La DEA propuso ofensiva militar y cazar a narcos en México, pero Trump frenó la idea asegura The Washington Post MEMORANDUM 1.-La Administración de Control de Drogas (DEA), presionó al gobierno del presidente Donald Trump para aplicar como parte de una estrategia, atacar a cárteles mexicanos, discusiones que se registraron en las primeras semanas tras la llegada del republicano en este segundo mandato y tras haber etiquetado a grupos del narco como organizaciones terroristas extranjeras, revela una investigación del periódico estadounidense The Washington Post. Sin embargo, la Casa Blanca y el Pentágono habrían frenado las sugerencias. Los planteamientos de la DEA incluían golpes a la infraestructura criminal y ataques a capos del narcotráfico, lo que generó alarma dentro del Ejecutivo. Fuentes cercanas al tema detallaron que las ideas carecían de un marco jurídico sólido. “El hecho de que algo esté etiquetado como organización terrorista no otorga automáticamente autoridad para dispararles”, señaló uno de los funcionarios consultados, quien explicó que la DEA se mostró “receptiva” a esas aclaraciones. En ese momento, el administrador interino de la agencia, Derek Maltz, reconoció estar “totalmente a favor” de atacar laboratorios y líderes criminales, aunque subrayó que siempre pensó hacerlo en cooperación con México. “Los cárteles han asesinado a más estadounidenses que cualquier otra organización terrorista en la historia del país, por lo que deben rendir cuentas”, declaró. Maltz elogió además los esfuerzos del Gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, al destacar arrestos e incautaciones “sustanciales” contra el crimen organizado, pero insistió en que “se debe hacer mucho más para detenerlos”. El exfuncionario, que dejó el cargo en mayo y fue sustituido en julio por Terrance Cole, recordó que en ese entonces existió una “discusión seria” sobre la posibilidad de autorizar ataques con drones a laboratorios de droga. No obstante, aclaró que esa decisión no correspondía a la DEA, sino al Pentágono. La nueva información cobra relevancia en medio de la polémica sobre la legalidad de tres ataques recientes del ejército de Estados Unidos a supuestas narcolanchas venezolanas en aguas del mar Caribe, acciones rechazadas por Caracas, que niega estar involucrado en operaciones ilícitas.
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La defensa de Rafael Caro Quintero pide aliviar condiciones de aislamiento; mientras EE.UU usará audios de tortura a “Kiki” MEMORANDUM 2.-
Rafael Caro Quintero compareció ante su cuarta audiencia de procedimiento en la corte del distrito este de Nueva York, en Brooklyn, en la que el juez federal Frederic Block consideró su petición para modificar las condiciones de su encarcelamiento, y los fiscales y abogados de defensa continuaron con la preparación para un eventual juicio. Los fiscales informaron al juez que siguen compartiendo pruebas y otra evidencia en el caso, y que están procediendo hacia un juicio, aunque no indicaron si hay negociación. Los elementos probatorios incluyen grabaciones del interrogatorio y tortura del agente estadunidense Enrique Kiki Camarena, asesinado en febrero de 1985, en Guadalajara. El proceso contra Caro Quintero tiene menos que ver con algún golpe contra el narcotráfico actual y casi todo con vengar la muerte de un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en 1985, algo que han subrayado los fiscales y la presencia de oficiales de esa agencia en cada audiencia. Además, enfrenta múltiples cargos criminales y si es declarado culpable podría ser condenado a cadena perpetua. El acusado escuchó atentamente sin ninguna reacción. Su sobrino, Ismael Quintero Arellano, está incluido en este mismo caso. La próxima audiencia de procedimiento fue programada para el 16 de octubre. El miércoles, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi aseguró que el gobierno de México entregó al narcotraficante Rafael Caro Quintero “por instrucciones” del presidente estadunidense, Donald Trump. “En febrero, por orden del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México”, escribió Bondi en la red social X. “Kiki fue un héroe que perdió la vida luchando contra los cárteles en 1985. Su hijo, Enrique, ahora es juez en California y continúa con el orgulloso legado de su padre en la aplicación de la ley”, agregó la funcionaria. “La decisión la tomó México”, respondió la Presidenta Claudia Sheinbaum a la dicha declaración.
