Contralmirante acusado de huachicol fiscal frena orden de arresto en su contra; de todas formas ya se escapó; Piden que Rafael Ojeda diga si AMLO estaba informado MEMORANDUM 1.- El contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, obtuvo una suspensión que frena por momento su captura, ya que autoridades lo acusan de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de Hidrocarburos, al presuntamente encabezar una red de corrupción relacionada con huachicol fiscal. Aunque ya se encuentra prófugo de la justicia. El marino promovió el recurso el pasado 29 de agosto ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en Ciudad de México, 10 días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó el expediente. Reclamó la orden de captura y ejecución que haya librado un juez de control, así como la negativa de acceso a la carpeta de investigación. Aunque también había reclamado actos de incomunicación, tortura (física y psicológica), golpes y/o malos tratos (inhumanos y degradantes), falta de atención médica, orden de detención ejecutándose, negativa de acceso a la carpeta de investigación, así como la negativa de acceso a su abogado para su adecuada defensa, el quejoso decidió no ratificarlas. Al respecto, el secretario en funciones de juez, José Alberto Rodríguez Rivera, le concedió la medida cautelar y le fijó el pago de una garantía de 49 mil pesos para que sería efectos dicha suspensión. "La medida cautelar concedida respecto de los actos reclamados, surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte promovente no cumple con comparecer físicamente ante la autoridad responsable dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación de este proveído". De acuerdo con los estrados judiciales el juzgado de amparo también concedió la suspensión provisional para que la FGR le dé acceso a la carpeta de investigación y a los datos de prueba que tiene en su contra para garantizarle una adecuada defensa. El martes, el juez federal Mario Martínez Elizondo vinculó a proceso a nueve integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y cinco civiles involucrados -13 de ellos detenidos y encarcelados- por participar en la red de corrupción que posibilitó que 32 barcos contrabandearan a México millones de litros de combustible procedente de Estados Unidos. Además, confirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los 13 detenidos -ya que una mujer identificada como Perla Elizabeth, una verificadora de mercancías en la Aduana de Tampico, Tamaulipas-, permanecerá en prisión domiciliaria debido a que está embarazada, mientras dos mujeres más continuarán encarceladas en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, en Morelos, y los hombres en el Cefereso número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. El miércoles, la senadora Xóchitl Gálvez exigió que el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, aclare si el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba al tanto de la presunta red de contrabando de huachicol dentro de la Secretaría de Marina. “Es imposible pensar que el secretario de Marina no haya informado al titular del Ejecutivo sobre la denuncia que había hecho a la Fiscalía en torno al huachicol fiscal”, denunció la excandidata presidencial en un artículo. El reclamo de la panista surge tras revelarse que sobrinos del exsecretario de Marina son investigados por su presunta participación en el robo y contrabando de combustible, por lo que Gálvez lo calificó como “un negocio criminal” que habría operado al interior de la dependencia. “Los sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, son acusados de complicidad directa con el negocio criminal de contrabando de combustible”, recalcó. A estos señalamientos se suma la muerte violenta del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero, quien había denunciado estas irregularidades y fue asesinado un mes después de haberse reunido con Ojeda Durán. Además, recientemente un capitán se habría suicidado antes de ser investigado por supuestamente recibir sobornos para facilitar el tráfico de fentanilo. Por ello, Gálvez advirtió que los hechos revelan un caso alarmante del crimen organizado en instituciones clave de seguridad nacional.
|
Primer acto público de la nueva Corte combinó otro ritual de purificación con denuncias por discriminación y amenazas a mujeres indígenas y afromexicanas MEMORANDUM 2.-
Los rituales a un no terminan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), este miércoles en el primer acto público con su nueva integración, inaugurado con una ceremonia tradicional de purificación y dedicado, por primera vez, a las mujeres indígenas y afromexicanas. En el encuentro, ellas denunciaron las barreras que enfrentan para acceder a la justicia, la discriminación y hasta las amenazas de muerte por defender sus territorios y derechos. En el acto, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz les garantizó que el máximo tribunal “será una aliada firme de quienes históricamente han sido excluidas”. A la ceremonia denomina “Espacio de Diálogo de los Saberes: Las Mujeres Indígenas y Afromexicanas en la Nueva SCJN”, celebrada en la zona de Murales, asistieron también las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y el ministro Irving Espinosa Betanzo, pero los invitados centrales fueron mujeres de distintas comunidades del país y sus representantes. El acto, conmemorativo Día Nacional e Internacional de las Mujeres Indígenas, inició con un rito en el que María de los Ángeles Carrillo Silva, autoridad tradicional del pueblo Kumiai de San José de las Zorras (Baja California), puso de pie a los presentes, incluidos a los ministros, los instruyó a hacer un círculo y luego encendió el ramillete de hierbas