Todo un traficante de armas que vendía a la delincuencia organizada resultó ser el dueño de Miss Universo Raúl Rocha MEMORANDUM 1.- En la investigación en la que se solicitó y obtuvo orden de aprehensión contra el empresario regio-montano y copropietario de la franquicia Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, seguimiento se detalla que el grupo delictivo que encabezaba no sólo traficaba combustible y armas de Estados Unidos y Guatemala a México, sino que también llegaron a “producir” mil 500 cargadores para R15 a la semana, los cuales eran vendidos a grupos criminales, incluidos La Unión Tepito, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), e integrantes del cártel del Golfo, como Ezequiel Cárdenas Rivera, quien fue detenido en agosto de este año. En la investigación que hunde al empresario participaron integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). De acuerdo con el contenido de la causa penal 405/2025, Rodrigo Rosales Salazar, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Querétaro, libró las órdenes de aprehensión contra los integrantes del grupo delictivo encabezado por Jacobo Reyes León El Lic, entre quienes se menciona al empresario Rocha Cantú, acusados de delincuencia organizada, tráfico de armas de fuego e hidrocarburos. El mandamiento judicial se libró el pasado 15 de noviembre a solicitud de la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo). La orden de aprehensión señala que Reyes León “fue candidato del PRD a la presidencia municipal en San Martín de las Pirámides, Hidalgo; que en Huehuetoca, estado de México, tiene un centro de distribución de huachicol”. El documento del Poder Judicial de la Federación dice que la indagatoria se integró con reportes de inteligencia y trabajos de campo de integrantes de la Guardia Nacional y la FGR, como muestran los informes SSPC/Conase/SI-JR/00195/2024”, del 17 de diciembre de 2024, y SSPC/Conase/SI-JR/00203/2024”, además de autorizaciones de “intervención de comunicaciones privadas”, como es el caso del mandamiento identificado con la guía 1985/2024-I, emitida el 12 de diciembre de 2024, autorizada por el juez cuarto de control del Centro Nacional de Justicia Especializado en Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con residencia en la Ciudad de México. La página 20 de la orden de captura indica que Reyes León aseguró a sus cómplices que “tiene las máquinas y que ha fabricado mil 500 cargadores de R15 a la semana”, mismos que fueron entregados a Ezequiel Cárdenas Rivera o Tony Tormentas en Tamaulipas, líder de Los Escorpiones, una célula del cártel del Golfo, quien fue detenido en agosto pasado. Respecto de Raúl Rocha Cantú, en la página 203 del documento de 275 páginas se precisa que fue “identificado como miembro de la organización desde el 15 de diciembre de 2024, lo anterior derivado de los eventos obtenidos de la intervención de comunicaciones privadas 1985/2024-IV”. Se agrega que el empresario tiene “funciones de dirección en la organización investigada, inyecta capital en la importación de combustible procedente de Guatemala y Estados Unidos; ha pagado millones de pesos a Jacobo Reyes León a cambio de información, pues este último como intermediario le consigue información en la Femdo. “Daniel Roldán Morales El Inge se encarga de transferir las ganancias generadas por la venta de combustible a Raúl, (quien) tiene estaciones de servicio (gasolineras), las cuales provee con el combustible ilícito que obtiene la organización; de igual forma, la persona investigada mantiene comunicación, principalmente, con Jacobo Reyes León”. Rocha Cantú obtuvo un criterio de oportunidad en noviembre pasado y por esa razón no fue puesto a disposición del juez que libró la orden de captura.
