Deudores alimentarios no podrán tramitar ni renovar su licencia de conducir en Veracruz MEMORANDUM 1.-
A partir de este mes de diciembre, los deudores alimentarios no podrán tramitar ni renovar su licencia de conducir en el estado de Veracruz. Esta nueva disposición es una consecuencia directa de la implementación del artículo 135 Sexties de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz informa que para poder realizar cualquier trámite relacionado con licencias de manejo, los ciudadanos deberán presentar el certificado del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), que acredita que no tienen adeudos. Esta acción busca reforzar el cumplimiento de las responsabilidades parentales, utilizando la licencia de conducir como un mecanismo de presión administrativa para garantizar el derecho a la pensión alimenticia de niñas, niños y adolescentes. La nueva exigencia, aunque se trata de un trámite gratuito para obtener el certificado, ha generado diversas reacciones entre la población. Algunos ciudadanos han manifestado su temor de que este nuevo requisito se convierta en un punto de vulnerabilidad, señalando que podría generar corrupción en los módulos de trámites. Otros argumentan que la medida es un abuso, ya que el estatus de deudor alimentario no está relacionado con la habilidad o el conocimiento requerido para manejar un vehículo.
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Muere adulto mayor a bordo de un autobús, en Boca del Río; Hombre de la tercera edad muere de forma repentina en calles del puerto de Veracruz MEMORANDUM 2.-
Un hombre de la tercera edad falleció la mañana de este miércoles cuando viajaba en un autobús de pasajes en el municipio de Boca del Río. De acuerdo con los primeros informes, el vehículo de transporte, proveniente de Los Tuxtlas y con el número 2237, circulaba sobre la avenida Ejército Mexicano cuando el hombre, aún no identificado, se desplomó sobre el asiento. De inmediato, pasajeros alertaron al chofer del suceso, por lo que este informó a las autoridades para que tomaran conocimiento de los hechos. Al lugar arribaron paramédicos; sin embargo, únicamente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Más tarde llegaron agentes de la Policía Ministerial; acudieron posteriormente para tomar conocimiento de los hechos y efectuar las diligencias correspondientes. En el lugar se logró saber que el pasajero viajaba solo; sin embargo, se indicó que era originario de la localidad de Sihuapan, en San Andrés Tuxtla, y se dirigía a una consulta médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado sobre la avenida Díaz Mirón, en la ciudad de Veracruz. Otros pasajeros señalaron que durante el trayecto lo escucharon roncar; sin embargo, al pasar a la altura de la tienda Coppel, notaron que ya no reaccionaba...HOMBRE DE LA tercera edad falleció cuando caminaba sobre calle Canal, entre Cuauhtémoc y Constituyentes, en la colonia centro de la ciudad de Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, el adulto de aproximadamente 65 años identificado con el nombre de "Andrés" se desvaneció de un momento a otro y quedó sobre la banqueta. Los testigos alertaron del suceso a las autoridades a través del número de emergencias 911 y cuando llegaron los servicios de primeros auxilios ya no contaba con signos vitales. Al lugar también arribaron elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal para tomar conocimiento de los hechos. El área fue acordonada por los efectivos en esa cuadra limitando el acceso y prohibiendo la circulación de vehículos particulares y de transporte público. Más tarde arribaron peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo) y cumplir con el procedimiento de ley. Extraoficialmente se dio a conocer que habría sufrido un infarto, pero serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas del deceso.