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Fraude, la extorsión y las amenazas fueron los delitos que más repuntaron en el país, previo a la llegada de Sheinbaum a la Presidencia MEMORANDUM 3.-El fraude, la extorsión y las amenazas fueron los delitos que más repuntaron en el país en 2024; además, se registró la mayor estimación de víctimas de secuestro desde 2019, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). A través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024, que no considera los homicidios, el Inegi precisó que se registraron 33.5 millones de delitos en el país el año pasado, lo que representó el mismo nivel que en 2017 (33.6 millones). Con 15 ediciones de la Envipe, el Inegi mostró que los delitos aumentaron 1.52 por ciento durante la administración de Andrés Manuel López Obrador; mientras en el sexenio de su antecesor, Enrique Peña Nieto, los delitos ocurridos subieron 18.7 por ciento, al pasar de 27.8 millones de delitos en 2012 a 33 millones en 2018. Adrián Franco, vicepresidente de la junta de gobierno del Inegi, explicó que hay una nueva configuración de los fenómenos delictivos en México, pues en 2018 prácticamente la mitad de los delitos, 45.8 por ciento, tenían que ver con robos, asaltos en la calle o en el transporte público, así como extorsiones; para 2024, esa mitad pasó a una tercera parte (34 por ciento). En 2018, 22 por ciento eran fraudes y amenazas; para 2024 fue de 35 por ciento; “es decir, cambió la configuración de los delitos violentos a menos violentos en los pasados seis años”, comentó Franco en conferencia de prensa. De acuerdo con la Envipe, el fraude, además de ser el delito más frecuente, fue el que más repuntó el año pasado, al pasar de 6 mil 962 eventos en 2023 a 7 mil 574 en 2024, por cada 100 mil habitantes; asimismo, la extorsión se elevó de 5 mil 213 delitos en 2023 a 5 mil 971 el año pasado. En tanto, las amenazas pasaron de 3 mil 346 a 4 mil 683 eventos en el periodo de referencia. Dichos delitos presentaron una tasa de concentración de 21.7, 17.1 y 13.4 por ciento, respectivamente. Durante 2024 se estimaron 94 mil 679 secuestros, mientras 92 mil 888 fueron víctimas documentadas, según cifras del Inegi, las cuales suman tres años de aumentos. Ambos, sus mayores estimaciones puntuales de víctimas desde 2019. Al comparar con 2023, la tasa de víctimas de delito bajó en siete entidades federativas en 2024; aumentó en otras siete y no tuvo cambios en 18. En ese mismo año, en 10 entidades federativas, las tasas superaron a la nacional. Las más altas se registraron en el estado de México, con 34 mil 851; Ciudad de México, 30 mil 804, y Tlaxcala, 30 mil 498. Las tasas más bajas se presentaron en Chiapas, con 15 mil 576; en Tamaulipas, 16 mil 537, y Michoacán, 16 mil 572 por cada 100 mil habitantes. En 2024, la tasa de mujeres víctimas de delitos no presentó cambio estadístico respecto a 2023, mientras la de hombres resultó estadísticamente mayor. En 2024 se registraron 23 mil 399 mujeres y 25 mil 10 hombres víctimas por cada 100 mil habitantes. El Inegi resaltó que pese a que los delitos sexuales, renglón en que se estimó una tasa de 4 mil 160 delitos por cada 100 mil mujeres en 2024, cifra estadísticamente equivalente a los 4 mil 290 delitos estimados en 2023, se contabilizaron ocho delitos sexuales cometidos a mujeres por cada delito sexual cometido a hombres. Según el Inegi, en 2018 se denunciaba 10.6 por ciento del total de los delitos que ocurrieron; en 2024 se denunció 9.6 por ciento. “Es un punto porcentual de diferencia, pero estrictamente representa una décima parte de la denuncia; es decir, los mexicanos hemos dejado de denunciar y eso es grave para el sistema de seguridad en el país”, reconoció Franco. El Ministerio Público (MP) –o fiscalía estatal– abrió una carpeta de investigación en 70.5 por ciento de estas denuncias. Lo anterior implica que 93.2 por ciento de los delitos no se investigó (lo que se conoce como cifra oculta). El porcentaje resultó similar al de 2023 (92.9 por ciento). Las razones más comunes para no denunciar son la pérdida de tiempo, con 34.6 por ciento, y la desconfianza en la autoridad, 14 por ciento. De ahí que la dificultad de tener pruebas con los fraudes, extorsión o amenazas podría afectar que en México se mejore la práctica de denuncia del delito.
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