Reforma a Ley de Amparo divide a Morena, a algunos les urge pasarla en fast track, como quiere Sheinbaum MEMORANDUM 1.- La propuesta de reforma a la Ley de Amparo impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum provocó tensiones al interior de Morena en el Senado, debido al choque entre los senadores Adán Augusto López y Javier Corral Jurado sobre cómo debe llevarse a cabo su discusión. Este jueves, la bancada de Morena en el senado metió reversa y canceló la posibilidad de que se lleve a cabo un parlamento abierto para analizar la reforma en materia de amparo, que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, con lo cual se perfila un “fast track” a fin de que esta iniciativa sea aprobada la última semana de septiembre o la primera de octubre. Un día antes, Javier Corral, propuso que la reforma a la Ley de Amparo sea discutida con especialistas y abierta a la participación de la sociedad civil, pero después y -según revelaron algunos senadores de Morena-por instrucciones del ejecutivo federal, se decidió cancelar esa posibilidad para agilizar el proceso legislativo. Al respecto, el coordinador de la mayoría, Adán Augusto López Hernández, confirmó que urge esta reforma y no hay tiempo para dicho parlamento abierto. “No va a haber parlamento abierto, nunca ha habido, de parte de nosotros, una propuesta de Parlamento Abierto. Nosotros vamos, primero en comisiones y después en el Pleno, desde luego, a analizar la iniciativa propuesta y en su momento a votarla”, reviró. Adán Augusto aseveró que lo más importante se voten ya las reformas a la Ley de Amparo, pues no pueden dejar que se los “coman los tiempos” por lo cual anunció que la próxima semana se discutirá en comisiones y estimó que para la última semana de septiembre o la primera semana de octubre se apruebe. Pese a los cuestionamientos y reclamos de la oposición, López Hernández defendió que esta iniciativa de Amparo “está perfectamente condensada, adaptada a los nuevos tiempos del sistema judicial”. Mientras que Corral insistió en la posibilidad de que pueda crearse un mecanismo de consulta especializado y adelantó que, de ser necesario, consultará la idea con la presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy. “Yo lo que digo es que debe haber un mecanismo de consulta (...) y yo creo que lo podemos convenir con la Junta de Coordinación Política. Nosotros lo vamos a impulsar, pero yo soy (solo) una voz en el grupo parlamentario de Morena”, expresó el senador. La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca reformar de fondo la Ley de Amparo, una herramienta legal clave para la defensa de los derechos humanos frente a actos de autoridad. La propuesta plantea endurecer requisitos para presentar amparos, limitar las suspensiones provisionales y acortar los plazos de resolución judicial, lo que ha generado inquietudes entre especialistas y organizaciones civiles. Uno de los principales cambios es la redefinición del concepto de “interés legítimo”, que ahora deberá ser una afectación “real, actual y diferenciada” del resto de las personas. En otras palabras, ya no bastará con demostrar que una norma afecta a la colectividad; el quejoso deberá probar que su caso es particular y directo. Esto podría complicar que colectivos o activistas presenten amparos contra leyes que violan derechos humanos de forma generalizada. Además, la iniciativa plantea restringir las suspensiones provisionales, mecanismo que permite detener temporalmente actos de autoridad mientras se resuelve el juicio. Con la reforma, los jueces deberán evaluar más estrictamente si conceden estas suspensiones, dando prioridad al “interés público” y al “orden social”.
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Investigación de huachicol fiscal había empezado hace dos años, según la FGE; Sheinbaum se lava las manos y dice que le pregunten al fiscal MEMORANDUM 2.- El caso de huachicol fiscal no se investiga por presión de Estados Unidos, “falso”, señala la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró que “vienen otras detenciones”, aunque no da mucha información porque es asunto del fiscal, ya se lavó las manos, otra vez. De acuerdo con la mandataria federal, el tema no se abordó en la reunión que tuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Palacio Nacional. En conferencia de prensa, externó: “En el acuerdo que tenemos, en este entendimiento, viene el tema de combatir conjuntamente el tráfico ilegal de combustible, pero en particular sobre un tema específico, no”. Sheinbaum Pardo reiteró que la investigación surge a partir de marzo, cuando se detectó un buque con importación ilegal de diesel proveniente de Estados Unidos. “Se da seguimiento y se llega a una bodega e inician las investigaciones de qué empresas están involucradas, cómo fue que sale (el buque) de Estados Unidos, quienes participaron en el pedimento de este buque tanque de combustible”. Y la Marina, continúo, solicita a la Fiscalía General de la República una investigación “porque se dan cuenta que hay algunos elementos de la Marina involucrados y empresarios involucrados. La investigación continúa”. Se encontró también, añadió, “una serie de carros tanque que venían en Ferrocarril y que también tenían permisos que no correspondían” a lo que transportaban y ahí inicia también una investigación”. A su vez l fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que la investigación había empezado hace dos años, cuando el ex secretario de la Marina, Rafael Ojeda, había denunciado a sus propios sobrinos -se le comentó. “Sí, probablemente, eso lo tiene que explicar el fiscal, no soy la fiscalía. Pues se juntan las investigaciones, eso ocurre normalmente en las fiscalías -respondió la mandataria”. “Si se abre una investigación por contrabando de combustible o huachicol fiscal, la fiscalía junta las investigaciones y a partir de ahí vienen las detenciones y otras detenciones que tienen que venir hacia adelante”. Y encuentran, añadió, la participación de elementos de Marina y de empresarios, “que son los que se estaban beneficiando de esta venta ilegal de combustible”.
