Advierte diputada del PAN que Ley de desaparición de personas es un ‘dardo envenenado’ para lucrar con víctimas MEMORANDUM 1.-
La Ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Veracruz que se aprobó la semana pasada en el Congreso local es un "dardo envenenado", aseguró la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Indira Rosales San Román. La legisladora afirmó que la reforma que tendría que ser algo positivo para localizar a miles de desaparecidos solo lucra con el dolor de las madres, familias y colectivos que están buscando a sus seres queridos a través de centralizar la información. "La Secretaría de Gobernación va a tener a su cargo, a su libre disposición, la posibilidad de revisar tus cuentas bancarias, a qué escuela van tus hijos, tus vehículos, tus movimientos e incluso los registros religiosos; si estás bautizado o tienes la primera comunión". El gobierno federal tendrá esa gran base de datos y usarla sin ningún tipo de orden judicial, lo que genera riesgos para la población civil, alertó la panista. "Porque esta información puede caer en manos de secuestradores, en manos de extorsionadores y no hay absolutamente nada que los proteja; el INAI justamente lo que hacía era ello, proteger los datos personales de los ciudadanos, ya no habrá ningún tipo de limitante y eso se vuelve sumamente peligroso", sostuvo. Rosales San Román señaló que en el texto se plantea que la Fiscalía General del Estado (FGE) tendrá entes especializados para atender la problemática, sin embargo, no se le asigna presupuesto. El padrón se alimentará de la información que recabe la Secretaría de Gobernación a través de instituciones privadas como bancos, aseguradoras, escuelas, iglesias, entre otras. "El riesgo mayor es que esta información llegue a manos equivocadas, en un estado que sabemos que es víctima del crimen organizado en el norte, centro y sur; entonces por supuesto que existe el riesgo de que esta información de cada una de nuestras familias caiga en manos equivocadas", insistió. La diputada panista concluyó que ante esa situación se presentarán amparos de forma individual para evitar que la información de los ciudadanos se concentre en manos del gobierno federal. La iniciativa enviada por la gobernadora Rocío Nahle García en materia de personas desaparecidas fue aprobada con 41 votos a favor y tres en contra.
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Doblan al INE y entrega constancias a 45 inelegibles que no alcanzaron promedio para ser parte del PFF; fallos del TEPJF son contradictorios, insiste el órgano electoral MEMORANDUM 2.-Desde los altos mandos del País, doblaron, finalmente, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que contra su voluntad, entregó constancia de mayoría a 45 candidaturas ganadoras a magistraturas de circuito y juzgados de distrito que el propio órgano electoral había declarado como inelegibles, en su mayoría por no contar con un promedio mínimo de 8 en la licenciatura o de 9 en la especialidad a la que se postularon, lo que pone en evidencia cual será el nivel del futuro Poder Judicial de la Federación. En ese tenor, la entrega de las constancias las realizó tras acatar distintas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), emitidas ante impugnaciones de los candidatos que fueron reconocidos como ganadores de su cargo, y en las que determinó que el INE no contaba con facultades para interpretar quienes cumplían con requisitos de elegibilidad, y sólo los comités de los tres poderes de la Unión tuvieron esa tarea. De esa manera, en sesión del Consejo General de INE, la mayoría de los consejeros electorales defendieron que la decisión que habían tomado fue con base en las reglas del proceso judicial establecidas en la Constitución, y afirmaron que los fallos del TEPJF con los que se ordenó al INE otorgar dichas constancias de mayoría, son “contradictorios” e incluso no atienden a los principios constitucionales. No obstante, de manera unánime acataron el fallo del Tribunal Electoral al tratarse de una instrucción de la Sala Superior. La consejera presidenta del Consejo General, Guadalupe Taddei, expuso: “No considero que sea un cambio de criterio, no considero que haya sido contradictorio, más bien creo que finalmente sentaron el criterio de diferenciación entre requisitos de idoneidad y requisitos de elegibilidad y con esa idea habremos de hacer las aportaciones del caso en mesas de análisis futuros”. En tanto, la consejera Dania Ravel insistió que es contradictorio que el TEPJF determine que el INE es competente para determinar que en unos casos sí tiene la facultad de revisar los requisitos de elegibilidad, pero en los casos de controversias por el promedio en la especialidad, no lo tiene. El consejero Martín Faz Mora subrayó que “se advierte una contradicción” en el fallo del Tribunal Electoral, ya que “por un lado, se confirma la facultad del INE para verificar requisitos de elegibilidad, por otro, se niega dicha atribución al considerar que corresponde exclusivamente a los comités de evaluación. Esta inconsistencia genera incertidumbre sobre el alcance competencial del Instituto al hacer una diferencia entre los requisitos del artículo 97 constitucional”. Por su parte, la consejera Claudia Zavala, coincidió en que hay “incongruencias o contradicciones” en las resoluciones del TEPJF, pero ante la instrucción de esa instancia de otorgar las constancias de mayoría, apuntó que “tiene que haber es una exigencia clarísima a los comités para que expliciten cuál es la forma en la que llevan a cabo la revisión de estos análisis, de estos requisitos de elegibilidad, porque se exploró todos los expedientes, todo lo que envió el Poder Legislativo producto de este trabajo y evidentemente el Poder Judicial no concluyó con su proceso, entonces el comité no hizo un análisis de requisitos de elegibilidad y no se encontró ninguna metodología, ningún análisis, ningún acto de autoridad, a partir del cual se pudiera señalar que los comités llevaron a cabo esta revisión”. Instantes después, al entregar las constancias a los candidatos, dentro de la sesión del Consejo General, Guadalupe Taddei expresó que “quienes en este acto reciben sus constancias de mayoría las reciben con el mismo valor jurídico y político, sin importar si fueron entregadas directamente tras el cómputo de votos o como resultado de una sentencia derivada de un medio de impugnación. Su elección no es menos legítima ni menos válida, al contrario, representa la fortaleza de nuestras instituciones para corregir, garantizar y proteger la voluntad ciudadana”. Dentro del grupo de 45 candidatos que hoy obtuvieron su constancia, también se encuentran 12 mujeres a quienes se les devolvió el triunfo, luego que, por principio de paridad de género y pese a obtener mayoría de votos, se le había otorgado a un hombre, pero el TEPJF determinó que este principio debe favorecer siempre a las mujeres. También hay un par de casos de quienes no ganaron su elección, pero al ser declarado el primer lugar como inelegible, pidieron aplicar el artículo 97 constitucional para conceder el triunfo al segundo lugar.
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Tras rechazo unánime a sentencia en contra de cinco periodistas por VPG, ahora dice PVEM que respeta la libertad de expresión MEMORANDUM 3.-
A pesar de que militantes del Partido Verde han usado la denuncia por violencia política de género como una herramienta para evadir la crítica y la rendición de cuentas, luego de la sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por Violencia Política de Género (VPG) en contra de cinco periodistas de Veracruz y en agravio de de Mara Chama, excandidata del PVEM y Morena a la alcaldía de Teocelo en 2021, el diputado local y ex dirigente estatal de ese partido, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, se dio golpes de pecho al asegurar de dientes para afuera que en el PVEM hay respeto a las mujeres, “pero también hay respeto a la libertad de expresión y sobre todo consenso muy puntual en que hay que defender la libertad de prensa”. Y es que, ante el rechazo unánime de la sentencia por parte del gremio periodístico, el también coordinador de la bancada del Partido Verde en el Congreso del Estado, aseguró que su partido respeta, promueve y respalda el derecho a la información y de los periodistas a hacer su trabajo. Sin embargo, al referirse a la queja por VPG iniciada por Mara Chama, el diputado local afirmó que su partido respeta en lo individual a cada uno de sus militantes, quienes, dijo, tienen el mismo derecho de cualquier ciudadano de concurrir a las instancias jurídicas para hacer valer sus garantías. “A título personal ella está llevando a cabo una defensa de lo que ella considera son sus derechos políticos como ciudadana a ser votada, y las resoluciones en ese sentido van más allá del margen de acción del Partido Verde como tal”, aseguró. Según Ruiz Sánchez, el PVEM respeta a los medios y sus líderes están convencidos de que el periodismo responsable y profesional es necesario para que la población sepa de los esfuerzos que hacen todos los partidos políticos. "Los tribunales resolverán quién tiene la razón”, aseguró tratando de lavarse las manos. Mientras tanto, la sentencia por Violencia Política de Género en contra de cinco periodistas de diversos medios de comunicación del estado de Veracruz provocó el rechazo del gremio periodístico y de diversas asociaciones civiles del país. Artículo 19 – Oficina para México y Centroamérica reprobó la determinación de la Sala Regional Especializada del TEPJF, que obliga a los periodistas sancionados a pagar una multa de 10 mil pesos, retirar sus publicaciones, pedir una disculpa pública a Mara Chama y ser inscritos en el padrón de violentadores. No obstante, esta organización ha documentado un abuso de estas normativas en las cuáles se desvirtúa el propósito y objetivo de estas normativas de proteger a las mujeres, y por el contrario se utilizan como una herramienta para limitar la información de relevancia pública. De acuerdo con el reciente informe 2024 ‘Barreras informativas’, ARTICLE alertó sobre el crecimiento del acoso judicial como método de censura. Con 21 casos documentados en ese año, en promedio cada tres semanas se comenzó un proceso contra periodistas por sus investigaciones o publicaciones. El 28.57% de estas denuncias utilizaron las normas sobre violencia política de género para silenciar a la prensa”, concluyó la organización el 17 de mayo de 2025. Así las cosas.
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