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Diputados avalan bloque de 17 reformas para eliminar la violencia de género; solo que no hay recursos para su implementación MEMORANDUM 3.-
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen mediante el cual se reforman 17 leyes y se abroga una más, con el propósito de regular las medidas de protección que el Estado debe implementar en favor de mujeres, niñas y adolescentes, y para atacar fenómenos como la discriminación, la violencia y el acoso contra ellas Grupos parlamentarios de Morena y aliados votaron en favor de la iniciativa enviada el pasado 25 de noviembre a San Lázaro por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero en lo particular el PRI y el PAN lo hicieron en contra, por considerar que la propuesta no garantiza los recursos económicos suficientes para aplicar los cambios en la práctica. Tras la exposición de diversas reservas –ninguna de las cuales fue aceptada a discusión--, el dictamen fue avalado por el pleno de la Cámara por 333 votos en favor, de Morena y sus aliados; 70 en contra, de PAN y PRI, y 22 abstenciones, casi todas ellas de la bancada del tricolor. Fue enviado al Senado para la continuación de su trámite legislativo. Al fundamentar la propuesta del Ejecutivo, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Ana Miriam Burgos (Morena), subrayó que la reforma implica transitar “de la igualdad formal, la que dice que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, a la igualdad sustantiva”. Uno de los puntos destacados del dictamen, señaló la legisladora, es que las instituciones “deberán planear, presupuestar y ejecutar políticas públicas con perspectiva de género”, además de que haya “métricas, programas, acciones y mecanismos coordinados para cerrar brechas históricas”. Además, “por primera vez, la ley establece que la medición de impacto será obligatoria. Todas las autoridades deberán evaluar resultados con indicadores claros, datos desagregados y mecanismos de seguimiento”. De esta forma, “la igualdad sustantiva ya no podrá quedarse en discursos ni en buenas intenciones, ahora deberá demostrarse con evidencia”. En materia de violencia contra las mujeres, la iniciativa prevé el fortalecimiento de las órdenes de protección, seguimiento y trazabilidad; diferencia la violencia vicaria de la violencia familiar; armoniza protocolos nacionales y estatales, y le da a la Secretaría de las Mujeres “capacidad real” de emitir y supervisar la alerta de violencia de género. La morenista agregó que, en educación, se incorpora la perspectiva de género desde la primera infancia y se fortalecen los protocolos contra el acoso y el hostigamiento, y en salud, se garantiza “una atención libre de violencia obstétrica, servicios de salud mental, sexual y reproductiva, con enfoque diferenciado y la gratuidad para quienes más lo necesitan”. En materia laboral, recalcó, se establece la igualdad salarial entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor; “se establecen obligaciones claras para prevenir el acoso y el hostigamiento en los centros de trabajo y se reconoce y protege la trayectoria laboral de quienes realizan labores de cuidado”. Mientras tanto, en seguridad social, se define que tanto el IMSS como el Issste eliminen prácticas discriminatorias y capaciten a todo su personal en temas de perspectiva de género, y en vivienda, se establece que los programas gubernamentales incorporen criterios preferentes que garanticen el acceso de las mujeres y reconozcan su derecho a la propiedad en igualdad. Por otro lado, en materia de migración, se obliga a las instituciones a actuar con perspectiva de género y otorgar medidas de protección inmediatas a toda mujer migrante ante riesgos de trata, explotación y violencia sexual o abuso, y en temas de cultura y ciencia, se establecen acciones afirmativas para garantizar la participación equitativa de las mujeres e impulsar su talento. Asimismo, se fortalece a la Secretaría de las Mujeres como la instancia que coordinará políticas nacionales en este tema; emitirá y dará seguimiento a las Alertas de Violencia de Género, y dirigirá el Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva, para garantizar una mayor articulación interinstitucional. Aunque la oposición reconoció que el dictamen representa un avance normativo en diversas áreas, también hizo énfasis en que la propuesta presidencial tiene diversos “focos rojos” en su estructura legal y no garantiza que las instituciones recibirán los fondos necesarios para cumplir con sus nuevas obligaciones. La panista Ana María Balderas Trejo, por ejemplo, alertó que “no estamos ante una reforma técnica, sino una recentralización de poder, un diseño que abre la puerta a usos políticos, que crea mandatos de gasto sin techo financiero y que pone en riesgo derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la imparcialidad judicial”. Por otro lado, advirtió que varias disposiciones de la enmienda “obligan a la federación y a los estados a incorporar partidas específicas, pero sin un estudio de viabilidad, sin costo-beneficio y sin techo financiero”. En ese sentido, puntualizó que “no se puede gobernar con órdenes de gasto sin dinero, ni se puede exigir más obligaciones sin un respaldo presupuestal”. De la misma bancada, Tania Palacios Kuri puntualizó que la desigualdad “es un problema estructural, que no se arregla con parches, sino con decisiones”, y que el país “no falla por falta de legislación, sino por falta de voluntad política, de coordinación y de presupuesto”. Durante la discusión en lo particular, PRI y PAN coincidieron en lamentar que el gobierno federal ha subejercido hasta 51 por ciento de los fondos que se aprobaron para este año en temas como salud materna, sexual y reproductiva de las mujeres, por lo que hicieron ver el riesgo de que este escenario se repita con las reformas aprobadas hoy.
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