Luego del escándalo nacional por sustitución de perito oficial por médico de guardia sin credenciales forenses por maestra asesinada, FGE lo defiende MEMORANDUM 1.-
No deja de generar controversia el caso de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista en Álamo Temapache, secuestrada por un grupo criminal el 18 de julio, obligada a aparecer en un video en el que, visiblemente sometida, lanzó un mensaje de advertencia a taxistas para que pagaran extorsión, y hallada sin vida días después, pues se han detectado irregularidades en la presentación oficial de los resultados forenses. El pasado lunes 28 de julio, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, presentó en conferencia de prensa a José Eduardo Márquez Nava como “médico legista” para pronunciarse sobre la causa de muerte de Irma Hernández Cruz. En ese acto, la mandataria lo usó para reforzar su dicho de que la maestra murió por un infarto; defendió la información oficial y criticó que el caso fuera tan mediático: “Es de miserables llevarlo a niveles de escándalo… aquí está el doctor que hizo la necropsia, aquí está, él es”. Al tomar la palabra Márquez Nava dijo: “Sí, yo soy el que recibió el cuerpo, mire, como parte del protocolo de necropsia nuestra función es hacer un análisis externo e interno, es un hecho que no tiene palabras”. El médico afirmó que la maestra falleció a causa de un infarto tras haber sufrido múltiples agresiones físicas y describió los hallazgos internos y externos observados. Sin embargo, este jueves comenzaron a surgir dudas sobre la identidad profesional de quien fungió como vocero forense. Una búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) muestra que José Eduardo Márquez Nava posee una cédula profesional como médico cirujano, expedida en 2018 por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con el número de cédula 11155803, pero no se encontró registro de una especialidad en medicina forense ni como médico legista. Toda la información obtenida forma parte del sistema público de cédulas profesionales actualizado por la SEP. Márquez Nava figura exclusivamente con la licenciatura en medicina general, sin otras especialidades asociadas a funciones periciales. Medio nacionales como Milenio y Latinus revelan que Márquez Nava se desempeña como médico de turno adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, en la zona de Tuxpan. Su labor se concentró en acompañar con paramédicos a elementos de Ejército y seguridad cuando se localizó el cuerpo de Irma Hernández Cruz, con el fin de confirmar el deceso in situ. Es decir, el gobierno de Veracruz sustituyó al perito oficial por un médico de guardia, sin credenciales forenses, para sustentar una versión oficial. Para terminar con esta polémica la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el perito José Eduardo Márquez Nava cuenta con Evaluación de Control y Confianza vigente, acreditación que se encuentra registrada en el Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza, que a su vez avala el perfil para ser perito médico, con título y cédula profesional. Además Márquez Nava tiene conocimientos especializados en medicina y patología forenses que le permiten ejercer sus funciones. Dicha preparación le ha facultado para emitir dictámenes en apego a lo establecido en los artículos 368 y 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales. “En ejercicio de sus funciones y cumpliendo con los protocolos correspondientes, emitió el dictamen de necropsia de Irma Hernández Cruz, con base en los resultados de la intervención pericial”, informa la Fiscalía.
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Maestros y ex policías federales demandan al Issste solución a hipotecas impagables; también exigen auditoría para el organismo MEMORANDUM 2.- El viernes trabajadores de la educación y elementos de la extinta Policía Federal de distintos estados del país realizaron en la Ciudad de México una marcha hacia la sede del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) para demandar una mesa de trabajo con las autoridades y les dé solución a los créditos hipotecarios que se han convertido en “deudas impagables”. Agrupados en el Movimiento Nacional de Afectados por los Créditos Fovissste y Familias Unidas por los Derechos Humanos de los Trabajadores de Alto Riesgo, los afectados afirmaron que ya han pagado el monto obtenido en préstamo con intereses, pero la deuda se ha duplicado y en algunos casos triplicado. Cándido Cruz Vargas, representante nacional del Movimiento Nacional por los Créditos Fovissste, señaló que la tasa de interés sobre la Unidas de Medida y Actualización (UMA) se aplica cada 1 de febrero durante la vida del crédito. Este segundo interés con base en la UMA es resultado de la reforma a la Ley del Fovissste que se realizó en 2016, durante la gestión del ex presidente Enrique Peña Nieto, indicó. Adicional a ello, dijo, el Fovissste “se inventó” un rubro denominado “adeudo vencido”, el cual consiste en que los trabajadores deben pagar por fuera un monto adicional al descuento del 30 por
ciento de su salario base, este último es el que marca la Ley.
