En Veracruz la seguridad tiene un precio; candidatos deben pagar alimentos, traslados y hospedajes a guardias del estado MEMORANDUM 1.- En Veracruz la seguridad tiene un precio. Y es que, a pesar de que al menos 150 candidatos tienen seguridad otorgada por el gobierno del estado, el detalle que incomoda a los dirigentes de los partidos de oposición y candidatos es que los gastos como alimentos, traslados y hospedajes corren a cargo de la campaña, es decir, “tu seguridad tiene un precio”. Como fuera, la violencia se ha hecho presente en el proceso electoral municipal en Veracruz. A Morena le ejecutaron dos candidatos a alcalde. El PRI no logró abanderados en cuatro municipios por amenazas, mientras que el PAN en dos municipios hace solo campañas en redes sociales para evitar a la delincuencia. Incluso la forma de hacer campañas también cambió, pues además de la pérdida de militantes y simpatizantes que han sufrido los partidos por sus errores y traiciones, las imágenes de los últimos años de candidatos ejecutados a plena luz del día y durante sus mítines transformó la forma de hacer proselitismo. Los grandes eventos masivos se fueron. Ahora son pequeñas reuniones en colonias, dentro de casas, con acceso controlado. Hasta un autoimpuesto toque de queda de que las campañas acaban a las 20:00 horas para no exponerse. En este marco, el presidente del PRI, Adolfo Ramírez, asegura que en 20 años de experiencia electoral “nunca se había vivido un clima de violencia y de control del crimen organizado” en Veracruz. Su partido no pudo lograr candidatos en cuatro municipios por los amagos de la criminalidad. Dice que en un municipio “nos bajaron a ocho candidatos, y declaramos desierto ese municipio”. Afirma además, que el calificativo de “chillones” que les dieron desde el gobierno del estado es otra prueba del abandono en seguridad, así como el ataque a su sede en Xalapa, donde a plena luz del día, durante 40 minutos decenas de embozados quemaron vehículos, mobiliarios, documentos y hasta golpearon a un trabajador sin que alguna autoridad interviniera. “En el PRI hemos sido afectados con amenazas e intimidación. Creo que a todos los partidos les está pasando y esto no debe de suceder más. No es algo que se deba de minimizar. Al contrario es de llamar la atención. Ha habido derramamiento de sangre. Y la respuesta que tenemos del gobierno son calificativos en lugar de acciones que mejoren la seguridad”, lamentó. En su partido, al menos 10 candidatos aceptaron la seguridad del gobierno del estado, aunque no están de acuerdo con que ellos deban absorber el costo económico. “Cuando la delincuencia organizada se mete en un proceso electoral quiere decir que están apadrinando candidatos y que quieren que lleguen a gobernar para dominar las plazas regionales y ante eso el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Es una situación que ya se les salió de control”, sostuvo. Aún con miedo, amenazas y el abandono del gobierno del estado, las campañas electorales en Veracruz van a su recta final en la que el resultado estará manchado por las balas y sangre. Por su parte, el dirigente del PAN en Veracruz, Federico Salomón, dice que desde noviembre del año pasado tuvieron problemas para encontrar candidatos, por lo que las medidas que hizo el CEN blanquiazul les ayudaron a dar las nominaciones a ciudadanos y así lograr abanderados en los 212 municipios. Desde aquellas fechas, su partido detectó 17 focos rojos que, conforme avanzaron los días y el proceso electoral, fueron aumentando por toda la entidad. “Tuvimos mucha gente que levantó la mano para ser candidato, pero luego la bajaron argumentando que no quería que atentaran contra su vida, ni la de su familia”, aunque no dijo que muchos lo hicieron debido a la imposición de candidatos afines a los cacicazgos enquistados en el partido. Según Federico, el 90 por ciento de sus candidatos a alcaldes, síndicos y regidores está conformado por ciudadanos que apenas hace unos meses se dedicaban a todo menos a la política. “Hay un clima inseguro donde realmente es muy difícil hacer campañas aquí en Veracruz. En general, entre todos los partidos ha habido más de 200 sustituciones, tenemos 150 candidatos que han solicitado el tema de seguridad, en el caso nuestro son nueve los que han solicitado”, detalla. Presume que desde su oficina se dictó una nueva manera de hacer campañas para salvaguardar la integridad de sus candidatos, militantes y asistentes, lo que de paso le ha servido de coartada para justificar su pérdida de simpatizantes. Los mítines y eventos masivos quedaron eliminados. Se cambiaron por reuniones vecinales en casas y lugares de acceso controlado, además de que las actividades de campaña acaban sí o sí, a las 20:00 horas. “Es lamentable que no se quiera reconocer el problema, inclusive la propia gobernadora externó en una entrevista que éramos chillones. Fue muy