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XALAPA.- El abogado Tomás Mundo Arriasa presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, por su presunta responsabilidad en los delitos de ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad. Para ello, indicó que presentará pruebas científicas como la psiquiatría y neuropsicología forense, además de la psicología del testimonio. El abogado denunció que por instrucciones de la titular del PJE, hoy en día, cerca del 48 por ciento de la población penitenciaria se encuentra en la cárcel, sin estar plenamente justificado. El penalista afirmó que mediante la neuropsicología forense se determinará la capacidad que tiene la magistrada presidenta en la toma de decisiones en contextos sociales, así como su capacidad de cognición social y su integridad cognitiva sin alteraciones de la memoria, atención, planeación, flexibilidad cognitiva y valoración del riesgo-beneficio en situaciones sociales. Con la prueba en psiquiatría forense se busca descartar probable sintomatología de demencia. Y con la psicología del testimonio la finalidad es analizar si la magistrada tiene dificultades para seguir el hilo de una conversación y detectar indicios de deficiencias cognitivas. En su exposición, Tomás Mundo recordó que en días pasados, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia cumplió 70 años de edad, lo que la inhabilita para seguir siendo magistrada, y por ende, presidenta del Tribunal. Pese a ello – aún sabiendo de este impedimento legal- ella mismo promovió una dispensa de un requisito constitucional-, a sabiendas que no son dispensables tales requisitos, pues en los artículos 95 de la Carta Magna, y los diversos de la Constitución local, expresamente señalan como límite para fungir como magistrada cumplir los 70 años de edad, y al seguir al frente por una mayoría de los diputados pertenecientes al partido político que está en el poder, no puede estar por encima de la Constitución el dispensar requisitos que deben cumplirse obligadamente. Mundo Arriasa subrayó que al aceptar esta ilegalidad, en automático actualiza la hipótesis que para tal caso prevé el numeral 315 del Código Penal en el Estado. La dispensa que le otorga el Congreso del Estado lo fundamentan en el numeral 33 fracción XXXVI (REFORMADA; G.O. 17 DE JULIO DE 2015). “Conceder dispensas de ley por causas justificadas o por razones de utilidad pública”; de suyo es inaplicable tal dispensa, pues la Carta Magna en su numeral 95 es tajante al establecer los requisitos para ser magistrado. Pero más aún, cuestionó, ¿cuál sería la supuesta causa de utilidad pública para la justicia veracruzana, y los justiciables? Cuando Veracruz según informe 2021 del World Justice Proyect ubica a Veracruz en el lugar 32 de 32 en impartir justicia penal en el país, es decir, es el último, el peor estado en esa materia. A la par, el abogado acusó a la magistrada de violentar el derecho de presunción de inocencia de cientos de personas y mantenerlos en prisión por delitos que no ameritan cárcel, pues ha dado indicaciones para que, arbitrariamente, se mantenga a poco más del 48% de la población carcelaria, por delitos que no ameritan prisión. En ese sentido, denunció que ante la ausencia de estándares probatorios, y sin mayor sustento legal, en Veracruz, la libertad se ha convertido en un derecho humano altamente vulnerable. Por lo anterior, el abogado aseguró que puede presumir que Romero Cruz recibe indicaciones para mantener en prisión a quienes se lo ordenan terceras personas, ajenas al Poder Judicial. En su denuncia, el jurista señaló que probará a través de la PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO que la magistrada no es autónoma, que no se rige por los principios de legalidad tal y como se lo mandata la propia constitucional estatal. Agregó que tampoco se rige por los principios legales universales que tutelan la Presunción de Inocencia, como regla de trato procesal. Por lo anterior, solicitó a la Fiscalía se gire oficio respectivo a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, para que informe el estado procesal que guarda la población carcelaria, esto es, cuántas personas privadas de su libertad tienen resguardas; y cuántos de estos son procesados, y de estos procesados por qué delitos; cuántos sentenciados. Por cuanto hace a la probable responsabilidad de la magistrada presidenta en la comisión del delito de abuso de autoridad previsto en el numeral 318, fracción XIII, Mundo Arriasa solicitó se gire oficio a la propia Presidencia del Tribunal Superior de Justicia con la finalidad que informe cuántas personas privadas de su libertad por el delito de ultrajes a la autoridad tienen registradas, pese a que es un hecho notorio que ese delito ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a cuántas personas les iniciaron nuevos delitos una vez que ya estaban privados de su libertad por el delito de Ultrajes a la Autoridad. Así las cosas.
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