Coatzacoalcos, única ciudad del estado en registrar un aumento en la percepción de inseguridad, revela el INEGI MEMORANDUM 1.- Con base en datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el INEGI, Coatzacoalcos se ubicó como la única ciudad del estado de Veracruz en registrar un aumento en la percepción de inseguridad durante el último trimestre del año pasado, con un 71.7 por ciento. A diferencia de Coatzacoalcos, otros municipios clave en Veracruz mostraron mejorías significativas al cierre de 2025. El puerto de Veracruz, bajó del 70.0 por ciento al 62.7 por ciento; Xalapa, descendió del 61.9 por ciento al 57.0 por ciento. A nivel nacional, el promedio de percepción de inseguridad se situó en 63.8 por ciento siendo las mujeres con un 69.4 por ciento quienes reportan sentirse más vulnerables en comparación con los hombres que engloban el 57.1 por ciento. En Coatzacoalcos la tendencia fue opuesta. En septiembre de 2025, el 71.7 por ciento de los habitantes adultos consideraba inseguro vivir en la ciudad; sin embargo, para diciembre, esta cifra escaló al 75.8 por ciento reflejando un evidente deterioro en el ánimo social al finalizar el año. El panorama para el presente año no es alentador. La encuesta publicada este viernes señala que el 33.7 por ciento de la ciudadanía prevé que el clima delictivo mantendrá la misma tendencia negativa durante los próximos meses de 2026. Esta percepción se ve reforzada por un inicio de año violento: en las primeras semanas de enero, la ciudad ya ha sido escenario de cuatro ejecuciones registradas en diversos puntos estratégicos, lo que valida el temor de los habitantes sobre la continuidad de la crisis de seguridad. El reporte del INEGI destaca que, más allá de la ubicación geográfica, los ciudadanos se sienten particularmente vulnerables en espacios específicos, como los cajeros automáticos en vía pública en un 72.3 por ciento. El transporte público y calles con un 64.9 por ciento y en carreteras en un 58.9 por ciento.
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Reconocer aborto como una forma de autocuidado permite abordarlo desde una perspectiva de dignidad y bienestar: Ipas LAC MEMORANDUM 2.- Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC), indica que el arranque de un nuevo año es una oportunidad para retomar compromisos pendientes en materia de derechos humanos, uno de ellos es “reconocer y garantizar el aborto como parte del derecho al autocuidado, una condición indispensable para la dignidad, la autonomía y la salud de las personas”. El subdirectora de Incidencia de la agrupación internacional Marisol, Escudero Martínez, señala que este 2026 comienza con “consensos claros en derechos humanos, y la pregunta ya no es si el aborto es un tema de cuidado, sino ¿cuándo los Estados van a garantizarlo?”. explica que reconocer el aborto como una forma de autocuidado permite abordarlo desde una perspectiva de dignidad y bienestar, y también visibiliza el trabajo de cuidado históricamente sostenido por mujeres y comunidades que acompañan procesos de salud sexual y reproductiva. Al mismo tiempo, refuerza la obligación estatal de garantizar atención oportuna y de calidad, especialmente para quienes enfrentan mayores barreras de acceso. De acuerdo a Ipas LAC, en Latinoamérica y el Caribe, el acceso al aborto es desigual, ya que en países como Bahamas, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana y Surinam sus leyes prohíben de manera absoluta la práctica de este servicio de salud e imponen sanciones penales tanto a las personas que interrumpan un embarazo como a quienes les asistan. Existen otros países en los que se permite a las personas solicitar y acceder a un aborto seguro dentro de un plazo gestacional con independencia de las razones que tenga para ello y otros en los que el aborto es legal sólo en algunas situaciones específicas. “En la Guyana, la legislación permite el aborto a voluntad hasta las ocho semanas de gestación. En Uruguay, así como en varios estados de México la ley lo permite hasta las 12 semanas (en Sinaloa hasta la semana 13), y en Argentina y la Guyana Francesa hasta la 14”. Los leyes de Latinoamérica y El Caribe reconocen 14 situaciones o condiciones permitidas, variando de país a país. Una de ellas se permite cuando el embarazo es producto de violencia sexual, la que se aplica en los 32 estados de México, en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Barbados y la Guyana. También, si la vida de la embarazada corre peligro, vigente en 25 estados de México, Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Belice, Barbados, Dominica, Antigua and Barbuda, Saint Kitty and Nevis, Puerto Rico y la Guyana. Otra es cuando exista la probabilidad de que la salud de la persona embarazada pueda verse afectada por la gestión, causal está prevista en 20 estados de la república mexicana, en Argentina, Colombia, Costa Rica, Belice, Cuba, Puerto Rico, Ecuador, Bolivia, Perú, Uruguay, Barbados, la Guyana y la Guyana Francesa, entre otras causales. Destaca que cuando la autogestión del aborto, cuando se realiza con información confiable y acceso a medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud es una práctica segura y eficaz, por lo que garantizar el acceso a esta información y a estos insumos es una medida concreta para proteger la salud, prevenir prácticas inseguras y fortalecer la autonomía reproductiva. la subdirectora de Fortalecimiento de Ipas LAC, Mara Zaragoza, comenta que “reconocer el aborto como autocuidado no es una concesión, es una obligación derivada del derecho al cuidado y a la salud”. Llamó a los Estados de la región a iniciar el año con acciones concretas: “fortalecer marcos normativos, garantizar servicios de salud sexual y reproductiva accesibles y eliminar las barreras que impidan a las personas decidir sobre su propio cuerpo. La vida digna y la justicia social no pueden seguir esperando.”
