriales”. En entrevista con La Jornada, el sacerdote Óscar Enríquez Pérez, fundador del centro, hace un balance: “Ciudad Juárez, dentro de su complejidad, ha mantenido una dinámica muy violenta. Sigue habiendo desapariciones forzadas, homicidios dolosos y algunos secuestros también”. Esto es, desde que creó esta organización –en 2001– hasta ahora, la situación de violaciones a las garantías fundamentales en esta urbe fronteriza “no ha mejorado. Creo que se mantiene más o menos la misma situación social que había en aquel tiempo”. Evalúa que la presencia de militares –que se recrudeció con el Operativo Conjunto Chihuahua en 2008, en el sexenio de Felipe Calderón– “provoca muchas violencias, por un lado, y por otro hay presencia del crimen organizado muy fuerte en la ciudad, además del involucramiento de los cuerpos policiacos con el crimen. Todo eso es causante de que haya tantos asesinatos en Juárez”. La violencia recrudeció entre 2007 y 2011: “se desató como una tormenta inesperada. Llegaron muchísimas quejas de personas torturadas, secuestradas, extorsionadas y amenazadas por el crimen organizado o el Ejército. Incluso recibimos denuncias de ejecuciones extrajudiciales”, subraya. Respecto a las desapariciones, en el libro se detalla que si bien han cambiado el contexto y las dinámicas de este fenómeno, el resultado se mantiene: personas no localizadas y familiares que emprenden su búsqueda por sus propios medios, mientras enfrentan la falta de respuestas institucionales. Sobre los casos de tortura, cita que entre 2006 y 2025, la FGE ha reportado 2 mil 209 carpetas de investigación por ese delito, de las cuales mil 504 están en Ciudad Juárez, 572 en la capital del estado, 35 en Cuauhtémoc y 19 en Parral. Destaca que el número de carpetas comenzó a incrementarse a partir de 2011 y alcanzó su punto más alto en 2018, con 324, de las cuales 239 se concentraron en Juárez. Del total, mil 537 permanecen en investigación, 409 han sido archivadas y en 153 no se ejerció acción penal por distintos motivos. “Estas cifras reflejan la dimensión del problema y su carácter estructural: no se trata de hechos aislados ni de conductas individuales, sino de una práctica que ha persistido a lo largo de distintas administraciones”, subraya. En la época de la guerra de Calderón contra el narco, el discurso oficial dio prioridad a resultados inmediatos, esto es, detenciones, desarticulación de grupos delictivos y reducción de delitos, lo cual generó “presiones institucionales que derivaron en incentivos para fabricar culpables, obtener confesiones rápidas y cerrar casos con rapidez para presentarlos así ante la opinión pública”. Esto es, concluye, la tortura operó como mecanismo funcional dentro de la lógica de seguridad y la violencia ejercida por agentes del estado se utilizó para producir pruebas, sostener versiones oficiales y alimentar indicadores de desempeño. Enríquez Pérez, quien cumplió 84 años en diciembre pasado, recuerda que el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte se abrió con tres raíces: la realidad de Ciudad Juárez como frontera muy violenta; la participación de sacerdotes, religiosas y laicos que trabajaron en el marco de la Teología de la Liberación, solidarios con la problemática de la urbe fronteriza, y “el momento inspirador”: una mujer que pidió ayuda para su hijo torturado por militares en el aeropuerto. “En 2001 formamos el centro y los feminicidios comenzaron en 1993, y continuaron en 2003, es decir, la decena trágica de más de 400 mujeres asesinadas y encontradas tiradas en las periferias de la ciudad”, recuerda. La inseguridad continúa y el sacerdote explica: “siempre he creído que la militarización provoca muchas violencias; hay presencia muy fuerte del crimen organizado y cuerpos policiacos involucrados. Todo es causante de que haya tanto asesinado en la ciudad”. Sobre el operativo para desmantelar un narcolaboratorio, en el que participaron cuatro agentes de la CIA en abril pasado, de los cuales dos murieron en un accidente, apuntó: “creo que debe haber una investigación del gobierno federal a fondo y realmente tratar de saber lo que sucedió, y que se sancione de acuerdo a la Constitución”.
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