Sheinbaum se solidariza con fotoperiodistas agredidos en la marcha, pero respalda a policías y continúa con reclamos a manifestantes MEMORANDUM 1.-
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se solidarizó con fotoperiodistas que fueron agredidos en las manifestaciones del sábado pasado en el Zócalo por elementos de la policía capitalina, y recalcó que hay elementos para sanciones en caso de abuso por parte de policías; de los ciudadanos agredidos prefirió no hablar. En conferencia matutina la mandataria federal expresó: “Ahora que vi a la compañera fotógrafa de La Jornada; también nuestra solidaridad con los reporteros, con los periodistas que fueron golpeados, y si fue policía quién los golpeó, tiene que haber sanciones. Como digo, ahí donde hubo abuso, tiene que sancionarse y la policía tiene sus mecanismos de sanción, y hay que ponerlo sobre la mesa también, porque no lo había dicho, entonces también mi solidaridad y mi apoyo”. El sábado pasado, Víctor Manuel Camacho, reportero gráfico de este diario, fue agredido y despojado de su equipo por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México mientras cubría las manifestaciones. Otros reporteros gráficos también denunciaron agresiones.
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Logran doce detenciones aseguramiento de explosivos y droga, como parte de los esfuerzos para pacificar Michoacán MEMORANDUM 2.- Fuerzas federales y locales de Michoacán detuvieron a 12 personas y aseguraron explosivos, armamento y droga durante distintos operativos realizados este fin de semana en la entidad, reporta el gabinete de seguridad del gobierno de México. Paralelamente, informó sobre otros operativos en el país que generaron afectaciones al crimen organizado por más de 2.7 mil millones de pesos. Los operativos, enmarcados en el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, tuvieron lugar del 14 al 16 de noviembre pasado, en los municipios de Quiroga, Apatzingán, Reyes del Salgado, Zamora, Jacona, Morelia, Zitácuaro, Maravatío, Uruapan y Sahuayo. El resultado fue 12 personas detenidas, se aseguraron ocho artefactos explosivos improvisados, una ametralladora, tres armas de fuego, 866 cartuchos, 29 cargadores, siete vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal, tres motocicletas, tres inmuebles, dosis de cristal y de mariguana, dos teléfonos celulares, 200 litros de hidrocarburo y diverso equipo táctico. Además, se realizaron patrullajes de supervisión en las huertas limoneras para proteger las actividades de las y los productores. El gabinete también informó las acciones realizadas este fin de semana en varios estados, a través del reporte de Operación Frontera Norte y de acciones generales de seguridad, que causaron afectaciones económicas al crimen organizado de más de 2 mil 740 millones de pesos. Entre los operativos destacan los de Culiacán y Badiraguato, Sinaloa, donde fueron inhabilitadas seis narcobodegas, un laboratorio clandestino y cinco áreas de concentración para la producción de metanfetamina. En total, se aseguraron 19 mil 550 litros y mil 232 kilos de sustancias químicas, además de reactores y equipo especializado, con una afectación económica conjunta de 2 mil 695 millones de pesos a la delincuencia organizada. En Tamazula, Durango, en el poblado El Aguaje, fue localizada otra área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, asegurando 2 mil 250 litros de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica, un destilador y dos quemadores, aseguramiento que causó un impacto a la delincuencia organizada de 45 millones de pesos. Mientras, en Benito Juárez, Quintana Roo, se realizaron cateos a dos inmuebles, en los que se detuvieron a dos personas, les aseguraron 32 armas largas, 14 armas cortas, mil 660 cartuchos, 158 cargadores, 12 granadas, un kilo y 70 dosis de diferentes drogas, nueve chalecos tácticos, tres drones, dos vehículos y dos placas.
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Crimen organizado ha pasado de ejercer un control indirecto sobre algunos aspectos de la vida comunitaria a imponer a las autoridades municipales: experta MEMORANDUM 3.-
Michoacán es reflejo del empoderamiento de cárteles que se expresa no sólo territorialmente y en la diversificación de la economía criminal, sino también en la creciente sofisticación tecnológica para sembrar terror con el uso de drones y narcominas, así como la incorporación cada vez a más temprana edad de los jóvenes a las bandas criminales, señala Lorena Cortés, especialista en criminología. Destaca que en esta ecuación hay un factor que no se ha considerado, pero fundamental en esta crisis desde 2014 y que se ha profundizado año tras año. “La clase política es parte del problema si queremos entender lo que está sucediendo en Michoacán. Hay una percepción de que hay un grupo del crimen organizado de cuello blanco del cual no se está hablando. Es parte de esta gobernanza criminal”, la cual, declara, ha trascendido a todos los partidos políticos. En el mejor de los casos, subraya la investigadora, se ha convertido en espectadora del crimen en la entidad. Por ello, permeó tanto la narrativa del alcalde de Uruapan asesinado, Carlos Manzo, porque estaba construida desde el dolor de las víctimas. Ha sido un largo periodo donde se ha bajado la guardia, abandonando las tareas de seguridad, mientras el crimen organizado se empoderó al percibir una omisión del Estado. Autora del libro Los hijos de la violencia y el narco en Michoacán, Cortés destaca que estas organizaciones “tienen el control no sólo para dejar hacer, sino para dejar pasar. Hay muchos testimonios de policías que tienen que pagar cuotas a mandos superiores y se les ve extorsionando. Es muy común ver a la Guardia Civil que detiene tráileres para extorsionar. Es la muestra de algo más complejo, de una corrupción generalizada, de la normalización de la gobernanza criminal.” Por eso, ahora es clara la fuerte presencia territorial en gran parte de las zonas rurales de la Tierra Caliente. Hay un despliegue de grupos criminales armados en la zona oriente, en Zitácuaro, en las colindancias con los estados de México, Guanajuato y Jalisco. En paralelo, hay que hablar de una realidad clara: la sofisticación de su forma de operación, pues han alcanzado una capacidad de fuego por encima de las que tienen las policías municipales e incluso la Guardia Civil (del estado), con el uso de drones artillados, bombas antipersonales, una serie de aparatos de guerra. Señala que “El crimen organizado ha pasado de ejercer un control indirecto sobre algunos aspectos de la vida comunitaria a imponer directamente a las autoridades municipales. Los alcaldes, originalmente electos para proteger a sus comunidades, se ven forzados a trabajar bajo las órdenes de estos grupos”. Frente a este escenario, la investigadora se pregunta: si hay una gran presencia militar y de fuerzas federales, ¿por qué ha habido tanta ineficacia en su actuación? “Tenemos una participación del Ejército que tiene un aparato de inteligencia y un despliegue como nunca antes. Saben cuáles son esos objetivos criminales. Lo dijo muchas veces el alcalde Manzo. Por eso hay varias dudas y explicaciones que debe el gobierno federal.” Cortés alerta sobre la captación de jóvenes en las filas del crimen organizado a edades cada vez más tempranas. Hay casos en que los incorporan desde los 11 años para sumarlos a sus filas en tareas elementales: el halconeo. En su investigación revela: “el sicariato juvenil no sólo evidencia una crisis de violencia, sino una estructura que ha normalizado el uso de jóvenes como instrumentos de terror en un sistema que prioriza la brutalidad sobre el desarrollo humano”. Señala que como parte de las entrevistas que realizó en penales a varios jóvenes, hubo uno de ellos que reivindicaba, casi con orgullo, su participación en el descuartizamiento de cuerpos con motosierra. Era su participación en esta espiral del horror en Michoacán.
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