En México 10.6 millones de mujeres y 8.3 millones de hombres fueron víctimas de ciberacoso; Aún así desde el gobierno exhiben datos de ciudadanos MEMORANDUM 1.- La violencia contra las mujeres no se limita a los espacios físicos, sino que ha trascendido y encontrado nuevas formas de manifestarse, como es el entorno de medios digitales, pues un mayor número de mujeres en México es víctima de ciberacoso. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) compartió que 10.6 millones de mujeres y 8.3 millones de hombres fueron víctimas de ciberacoso. El ciberacoso, que vulnera derechos como la privacidad, la integridad emocional, la libertad de expresión y la seguridad de las mujeres, ha avanzado. Tan sólo en el 2020, 22.5 por ciento de las mujeres y 19.3 por ciento de los hombres fueron víctimas de ciberacoso. Para 2024, estas cifras representaron 22.2, muy por arriba del nivel nacional de 21 por ciento, y 19.6 por ciento, respectivamente. La situación de ciberacoso con mayor prevalencia para ambos sexos fue el contacto mediante identidades falsas, con 36 por ciento. En actos de índole sexual, 29 por ciento de las mujeres y 13.9 por ciento de los hombres fueron víctimas de insinuaciones o propuestas sexuales, en tanto que 27.5 y 15.8 por ciento, respectivamente, recibieron contenido sexual. Respecto a provocaciones para reaccionar de forma negativa, 21.4 por ciento de los hombres y 15.7 por ciento de las mujeres reportaron esta situación, mientras que 24.6 por ciento de los hombres y 21 por ciento de las mujeres recibieron llamadas ofensivas y 35.9 y 32.4 por ciento, respectivamente, recibieron mensajes ofensivos. Entre las personas de 12 años y más que reportaron haber sido víctimas de ciberacoso, 21.6 por ciento de las mujeres y el mismo porcentaje de los hombres señalaron que las agresiones provinieron únicamente de personas conocidas. Por otro lado, 17 por ciento de las mujeres y 13.7 por ciento de los hombres identificaron tanto a personas conocidas como a desconocidas como responsables del ciberacoso. El ciberacoso genera diversos efectos en la vida de quienes lo experimentan. El enojo se presentó en 61.1 por ciento de las mujeres y 55.4 por ciento de los hombres; la desconfianza en 39.7 y 33 por ciento; y el miedo, en 34.5 y 16 por ciento, respectivamente. Las medidas más comunes ante el ciberacoso fueron bloquear (a la persona, cuenta o página), tomada por siete de cada 10 de las mujeres y 60.9 por ciento de los hombres; denunciar ante el Ministerio Público, Fiscalía Estatal o el proveedor del servicio, tomada por 13.2 y 8.6 por ciento, respectivamente. Ignorar o no contestar se registró en 12.2 por ciento de las mujeres y 16.5 por ciento de los hombres. Cambiar o cancelar número telefónico, cuenta o contraseña fue una medida tomada por 10.3 por ciento de las mujeres.
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En los primeros 10 meses de 2025 las aseguradoras en México han pagado 8 mil millones de pesos por siniestros MEMORANDUM 2.- De enero a octubre de 2025, las aseguradoras en México han pagado 8 mil millones de pesos por siniestros hidrometeorológicos, lo que representó un aumento de 21 por ciento con respecto al mismo periodo de 2024. Datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Amis) revelan que el incremento en la cantidad de bienes asegurados y la severidad en las lluvias registradas son las razones que están detrás del alza que se ha visto en 2025 en el impacto de los daños por fenómenos hidrometeorológicos. La Asociación detalla que en las lluvias del 7 al 11 de octubre se han registrado, hasta ahora, alrededor de 4 mil 500 millones de pesos. “Con respecto a otros años, en junio y octubre tuvimos lluvias atípicas en algunas zonas del país, infortunadamente se generaron daños en los bienes de las familias, las empresas y la infraestructura de gobierno, y no todos cuentan con un seguro, lo que permite acelerar la recuperación económica. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de contar con protección patrimonial, además de promover la cultura de la previsión en nuestra sociedad”, indica Norma Alicia Rosas, directora general de la Amis. En el caso específico de las precipitaciones causadas por la baja presión en el Golfo de México durante los primeros días de octubre, la Amis reportó un total de 7 mil 134 siniestros, con un monto estimado en daños por 4 mil 473 millones de pesos. El 85 por ciento de ese monto, cerca de 3 mil 793 millones de pesos, corresponde a siniestros de daños, entre los que se encuentran viviendas, comercios e infraestructura federal. El restante 15 por ciento, cerca de 680 millones de pesos, pertenece a vehículos que fueron afectados por el fenómeno natural. El estado más afectado fue Veracruz, con 80 por ciento de los siniestros registrados por estas lluvias, seguido por Puebla, con 9 por ciento e Hidalgo, con 3.8 por ciento. En el caso específico de los automóviles, hubo 2 mil 894 siniestros, de los cuales el 2 mil 778 ocurrieron en Veracruz.