Por ello, subrayó que exigirán a las autoridades que se
elimine la UMA para desindexar el crédito, “porque esa es la segunda tasa de interés que afecta al acreditado”. Reclama que aunque el Fovissste anunció una serie de programas para resolver el problema, a la fecha “no tenemos nada tangible”. Cruz Vargas también reiteró la exigencia de que se haga una auditoría al Fovissste, “porque en muchos años no se ha realizado”. Unos 200 trabajadores del sector público procedentes de entidades como Morelos, Michoacán, Ciudad de México, estado de México y Puebla, marcharon desde el Monumento a la Revolución a la sede Issste en la colonia Buenavista.
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En México cerca de 40 mil personas mueren cada año a causa del alcohol, alertan expertos y piden una estrategia para disminuir consumo en menores MEMORANDUM 3.-
En México se estima que 55.5 por ciento de la población adulta de 20 años y más, y al menos 21 por ciento de los niños y adolescentes de 10 a 19 años han consumido al menos una copa de alcohol en el año previo, alerta la doctora Nancy López Olmedo, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Ante los efectos "devastadores" del alcohol, diversas organizaciones en pro de la salud señalaron la necesidad de reforzar las acciones de política pública y sociales para prevenir el consumo y no
normalizarlo, en particular en menores de edad. En conferencia de prensa, señalaron que en el país cerca de 40 mil personas mueren cada año a causa del alcohol, lo que genera altos costos sociales y económicos a las familias.
Juan Núñez Guadarrama de Salud Justa Mx, y Luis Alonso Robledo de la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA), señalaron que en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2023, la prevalencia de consumo de alcohol excesivo, es decir, cinco o más copas en hombres y cuatro o más en mujeres, fue de 13.9 por ciento en adolescentes y 41.9 por ciento en población adulta. Al presentar documento "Los daños del alcohol, un reto para la salud pública", López Olmedo, destacó que se trata de una sustancia psicoactiva. "Una droga legal que hace más lenta la actividad cerebral", por lo que, a mayor consumo, habrá más cambios en el estado de ánimo, comportamiento y autocontrol. Enfatizó que el consumo de alcohol se asocia con lesiones no intencionales, como son las ocasionadas por manejar bajo los influjos del alcohol, caídas, ahogamientos y quemaduras, así como intencionales; es decir, lesiones por violencia. El alcohol también tiene efectos tóxicos, dijo, por lo que se relaciona con enfermedades del hígado, como es la cirrosis y con enfermedades cardiovasculares, como es la presión arterial alta, pero también es factor de riesgo de diversos tipos de cáncer. Núñez Guadarrama llamó a promover un nuevo marco normativo que impida el consumo temprano de alcohol y su desnormalización. “Es inadmisible que el exceso, la venta en vía pública, en estadios deportivos y a menores de edad enluten y lleven a la ruina económica a familias que pierden a uno de sus miembros en plena edad productiva”, agregó. Por su parte, Luis Alonso Robledo, de
Rasa, también hizo un llamado al gobierno federal para que impulse, de manera decidida, una política nacional integral que limite la disponibilidad del alcohol, prohíba su publicidad y promoción —especialmente aquella dirigida menores, además de aumentar significativamente los impuestos como estrategia de reducción del consumo y mitigación de daños.
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