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Le aplican otra orden de aprehensión a Goyo Gómez por despojo y frenan su regreso a resguardo domiciliario MEMORANDUM 3.- Pese a que un juez federal ya había sido autorizado su regreso a resguardo domiciliario, una nueva orden de aprehensión por el delito de despojo impidió la salida del penal de Pacho Viejo de Gregorio Gómez Martínez, exalcalde de Tihuatlán. La defensa informó que un juez modificó la medida cautelar que lo mantenía en prisión, lo que permitió autorizar su egreso. Sin embargo, la diligencia quedó sin efecto luego de la notificación de un nuevo mandato de captura dentro del reclusorio. El abogado Luis Enrique González Lira señaló que se encontraba en el penal realizando los preparativos para la salida de su cliente cuando se ejecutó la nueva orden. “Ingresé al reclusorio para hacer los preparativos de su egreso, ya autorizado por un juez de Pacho Viejo. Sin embargo, estando con el señor Gregorio Gómez Martínez, llegaron dos elementos a notificarle la ejecución de una nueva orden de aprehensión”, aseguró. De acuerdo con la defensa, el nuevo proceso penal deriva de una imputación por el delito de despojo relacionada con un predio ubicado en Poza Rica, presuntamente ocurrido en 2020. “Es un delito de despojo sobre un lote en Poza Rica, Veracruz, del cual el señor Gregorio Gómez ni siquiera ha tenido conocimiento ni contacto alguno”, sostuvo el litigante. De acuerdo con el mandato judicial, se atribuye al exalcalde la participación, junto con otras siete personas, en un despojo presuntamente cometido con violencia y uso de armas. “Lo que se señala es que ingresó con otras siete personas, con armas largas, y despojaron a quienes habitaban el lugar. Eso es lo que viene en el mandato de captura”, explicó. Tras la ejecución de la nueva orden, Gómez Martínez fue puesto nuevamente a disposición de la autoridad judicial para la celebración de una audiencia inicial. “La Constitución establece que debe ser puesto de inmediato a disposición del juez. En unos minutos estaremos entrando a audiencia”, aseguró González Lira. La defensa anticipó que el Ministerio Público podría solicitar una medida cautelar restrictiva de la libertad, pese a que, afirmó, el delito imputado no amerita prisión preventiva. “Es probable que pretendan mantenerlo en Pacho Viejo, aun cuando no sea legal ni constitucional, porque ya contaba con una medida cautelar distinta a la prisión”, afirmó. El abogado reconoció que la autoridad podría argumentar el carácter violento del hecho, lo cual, dijo, será materia de debate en audiencia. Horas antes, la defensa había informado que un juez ordenó el regreso de Gómez Martínez a resguardo domiciliario, luego de que el pasado 9 de enero fuera trasladado al penal de Pacho Viejo bajo el argumento de un riesgo derivado de una supuesta fuga en un ducto de Pemex cercano a su vivienda, en Tihuatlán. González Lira indicó que su cliente padece una enfermedad crónico degenerativa y que su estado de salud es delicado. Goyo Gómez, identificado con el PRD, enfrenta además un proceso penal por el delito de homicidio doloso calificado, relacionado con el asesinato del exdiputado federal Nicanor Martínez Olguín, ocurrido en 2021. Así las cosas.
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