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Considerarán experiencia de elección judicial para reforma electoral, pero confían en que se superarán todos los errores que se cometieron, que son muchos MEMORANDUM 3.- La Comisión Presidencial se reunió el jueves con las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para exponer sus perspectivas y dialogar sobre “la construcción” de la reforma electoral. Más tarde el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, expuso que luego de la elección judicial se debe asumir las enseñanzas que dejaron los comicios y “tomarlas en cuenta para proponer la modificación de leyes”. Confió en que se superarán “todos los errores que se cometieron o todas las cosas que no están bien hechas por algún motivo en la ley”, pero apuntó que la complejidad de la elección seguirá siendo la alta cantidad de puestos a elegir. Consultado sobre la posibilidad de diferir las elecciones judiciales de 2027 para que no se empalmen con las elecciones intermedias, indicó que se deberá analizar, pero no es tema que esté cerrado y “al contrario, estamos abriéndolo…. existe cualquier posibilidad mientras no estamos todavía definiendo nada. Todo lo vamos a estudiar”. La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, aseveró que hubo una “absoluta disposición” de los integrantes de la Comisión, con quienes coincidieron en los retos que dejó el pasado proceso electoral judicial. “Identificamos, por supuesto, áreas de oportunidad que tendrán que ser atendidas en esta reforma. Hay que ver esta reforma como una oportunidad, como una oportunidad para México, para nuestro sistema electoral y, por supuesto, para fortalecer la esencia de la democracia, que es el poder de la ciudadanía a través del voto”, agregó. Además, recalcó que en el Tribunal Electoral tuvieron que “hacer un esfuerzo de interpretación para poder aterrizar en el marco de la Constitución y de las leyes que nos obligan lo que fue la reforma judicial”. Al encuentro acudió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien es parte de esta Comisión. Asistieron seis de los siete integrantes de la Sala Superior, con excepción del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Luego de poco más de hora y media de reunión en la sede de Gobernación, Pablo Gómez fue consultado en entrevista sobre las constantes referencias que han hecho los magistrados electorales, entre las que han expuesto contradicciones en las metodologías para validar las candidaturas en el proceso electoral judicial, y temas que no fueron previstos en la reciente legislación. Al respecto, indicó que “obviamente que hay que hacer la revisión completa de las leyes. Y esto abarca también la elección de los jueces, magistrados y de ministros. Y este es un proceso nuevo del cual se derivan muchas enseñanzas. Y esas enseñanzas tenemos que asumirlas, tomarlas en cuenta para proponer la modificación de leyes”. Acotó que “no podemos garantizar que todos los puntos se vayan a corregir. Muchos de ellos no dependen de lo que dice la ley, sino también de ciertas prácticas administrativas que en su momento tendrán que ser superadas. Es complejo el procedimiento de elección de jueces, no en sí mismo, sino por la gran cantidad de puestos que hay que elegir al mismo tiempo. Entonces, hemos ido a la mitad solamente del poder judicial, de la federación y de los poderes locales, y ahora falta la otra mitad. Y eso va a ser, obviamente, pues, un nuevo esfuerzo, y yo creo que todos los errores que se cometieron o todas las cosas que no están bien hechas por algún motivo en la ley serán superadas. El problema está en que la complejidad de la elección va a seguir siendo muy alta por la enorme cantidad de puestos”. El presidente de esta Comisión presidencial detalló que entre los temas que les interesa dialogar con los magistrados se encuentra el fortalecer el sistema probatorio en materia electoral, así como los casos de actos anticipados de campaña. Añadió que “los actos anticipados de campaña tienen que ser vigilados por la autoridad. Y eso seguirá. La forma de regularlo es lo que tiene que ser discutido… no se puede permitir que una fuerza política empiece una campaña un año antes que las demás, violando la ley”. También reveló que en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que encabezó anteriormente, hay denuncias e indagatorias en proceso de los movimientos en efectivo de cuentas hechas por candidatos o personas allegadas a ellos.
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