lamentable esa declaración porque creo que no está viendo la realidad de lo que ocurre en Veracruz”, sostuvo. De los nueve municipios donde tienen extremada la seguridad de sus candidatos, es en Cosautlán, Oluta y Alto Lucero donde sus abanderados hacen únicamente campaña en redes sociales. Toño May, aspirante a la alcaldía de Río Blanco, hasta hace seis meses era un empresario local dedicado a su familia. Nunca imaginó que, tras recibir la llamada del PAN para ser su abanderado, la siguiente sería del crimen organizado para quererlo bajar de la contienda electoral. “Por teléfono ha recibido varias amenazas. Ya sabes, no se sabe de quién, solo hablan con palabras altisonantes, me dicen que me baje, que no participe. Pero aquí seguimos con firmeza y valentía, pero también con miedo”, reconoce. May es uno de los nueve candidatos del PAN que ha recibido protección del gobierno del estado, y aunque a sus dirigentes les molesta que la campaña pague por esa seguridad, él lo hace con agrado y reconoce el trabajo que le brindan. “Son dos elementos que me cuidan noche y día, ellos se encargan de la logística de los eventos y de cuidarme a mí y a mí familia. Acá les pagamos con gusto sus alimentos y hospedajes, es un reconocimiento a su labor y trabajo”, sostuvo. Sin embargo, también sigue las instrucciones del PAN desde Xalapa de tener eventos controlados y concluir sus actividades a las 20:00 horas. Así las cosas.
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Fallece motociclista en avenida Lázaro Cárdenas y policía municipal agrede a reportero, en Xalapa; Muere septuagenario tras fuerte accidente en Las Cumbres de Maltrata y menor resulta herido de gravedad MEMORANDUM 2.- Un hombre perdió la vida luego de sufrir un accidente en su motocicleta, alrededor de las 8:30 am de este domingo. El percance ocurrió sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la intersección con Fray Andrés de Olmos, en la colonia Rafael Lucio, una zona con tránsito denso y frecuente actividad comercial, en Xalapa. El cuerpo, que quedó tendido junto a la unidad motorizada, pertenecía a un hombre de aproximadamente 45 años, cuya identidad no ha sido confirmada por las autoridades. El occiso tenía una telaraña tatuada en el rostro, lo que podría ser clave para su identificación. Paramédicos de la agrupación ARUM acudieron al sitio y confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal acordonaron la zona, a la espera de la llegada de los peritos forenses y agentes ministeriales. De acuerdo con los reportes, durante la cobertura del accidente se registró un momento tenso cuando el policía municipal Honorio Cecilio Ramírez, empujó a un reportero que grababa el sitio. El comunicador le respondió en tono firme, recordándole que esa energía sería mejor canalizada contra sus compañeros involucrados recientemente en disturbios públicos que han sido expuestos en redes sociales. Este tipo de incidentes ha alimentado la percepción de una relación tensa entre los medios de comunicación y los cuerpos policiacos locales, en medio de una creciente ola de denuncias por abusos de autoridad… UN ADULTO mayor perdió la vida al interior del Hospital Regional de Río Blanco, luego de sufrir un fuerte accidente cuando descendía las Cumbres de Maltrata de la Autopista 150D Puebla-Orizaba. De acuerdo con los reportes, un menor de edad que viajaba con el ahora occiso resultó herido de gravedad. El percance ocurrió la tarde de ayer en el kilómetro 244 del tramo carretero El Trébol de Maltrata-Ciudad Mendoza, en la zona conocida del Árbol Torcido, con dirección al Puerto de Veracruz, cuando el conductor del vehículo marca Nissan Versa de color naranja y modelo 2024, perdió el control debido al exceso de velocidad con que viajaba, se salió de la carpeta de rodamiento y chocó contra el cerro, para luego quedar varado en medio del carril de baja. Tras el impacto, al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como de la Guardia Nacional División Seguridad Regional y Carreteras, además de paramédicos de Caminos y Puentes Federales, quienes rescataron al adulto mayor y al menor y los trasladaron de urgencia al Hospital Regional ahora IMSS Bienestar, para su atención médica. Más tarde, el occiso fue identificado como José Carmelo Enrique "N", de 70 años de edad, de ocupación comerciante y avecindado en la Colonia Modelo de la Congregación Vicente Guerrero del municipio de Río Blanco, quien perdió la vida a causa de las graves lesiones que sufrió. El menor permanece internado en dicho hospital y su estado de salud se reporta grave. Luego del deceso, al lugar acudieron autoridades de la Fiscalía de Orizaba con policías ministeriales, quienes tomaron conocimiento y efectuaron el retiro del cuerpo. El vehículo fue asegurado por las autoridades carreteras y trasladado a un corralón en dónde quedó disposición de las autoridades correspondientes.
