Al menos 45 empresas de Coatzacoalcos y Poza Rica, en situación crítica por pagos pendientes de Pemex MEMORANDUM 1.- De acuerdo con Juan Manuel García González, vicepresidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), al menos 45 empresas veracruzanas, ubicadas principalmente en Coatzacoalcos y Poza Rica, enfrentan una situación crítica debido a pagos pendientes de Petróleos Mexicanos (Pemex). El dirigente empresarial explicó que los adeudos comenzaron en 2023 y se han prolongado durante 2024, afectando a empresas de distintos sectores en todo el país. En algunos casos, dijo, las facturas llevan hasta 20 meses sin ser liquidadas. No obstante, todavía no se ha dado a conocer un monto global de la deuda. “Ahora se va a empezar una programación de pagos en el sur del estado, no tenemos monto aún”, señaló. García González aseguró que el gobierno federal ya estableció un compromiso para regularizar los pagos, aunque reconoció que la demora ha colocado a muchas empresas en una situación económica crítica, donde varias apenas logran sostenerse. “Lo bueno es que hay un compromiso de pago que se va a dar pronto”, insistió. El dirigente empresarial también advirtió que las fallas en el suministro eléctrico representan otro problema para la industria veracruzana. Dijo que los apagones frecuentes impactan directamente en los procesos productivos, provocando pérdidas económicas significativas. “En varias ocasiones hemos solicitado apoyo a la Comisión Federal de Electricidad, pero las interrupciones continúan. Por ello, ya analizamos alternativas como energías renovables para garantizar un suministro constante que nos permita seguir operando”, explicó. García González recordó que los cortes de energía no solo afectan a las industrias, sino también al comercio. Un ejemplo reciente es el del centro histórico de Veracruz, donde se reportó más de 24 horas sin electricidad, lo que perjudicó tanto a los habitantes como a negocios y restaurantes, con pérdidas económicas considerables. Así las cosas.
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Advierte Coparmex por elevada deuda ante Conagua y condiciones precarias en Ciudad Industrial Bruno Pagliai MEMORANDUM 2.- Además de mantener una elevada deuda con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Ciudad Industrial Bruno Pagliai enfrenta condiciones precarias en vialidades, alumbrado público y drenaje, lo que podría afectar la operación de las empresas asentadas en la zona. De acuerdo con Jorge Maynez, presidente de la Coparmex en Veracruz, “está muy complejo el asunto porque es un monto bastante importante (...) esto ya lo conoce seguramente el gobierno, que ha estado interviniendo para saber qué más existe en el manejo del fondo del futuro”. El dirigente empresarial explicó que las calles presentan numerosos baches y hundimientos, y se inundan con frecuencia, lo que dificulta la movilidad de trabajadores y la operación normal de las empresas. Maynez advirtió que, de continuar la situación de la deuda con Conagua, podría interrumpirse el suministro de agua a las compañías de la ciudad industrial, generando serios problemas operativos. Destacó que se trata de uno de los temas graves. “Las semanas anteriores hemos visitado algunas empresas de nuestros socios y nos hemos percatado de las condiciones en las que se encuentran; es difícil operar así”, aseguró. El empresario subrayó la necesidad de aclarar el manejo de los recursos del Fondo del Futuro, creado en 2010 para impulsar a los sectores productivos de Veracruz. Según el estado de resultados del fideicomiso del 1 de enero al 30 de junio de 2025, ingresaron 22 millones 920 mil 716 pesos; sin embargo, estas aportaciones no se han reflejado en mejoras de infraestructura. Durante el primer semestre de este año, los gastos de operación fueron de 20 millones 736 mil 240 pesos, principalmente en “otros gastos de administración” (más de 12 millones) y “otras prestaciones al personal” (casi 8 millones, incluyendo sueldos y beneficios). En ese sentido, explicó que el contralor general del Estado actúa como comisario del fondo, cumpliendo funciones de vigilancia y supervisión, según la Gaceta Oficial. Recientemente, la gobernadora Rocío Nahle advirtió que el próximo año se tomarán decisiones drásticas sobre la ciudad industrial debido a irregularidades detectadas en el manejo del fideicomiso. Aceptó que existen problemas en calles, alumbrado y drenaje, y que el gobierno podría intervenir para repararlos, sin que necesariamente el recurso provenga del fondo fiduciario. Actualmente, la asociación empresarial de Ciudad Industrial trabaja con el gobierno del Estado, y aproximadamente 200 de los 300 empresarios forman parte de este grupo. Por su parte, la contraloría estatal analiza la situación del Fondo del Futuro para determinar las acciones a seguir.