secas y lo encendió para pasar el sahumerio sobre cada persona. Tras la ceremonia en la Corte se abrió un espacio de diálogo, en el que mujeres autoridades en distintas comunicados indígenas y afroamexicanas expusieron la problemática que enfrentan, desde discriminación y violencia de género, hasta despojo de tierras. Una de ellas, María de los Ángeles Carrillo Silva, denunció incluso amenazas de muerte por su defensa. “En esta ocasión vengo a ver si la Suprema Corte de Justicia me puede ayudar. Nosotros estamos teniendo mucho despojo de territorio ancestral, un 40 por ciento está invadido, pero es territorio que se puede comprobar que que por derecho le corresponde a la comunidad. Tenemos un amparo que es el 2/31, pero que allá en el en el municipio de Ensenada, que está en el Juzgado Octavo y nos están dando para atrás ese amparo. “Entonces, nosotros queremos ahorita es apoyo, ¿por qué? Porque yo ya estoy hasta teniendo amenazas de muerte por la defensa de mi territorio”, denunció. En tanto, Asela García, síndica municipal de San Agustín Loxicha, Oaxaca, informó que, por primera vez, a la sindicatura de su comunidad se le otorgó la facultad de emitir alertas de género, y que ya han emitido varias órdenes. “En cuanto a los retos, realmente ha sido muy complicado…hemos hecho el acompañamiento de las mujeres que sufren todo tipo de violencia”. Sin embargo, también denunció que cuando acuden a la justicia se han encontrado con barreras que las revictimizan. “Otro de los obstáculos es que no hay sensibilización por parte de los que imparten justicia. ¿Por qué lo digo? Lo digo de viva voz porque lo he vivido. Entonces, como síndica municipal y titular es una doble responsabilidad para mí”, comentó. María Juana Farías Ramírez, presidenta del Consejo Comunidad de la comunidad purépecha de San Felipe de los Herreros, del municipio de Charapan, Michoacán, expuso que ante la violencia que enfrentan las mujeres se topan con otra barrera por parte de la justicia. “El problema principal de acceder a la justicia en general para la mujer indígena son en mayor parte los procesos legales y la burocracia que deja de lado la protección real, pronta y eficaz de las mujeres indígenas con mayor vulnerabilidad”, señaló.
|
Docente levanta huelga de hambre de tres horas en la Plaza Lerdo, tras informarle que sería atendido por el Secretario de Gobierno MEMORANDUM 3.-
Un docente identificado como Miguel Ríos levantó su huelga de hambre iniciada tres horas antes en la Plaza Lerdo, en Xalapa, luego de informarle que sería atendido por el Secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil. El profesor protestó por el incumplimiento de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) del pago del Seguro de Vida Institucional que se le adeuda, tras ser dictaminado con invalidez permanente por parte del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desde enero de este año. El docente explicó que decidió tomar esta medida extrema porque ninguna autoridad, ni federal ni estatal le da una respuesta satisfactoria para que se le pague dicha prestación. “Lo único que estoy pidiendo es que me paguen un derecho ganado y un beneficio que tengo como trabajador al servicio del Estado”, afirmó. Dijo que en cinco o seis ocasiones ha buscado el respaldo de los funcionarios estatales, “he ido hasta la Ciudad de México a Atención Ciudadana del gobierno de la República y no me resuelven”, puntualizó. Pese a que dijo ser militante de Morena señaló que no quiere involucrar su militancia partidista con una situación laboral, pero que al no tener ninguna respuesta a su demanda no le quedó más remedio que recurrir a la protesta pública y visibilizar la situación que enfrenta, principalmente porque tuvo que endeudarse para cubrir los gastos médicos que le ocasionó el sufrir un atropellamiento en su motocicleta. “Estoy amenazado de muerte por mis acreedores, la gente que me prestó el dinero, del que no quiso dar la cantidad, y mi economía está muy mermada para hacer frente a dichos cobros y de cubrirme el seguro de vida institucional, estaré en condiciones de pagar esos adeudos”, aseguró. Las amenazas son graves y se dan cotidianamente a pesar de estar pagando los fuertes intereses que le cobran por dicho empréstito, por lo que, reiteró, que con la cantidad que se le cubra, podrá cumplir con la liquidación de la deuda. Dijo temer por su vida y la de su familia, de ahí la insistencia de que intervenga la gobernadora Rocío Nahle, ya que en las veces que ha acudido ante la Secretaría de Educación lo único que le dicen quienes lo atienden, es que no hay aseguradora para atender su reclamo. “He tocado diferentes puertas e instancias, aquí en gobierno del Estado, en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y todos me contestan que no es de su competencia, se tiran la bolita y al final de cuentas no me resuelven”, lamentó. Recordó que él se accidentó en el 2021 y fue intervenido quirúrgicamente en siete ocasiones para salvarle la pierna, pues la solución que le daban era amputársela y el 16 de enero del año en curso le dieron su dictamen como invalidez permanente por ostiomielitis crónica y soy candidato vitalicio para amputación, porque ahorita la bacteria está encapsulada, pero en cualquier momento puede salir de control y sufrir la amputación. Luego de la conferencia de prensa y acompañado de su perro, el docente montó su mobiliario para iniciar la huelga de hambre en la Plaza Lerdo, frente al palacio de gobierno en Xalapa. Su protesta la levantó tres horas después, ante el planteamiento de que sería atendido por el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, de quien dijo confiar en que atienda y resuelva su demanda, pues es un derecho que le corresponde. Así las cosas.
|
|