Los gobernadores de Coahuila, Durango, Aguascalientes y Chihuahua son dueños hoy de los poderes judiciales locales, advierten MEMORANDUM 1.- La elección del 1 de junio creó “nuevos hilos del control judicial” al debilitar a las presidencias de los sistemas judiciales y redistribuir el poder entre nuevos órganos y gobernadores, lo que podría traducirse en mayores márgenes de impunidad, advierte el Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia. Ana Laura Magaloni, coordinadora de la iniciativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana, explica que los nuevos centros de poder se están reconfigurando en tres frentes: el Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos integrantes fueron elegidos mediante mecanismos dominados por estructuras políticas estatales; el Órgano de Administración Judicial, que incluye representantes del Ejecutivo y el Congreso; y los gobernadores, que ahora controlan estructuras clientelares con capacidad de movilizar el voto en elecciones judiciales locales. Durante un foro académico, Magaloni advirtió que este nuevo control podría traducirse en impunidad para los gobernadores que logren colocar a sus jueces. “La oposición jugó idéntico, pero jugó donde podía jugar: los gobernadores de Coahuila, Durango, Aguascalientes y Chihuahua son dueños hoy de sus poderes judiciales locales... que les van a durar esos nueve años... y eso les garantiza a estos gobernadores una dosis de impunidad”, señala. Magaloni señala que el sistema anterior centralizaba la influencia en las presidencias de la Corte y los tribunales superiores, que podían incidir en la carrera judicial y en el castigo o recompensa a jueces. Esos tiempos, dijo, han terminado: ahora las presidencias duran dos años, no encabezan consejos de la Judicatura y ya no controlan la trayectoria de los juzgadores. “Ya no hay un orden desde el centro”, afirmó. Magaloni anticipó que la justicia se “va a territorializar”, ya que el poder judicial local cobrará un peso decisivo. En el pasado, el amparo federal parecía una instancia superior más imparcial, pero hoy las primeras y segundas instancias serán determinantes, y estarán sujetas a dinámicas políticas locales. Por su parte, el académico Ricardo Ortega Soriano sostuvo que la elección judicial representó un retroceso, al alejar la posibilidad de contar con “árbitros independientes”. Advierte, que los comicios revivieron viejas prácticas de manipulación electoral, como el acarreo de votos, pero también estableció nuevas, como el uso de acordeones para guiar el voto. “La reforma judicial le pega a los pilares de la independencia del sistema”. Afirmó que, si bien México no tenía un sistema de justicia sólido, la reforma no resolvió sus problemas, sino que los agravó. En el foro, los periodistas Daniel Moreno y Gabriela Warketin también presentaron un informe de trabajos periodísticos que documentaron las irregularidades en la elección judicial.
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Impulsa Morena reforma para interrupción de embarazo hasta 12 semanas, se busca que los servicios de interrupción sean gratuitos y libre de discriminación MEMORANDUM 2.- La diputada María Teresa Ealy Díaz, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación en todo el territorio nacional. El objetivo es eliminar la criminalización de esta práctica y establecer un marco legal uniforme que garantice acceso universal, seguro, gratuito y libre de discriminación a los servicios de interrupción del embarazo. Ante la Comisión Permanente Ealy Díaz argumentó que negar este derecho perpetúa la subordinación histórica de las mujeres y representa una forma grave de violencia institucional. “Obliga a muchas a recurrir a procedimientos clandestinos e inseguros o a enfrentar embarazos no deseados que vulneran su dignidad e integridad”, afirma. La propuesta plantea modificar el artículo 4º de la Constitución Política para reconocer de manera explícita el derecho de toda persona a decidir de forma libre, informada y responsable sobre su reproducción. La iniciativa resalta que la actual disparidad legal entre las entidades federativas ha generado un escenario de desigualdad, en el que el acceso a este derecho depende del lugar de residencia. Aunque 18 estados han despenalizado el aborto hasta la semana 12, otros mantienen marcos restrictivos que contradicen los principios constitucionales de igualdad, no discriminación y derecho a la salud. La legisladora resalta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha emitido resoluciones clave en la materia. En la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, invalidó disposiciones del Código Penal de Coahuila que criminalizaban el aborto. Posteriormente, en septiembre de 2023, declaró inconstitucionales artículos del Código Penal Federal, obligando a instituciones como el IMSS, ISSSTE y Pemex a garantizar el servicio de aborto de manera gratuita y sin discriminación. Sin embargo, subrayó que, aunque estas resoluciones son vinculantes, no sustituyen a una reforma constitucional que otorgue plena certeza jurídica. “Elevar a rango constitucional el derecho a decidir, elimina ambigüedades, protege frente a regresiones futuras y asegura su aplicación en todo el país”, señala. La propuesta también se fundamenta en compromisos internacionales asumidos por México, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Protocolo de San Salvador y la Convención de Belém do Pará, los cuales establecen obligaciones para garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. El texto propuesto para el artículo 4º establece que toda persona tiene derecho a decidir de forma libre, informada y responsable sobre su reproducción.
