Catean inmueble vinculado a exalcaldesa de Tamiahua y aseguran chalecos antibalas y tablas de castigo; Trasciende que Sefiplan investiga a funcionarios de Sesver tras protestas por falta de pago de salarios y prestaciones MEMORANDUM 1.- Autoridades federales y estatales realizaron un cateo en un domicilio presuntamente vinculado a la exalcaldesa de Tamiahua, Guadalupe Rodríguez Torres, y a su pareja Ernesto Lara, como parte de una investigación en curso. La diligencia se llevó a cabo alrededor de las 19:40 horas de ayer, con la participación de fuerzas federales, corporaciones estatales y apoyo de la Policía Municipal, quienes ingresaron al inmueble para realizar una revisión preventiva y aseguramiento de objetos. Durante la intervención fueron asegurados: seis chalecos antibalas, dos tablas de castigo, vendas y cinta esparadrapo. De acuerdo con información oficial, no se reportaron personas detenidas y el inmueble no quedó bajo resguardo tras concluir el operativo. Las autoridades se retiraron del lugar sin incidentes, manteniéndose activa la coordinación interinstitucional para el seguimiento del caso. El hallazgo de equipo táctico y objetos presuntamente utilizados para prácticas de castigo se da en el marco de las denuncias por posibles irregularidades administrativas y patrimoniales detectadas en la pasada administración municipal. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un comunicado oficial sobre los hechos ni sobre la posible ejecución de nuevas diligencias u órdenes judiciales….LUEGO DE de las protestas realizadas por los trabajadores de los Servicios de Salud del estado de Veracruz (Sesver) para exigir el pago de sus salarios, se informó que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) realiza una revisión de los estados financieros del organismo. De acuerdo con los reportes, este fin de semana la acción fue ordenada por la propia gobernadora Rocío Nahle García, para constatar la situación imperante en esa dependencia, que hizo crisis en diciembre pasado, al pretender imponer el pago del bono navideño a través de la entrega de una tarjeta que solo podía ser utilizarla en tiendas del Grupo Chedraui. Ante la inconformidad y protestas de las y los empleados de Salud, se informó que éstas estarían vinculadas a la subdirección de Recursos Humanos y las jefaturas de Personal y Prestaciones Sociales, cuyas titulares son Marcela Pozos Jerónimo, Noelia Lagunes Calderón y Ana Victoria López Pérez, respectivamente, a quienes se señala de haber negociado el millonario contrato del bono de fin de año para trabajadores con la compañía emisora de tarjetas pre-depósito. En ese contexto, el poblano Miguel Reyes Hernández, secretario de Finanzas y Planeación, se comprometió a realizar las investigaciones que sean necesarias en el área de Recursos Humanos de Sesver, para llegar hasta las últimas consecuencias y ofreció que este problema no volverá a repetirse, atendiendo la instrucción directa de la titular del Ejecutivo del Estado.
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Camioneta se sale de la carretera y cae a un barranco con saldo de dos lesionados en la Zongolica-Orizaba; Localizan a menor de 13 años que fue sustraída mediante engaños de su casa en Papantla y detienen a presunto responsable MEMORANDUM 2.- Un accidente vial se registró la tarde de este domingo sobre la carretera federal Zongolica-Orizaba, cerca de la entrada a la comunidad de Petlacala, con dirección a San Andrés Tenejapan, luego de que una camioneta particular se salió de la cinta asfáltica y cayó a un barranco. De acuerdo con los reportes, en la unidad viajaban dos personas, quienes resultaron lesionadas, por lo que fue necesaria la movilización de los cuerpos de emergencia. Al sitio acudieron elementos de las corporaciones de auxilio, así como personal de emergencias y de seguridad, quienes brindaron atención a los ocupantes del vehículo siniestrado y realizaron maniobras para su estabilización. Los lesionados fueron atendidos en el lugar por paramédicos, quienes evaluaron su estado de salud, sin que hasta el momento se haya informado de la gravedad de las lesiones. Debido al accidente, las autoridades implementaron labores de abanderamiento y control vial, con el fin de prevenir otro percance en este tramo carretero, caracterizado por curvas y desniveles. Se informó que serán las autoridades competentes las encargadas de realizar el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades….UNE MENOR que habría sido alejada de su familia mediante engaños con la promesa de una vida de lujos, en Papantla, fue localizada en un operativo coordinado de la Secretaría de Seguridad Pública de esta ciudad y de Poza Rica, quienes detuvieron al presunto responsable. Se informó que la menor de 13 años y Orlando M. G., de 24 años, con domicilio en Papantla, presuntamente mantenían comunicación constante a través de una aplicación de celular, y desde el sábado la habría persuadido para trasladarse a la vivienda de un familiar en Poza Rica, donde pasó la noche sin el conocimiento de sus padres, desapareciendo alrededor de las 20:40 horas. Sin embargo, dicha cuenta está vinculada a otro dispositivo lo que permitió a los padres de la adolescente conocer su ubicación, por lo que dieron aviso inmediato a las corporaciones de seguridad. Los uniformados comenzaron las investigaciones y en una rápida acción ubicaron al joven en la terminal de autobuses ADO cuando ya había abordado un autobús para la ciudad petrolera, por lo que ante el señalamiento procedieron a su intervención para presentarlo ante las autoridades ministeriales que determinarán si existen delitos derivados de estos hechos. La estudiante de secundaria fue localizada por los guardianes del orden cuando se encontraba en la central camionera de Poza Rica a la espera del ahora detenido, y fue reunida con sus seres queridos.