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Veracruz encabeza casos de acoso judicial contra periodistas críticos con 10 procesos, revela artículo 19 MEMORANDUM 3.- La organización internacional Artículo 19 reveló que del primero de enero al 31 de julio del 2025 se ha documentado un alarmante aumento de acoso judicial contra periodistas en el país, pues hasta el momento se contabilizan 51 instancias documentadas en 17 estados. Los tres estados con más procesos iniciados contra periodistas son Veracruz, con 10; Ciudad de México, con nueve, y Jalisco, con seis, seguido por Campeche, Oaxaca y Puebla con tres instancias cada uno. Con relación a Veracruz, Artículo 19 lleva el registro de que hay procesos donde una misma figura política denuncia por violencia política de género a decenas de personas, a medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil por una mera mención de nepotismo en sus publicaciones. “A la fecha de redacción de este reporte, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE Veracruz) sigue enviando notificaciones, resaltando como una misma persona puede silenciar a grupos enteros abusando de estas herramientas”, detalla el texto. La organización emitió un documento donde lamentó que se está haciendo uso de las leyes como mecanismo de censura, por lo que se ha reportado que 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres), así como 12 medios de comunicación, han sido notificados sobre procesos legales iniciados en su contra. Refirió que la cifra significa que, en promedio, se inicia un nuevo proceso judicial o administrativo contra periodistas cada cuatro días, lo que refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información. Aunque los primeros sucesos comenzaron desde el año 2016, en el primer semestre de 2025 la cifra ha crecido de forma preocupante, lo que representa que ahora, la violencia contra la prensa ya no se limita a agresiones físicas o amenazas, sino que se traslada a los tribunales mediante demandas, denuncias y procedimientos administrativos o electorales. “Preocupa especialmente el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), diseñada originalmente para combatir la discriminación estructural que enfrentan las mujeres en México. Esta figura se ha convertido en un instrumento para inhibir el debate público, llegando incluso a eliminar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder”, se lee en el desplegado. Los procesos judiciales o ministeriales iniciados contra periodistas están relacionados con sus investigaciones, notas periodísticas o publicaciones en redes sociales que para los denunciantes llegan a resultar incómodos. El acoso judicial representa una estrategia de desgaste, de recursos económicos, legales y humanos para la prensa y buscan enviar no sólo un mensaje individual a quien se le inicia el proceso, sino un mensaje colectivo a todas las personas periodistas o personas defensoras de derechos humanos quienes ejercen su libertad de expresión. De las incidencias, 23 fueron personas funcionarias públicas (varias de ellas en proceso reelección de su puesto o en proceso de candidatura de uno nuevo), seguido de 18 particulares, y con 10 procesos iniciados directamente por partidos políticos y candidaturas (sin un puesto como persona funcionaria al momento de la agresión). En ese tenor, la organización consideró que, si esta tendencia continúa, el espacio para el periodismo crítico se reducirá aún más, por lo que hizo un llamado urgente a revisar los marcos normativos que están siendo utilizados como herramientas de censura en México. “La organización exige a las autoridades abstenerse de hostigar a la prensa mediante vías electorales, civiles, penales o administrativas (…) Utilizar medios como el derecho a réplica enmarcado en el Artículo sexto Constitucional, así como su Ley Reglamentaria, como un mecanismo para corregir o contrarrestar información inexacta o errónea. A los poderes ejecutivos estatales y federal, abstenerse de utilizar la VPEG y el aparato electoral y judicial para acallar a la crítica, recordando que deben ser tolerantes al escrutinio público, a discursos críticos, incómodos o incluso chocantes u ofensivos”. También al Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales locales, a aplicar con rigor los estándares de libertad de expresión en la valoración de casos que incluyan la crítica y la información sobre temas de interés público; al Congreso de la Unión y congresos estatales, reformar la legislación sobre VPEG para establecer límites claros sobre su uso, incorporando excepciones que excluyan expresamente el periodismo y la crítica ciudadana a personas con proyección pública o personas funcionarias públicas, así como derogar aquellas legislaciones contrarias a la libertad de expresión en el ámbito penal como lo son los “delitos contra el honor”, “el halconeo”, “los ultrajes”, la “difamación” o “calumnias” en acorde a los estándares internacionales de libertad de expresión. Y al INE y al TEPJF, a revisar sus criterios interpretativos para garantizar que no se sancione el ejercicio de la libertad de expresión bajo la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
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