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Sin Certificado Único Policial más de 21 mil elementos de la Guardia Nacional, 6 años no les han alcanzado para el control de confianza MEMORANDUM 3.- Han pasado seis años de la creación de la Guardia Nacional, y poco más de 21 mil elementos no cuentan con el Certificado Único Policial (CUP) y las evaluaciones que lo conforman como el control de confianza, formación inicial o equivalente, evaluación de competencias básicas o profesionales y evaluación del desempeño. Esto significa que solo el 85 por ciento de los 137 mil 716 elementos distribuidos en todo el territorio nacional cuentan con ese requisito establecido para todas las corporaciones policiacas del país, mientas que el 15 por ciento no tiene ese requisito, revela el Informe Anual de Actividades de la Guardia Nacional correspondiente a 2024, que envió a la Comisión Permanente donde se establece que una de las prioridades del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es lograr que todas las policías de las entidades federativas y municipios cuenten con el CUP y las evaluaciones que lo conforman. El documento agrega que los procesos de certificación determinan si los integrantes de la Guardia Nacional cuentan con los conocimientos y el dominio en la función que desempeñan, garantizan que los conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos para el desarrollo profesional se cumplan cabalmente y estén apegados a estándares nacionales e internacionales en materia de seguridad pública. Detalla que, en el marco del Modelo Nacional de Evaluación de Control de Confianza, la Guardia Nacional aplicó 59 mil 520 evaluaciones, lo cual significó un incremento del 6 por ciento en comparación al año anterior. Como resultado de este conjunto de evaluaciones, en el 2024 el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Guardia Nacional, logró la certificación de 34 mil 576 elementos. Con esto ahora son 116 mil 95 integrantes, de los 137 mil 716 elementos del total de elementos que conforman la GN es decir, el 85 por ciento quienes cuentan con su Certificado Único Policial (CUP), el cual reconoce las capacidades y competencias profesionales de sus integrantes para desarrollar sus funciones. En el documento de 100 páginas también se detalla la integración, despliegue operativo, acciones relevantes y estado disciplinario del cuerpo de seguridad federal. De ese total, 108 mil 089 efectivos se encontraban desplegados en las 32 entidades federativas, asignados a las Coordinaciones Estatales, mientras que 18 mil 736 se integraron a unidades especializadas dedicadas a inteligencia, investigación, seguridad en penales y carreteras, protección del patrimonio cultural y de áreas naturales protegidas, así como fuerzas de reacción inmediata. Otros 10 mil 891 elementos operaron desde la Ciudad de México en labores administrativas, de mando, dirección y control bajo la Comandancia de la Guardia Nacional. Las entidades con mayor presencia de efectivos fueron Guerrero, con 9 mil 518; Estado de México, con 8 mil 847, y Oaxaca, con 8 mil 318. En cuanto a las intervenciones con armas de fuego, la corporación reportó 262 casos en los que se hizo uso de la fuerza letal, bajo los principios de excepcionalidad y última instancia, conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. El personal de esta fuerza de seguridad pública sufrió 284 agresiones armadas, de las cuales 262 se repelieron utilizando armas de fuego; 53 por ciento de las agresiones se concentraron en seis entidades: Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sonora y Tamaulipas. Durante 2024, no se emitieron recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por excesos en el uso de la fuerza. Como resultado de labores de prevención e investigación, la Guardia Nacional detuvo a 10 mil 69 personas, de las cuales 2 mil 704 fueron puestas a disposición del Ministerio Público federal, 2 mil 746 ante autoridades del fuero común y 4 mil 619 por faltas administrativas
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