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Una veintena de candidatos a cargos judiciales, con antecedentes penales, acusaciones de corrupción o vínculos con cárteles MEMORANDUM 3.- Alrededor de 5,000 candidatos compiten por más de 840 cargos federales, incluidos todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Sin embargo, a poco más de una semana de la votación, la organización defensora de los derechos de los mexicanos Defensorxs afirma haber identificado a una veintena de personas que compiten por cargos con antecedentes penales, acusaciones de corrupción o vínculos pasados con cárteles, incluyendo una abogada que representó al narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán. Tal es el caso de Leopoldo Chávez, quien a pesar de los casi seis años que cumplió en una prisión de Estados Unidos, estará en la papeleta para juez federal en el estado de Durango, parte del Triángulo Dorado mexicano, una región controlada por cárteles en la que se cultiva marihuana y amapola. Chávez fue condenado por delitos relacionados con drogas: contrabando de más de cuatro kilogramos de metanfetaminas en 2015. "Nunca me he vendido ante ustedes como el candidato perfecto", aseguró Chávez en un video que compartió en Facebook; dijo que no tenía nada que ocultar y que había cumplido su condena. A su vez, en el cercano estado de Jalisco, en la costa del Pacífico, Francisco Hernández se presenta como candidato a magistrado penal a pesar de que la última vez que ejerció como juez fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal tras una investigación por acusaciones de abuso sexual y corrupción. El aspirante refirió que las acusaciones eran "calumnias y difamaciones". "Que me juzgue el pueblo", señaló. En Nuevo León, Fernando Escamilla espera convertirse en juez federal penal y dice que el trabajo legal que hizo asesorando a abogados de miembros del ultraviolento cártel de Los Zetas no debe ser usado en su contra. Su conocimiento de la ley de extradición, sobre la que asesoró a los capos, lo convirtió en un activo, presumió. "¿Ser una persona asesor en temas de derecho internacional o extradición te da mala fama pública? Considero que no", sostuvo. "Eso es lo único que demuestra que tienes la capacidad y el conocimiento para poder ver ese tipo de situaciones", dijo. Lo cierto es que, en vísperas de las elecciones del 1 de junio, organizaciones civiles, asociaciones de jueces y algunos legisladores mexicanos están planteando serias preocupaciones sobre una votación que, según advierten los críticos, podría poner en peligro el estado de derecho en el país. La polémica reforma judicial fue propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y apoyada por su sucesora, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum. Ambos afirmaron que acabaría con la corrupción en el viciado sistema judicial mexicano y permitiría al pueblo decidir quién debe ser juez. Un análisis del Observatorio Electoral Judicial (OEJ), formado por organizaciones sin ánimo de lucro, también ha señalado a más de 130 candidatos con altas probabilidades de ganar en ausencia de candidatos opositores y ha criticado problemas en el diseño de complicadas papeletas que incluyen cientos de nombres y pueden confundir a los votantes. La reforma, aprobada en septiembre de 2024, fue criticada por el entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien trabajó durante la administración del presidente Joe Biden, como una amenaza a la democracia mexicana. Críticos afirman que la reforma, una de las más amplias que se han intentado en los últimos años en cualquier país del hemisferio occidental, corre el riesgo de eliminar los contrapesos al partido gobernante, Morena, y de permitir a los grupos del crimen organizado una mayor influencia sobre el sistema judicial. La reforma reduce de 11 a 9 el número de ministros de la SCJ, reduce la duración de sus mandatos a 12 años, suprime el requisito de una edad mínima de 35 años y recorta a la mitad, cinco años, la práctica jurídica necesaria.
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