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Denuncian usuarios presuntos actos de corrupción con el cobro de moches en programa de reemplacamiento de motocicletas MEMORANDUM 3.- Con denuncias de presuntos actos de corrupción en algunas oficinas, como permitir la intervención de intermediarios no oficiales que ofrecían agilizar el proceso a cambio de pagos que iban de los 800 a los 1,500 pesos por unidad, es decir, con el pago de “mochadas”, ciudadanos del sur del estado continúan manifestando su inconformidad por las irregularidades, fallas administrativas y posibles actos de corrupción que, aseguran, han marcado el desarrollo del programa de ordenamiento vehicular para el reemplacamiento de motocicletas. Aunque la gobernadora Rocío Nahle anunció la ampliación del plazo para el reemplacamiento hasta el 31 de enero, luego de que se reconociera públicamente la saturación de las oficinas de Hacienda y las dificultades operativas de miles de motociclistas para realizar el trámite dentro del periodo originalmente establecido, para muchos contribuyentes, la ampliación del plazo no resuelve los problemas de fondo. Y es que, de acuerdo con testimonios ciudadanos recabados en Acayucan, el proceso ha estado marcado por largas filas, atención limitada y gastos dobles. En ese sentido, usuarios denunciaron que, pese a llegar desde la madrugada e incluso pedir permiso en sus trabajos, no lograron ser atendidos. “La gente se queda esperando horas y al final te dicen que no te van a atender. El trámite se paga y, si en 72 horas no te atienden, tienes que volver a pagar 199 pesos del Repuve para el trámite de altas”, denunció una de las afectadas. Otro usuario lamentó que incluso personas que llegaron alrededor de las 4:00 de la mañana, siendo de los primeros en formarse, fueron rechazadas sin una explicación clara. “Fue el primero y lo dejaron fuera. Pedimos permiso para venir a hacer el trámite y a la mera hora nos dijeron que no”, señaló. Ante estas quejas, el encargado de la oficina de Hacienda en Acayucan, Ociel Urbano González, explicó que la saturación no obedece únicamente a fallas logísticas, sino también a la falta de previsión ciudadana. Justificó que el proceso de regularización de motocicletas inició desde los meses de junio y julio, periodo en el que la afluencia fue baja, lo que provocó que muchas personas dejaran el trámite para el cierre del plazo. “El tiempo se está cerrando y la demanda se incrementó; la oficina se ve rebasada y no contamos con el recurso humano suficiente para atender a todos”, señaló. El funcionario afirmó que diariamente se entregan 40 fichas para mantener el orden y que posteriormente se elabora una lista para orientar a quienes no alcanzan atención, principalmente para revisar documentación, ya que gran parte de los retrasos se debe a que los usuarios acuden con papeles incompletos. Con relación a los señalamientos sobre la presunta preferencia a gestores o intermediarios, Urbano González negó cualquier irregularidad y aseguró que la oficina no trabaja con “coyotes”. “Los trámites se realizan respetando las citas y el orden de llegada. No hay corrupción en esta oficina”, reiteró, invitando a los ciudadanos inconformes a acudir y constatar el trabajo que se realiza. No obstante, los agraviados insistieron en que durante el proceso se detectó una operación discrecional en algunas oficinas, donde —aseguran— se limitó el número de trámites diarios y se permitió la intervención de intermediarios no oficiales que ofrecían agilizar el proceso a cambio de pagos que iban de los 800 a los 1,500 pesos por unidad, dejando en desventaja a quienes no podían acudir personalmente por motivos laborales, de salud o distancia. De igual forma, se reportó la falta de placas suficientes en algunas sedes, la suspensión de otros servicios administrativos y la ausencia de supervisión efectiva por parte de oficinas centrales, lo que, según los denunciantes, abrió la puerta a abusos y prácticas irregulares durante lo que va de la ejecución del programa. Por último, pobladores del sur de Veracruz consideraron que la ampliación del plazo resulta insuficiente si no se acompaña de una revisión integral al funcionamiento de las oficinas de Hacienda, mayor transparencia en la asignación de placas y una investigación puntual sobre las denuncias ciudadanas, a fin de evitar lo que al final pasó: que un programa de regularización se convierta en un proceso plagado de inconformidad social. Así las cosas.
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