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Reforma al artículo 2 de la Constitución sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicanos fue traducida a 65 lenguas indígenas MEMORANDUM 2.- Aunque muchos no saben leer ni escribir, Adelfo Regino Montes, titular de Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) asume que, con el propósito de acercar a las comunidades originarias, la reforma al artículo 2 de la Constitución sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos fue traducida a 65 lenguas indígenas para que puedan ejercer a cabalidad su exigibilidad. De esa manera, por primera vez en la historia del país una norma constitucional es para que “la conozcan en la propia lengua, pero, sobre todo, el significado que tiene esta norma a partir de su propia lengua, cultura y contexto social. Hicimos semántica jurídica, esto es muy innovador, no sólo en México, sino en el mundo; es un hito”. Tras señalar que la traducción comenzó a fines del año pasado, después de su publicación, Regino Montes explicó que primero se seleccionó a un equipo de traductoras y traductores debidamente acreditados tanto por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como por la Universidad de las Lenguas Indígenas, en coordinación con el INPI. Posteriormente la tarea “fue ubicar los conceptos jurídicos fundamentales de esta reforma como: libre de determinación, autonomía, sistemas normativos indígenas, jurisdicción indígena, propiedad intelectual colectiva, tierras, territorios, y recursos naturales, entre otros tópicos”. También participó un especialista en derechos indígenas, porque “no es sólo traducir, estamos hablando de lenguaje jurídico; la traducción la hace un lingüista, pero aquí también se requería de un abogado experto en derechos indígenas para hacer la interpretación del lenguaje jurídico”. Estas versiones serán difundidas por diversos medios a través de publicaciones como la revista México Indígena, que edita el instituto, así como a través de las 23 radiodifusoras indígenas comunitarias. Respecto al proceso que sigue la norma, el funcionario subrayó que se está elaborando la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y, para ello, se creó un comité técnico asesor integrado por 20 personas; “10 mujeres y 10 hombres con conocimiento y experiencia en la materia”. A fin de que tenga la más amplia legitimidad social, además de que por ley debe hacerse, “esperemos que el próximo enero o febrero se realicen 70 asambleas regionales de consulta en todas las regiones del país. “La idea es que sea la Presidenta quien envíe la iniciativa al Congreso de la Unión para su análisis y, en su caso, la aprobación correspondiente. Llevamos 200 años de existencia del Estado mexicano y no hay en la historia constitucional y legislativa de nuestro país una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.”
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Aseguran que en Veracruz, no se ha usado fuerza pública para desalojo de manifestantes; pero bien que los encapsulan MEMORANDUM 3.- El director de Política Regional de Gobierno Estatal, Adolfo Toss Capistrán, destaca que el uso de la fuerza pública para el retiro de manifestantes es legal, sin embargo, hasta el momento no se ha aplicado en la entidad. Aunque si han llegado a encapsular a los manifestantes. Según el funcionario, sí han acudido elementos del grupo antimotín de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a las protestas, pero primero se agota el diálogo y en caso de que no se logre un consenso, se “encauza” a los manifestantes para que se retiren. En entrevista, comenta: “El uso de la fuerza pública está normado, inclusive en materia de derechos humanos. Realmente no se ha hecho ningún desalojo con fuerza pública (…) siempre se agota el diálogo por delante, tenemos un protocolo perfectamente establecido y agotado el diálogo, siempre ha habido la necesidad, en un par de ocasiones, de encauzar a las personas, nunca desalojarlas, sino encauzarlas”. Descarta que la presencia de los elementos del grupo antimotín sea un acto intimidatorio durante las protestas. Cabe mencionar que en al menos tres bloqueos de vialidades, se ha reportado la presencia del grupo antimotín de la Secretaría de Seguridad Pública. Los elementos golpean sus escudos tácticos y, sin tocar a los manifestantes, caminan hacia ellos para replegarlos a las banquetas y liberar las vialidades. Dicha acción se ha replicado en al menos tres protestas: la primera de jubilados el pasado 03 de octubre, quienes bloquearon la calle Enríquez durante varias horas, para exigir el pago del Seguro Institucional. La segunda fue con trabajadores de la UPAV el 11 de noviembre, quienes se manifestaron en la carretera Xalapa – Veracruz, a la altura de la SEV, para pedir sus pagos pendientes. Y el 25 de noviembre, ex trabajadores del Seguro Popular que bloquearon la calle Enríquez en espera del pago de sus laudos. En los tres casos se reportó la presencia de los elementos de la SSP. A pregunta expresa sobre si se va a mantener la política de encauzar a los manifestantes con apoyo de antimotines, afirmó que esa decisión se tomará en cada caso en particular.
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