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Desaparición del fondo de reparación implica un grave retroceso para los derechos de las víctimas, advierten colectivos de búsqueda; prácticamente los dejaron en visto MEMORANDUM 3.- Más de 200 organizaciones, colectivos de búsqueda y víctimas externaron su preocupación y su “más enérgica condena” ante la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien avaló desaparecer el fondo mínimo para la reparación integral y atención a víctimas del delito, sin embargo, se hizo caso omiso a su preocupación. Luego de que el máximo tribunal del país rechazó declarar inconstitucional un artículo de la Ley General de Víctimas, reformado en 2020, como planteaba el proyecto del ministro Giovanni Figueroa, quien argumentó que ya existía una sentencia anterior de la extinta primera sala que reconocía que la reforma había sido regresiva al no garantizar la reparación integral del daño a víctimas de violaciones graves a derechos humanos. En un pronunciamiento, Fundación para la Justicia, los centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez, así como las organizaciones que integran el Espacio OSC, entre otras, señalaron que la decisión de la nueva Corte “implica un grave retroceso” para los derechos de las víctimas, ya que abre la puerta a que “las víctimas vean diluidos sus derechos” en virtud de reformas legales que podrían debilitar los mecanismos de protección, atención y reparación. Advirtieron que más grave resulta que la determinación sea adoptada “vulnerando el principio de ‘cosa juzgada’ y la garantía de seguridad jurídica”, al reabrir el debate sobre la constitucionalidad de reformas regresivas a la ley de víctimas. Alerta: “La necesaria declaratoria general de inconstitucional del artículo 132 fracción I de la Ley General de Víctimas era consistente con la línea de protección seguida por la Corte en relación con el principio de progresividad y aseguraba la eficacia del juicio de amparo como garantía constitucional de los derechos humanos”. Insistieron en que la resolución de la SCJN, tomada el martes pasado, vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos y el derecho a la reparación integral, ya que sin un presupuesto y un marco normativo y constitucional robusto, “las medidas de atención, seguimiento, memoria, verdad y garantía de no repetición pierden eficacia y se reducen a buenos deseos en la ley sin impacto alguno en la realidad”. Ante esta problemática, las organizaciones y los colectivos de búsqueda de Sinaloa, Morelos, Estado de México, Jalisco y Guanajuato, entre otras entidades, instaron a la SCJN a respetar y garantizar los derechos humanos, particularmente de las víctimas, evitando la reapertura de debates sobre “reformas regresivas”. También solicitaron al Poder Judicial y al Congreso de la Unión garantizar la progresividad y no regresividad de los derechos de las víctimas y que cualquier reforma futura sea diseñada con la participación de víctimas, de manera transparente y respetuosa de sus derechos humanos. A la vez, Amnistía Internacional se sumó a la preocupación de eliminar la garantía de contar con un presupuesto mínimo y exclusivo para las medidas de ayuda, asistencia y reparación para las víctimas. Recordó que el país está en un contexto de crisis de derechos humanos que ha dejado como saldo el aumento exponencial en el número de víctimas registradas ante el Registro Nacional de Víctimas. En un pronunciamiento, llamó al Poder Ejecutivo y Legislativo a fortalecer las medidas legislativas y de política pública que garanticen los derechos de las víctimas.
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