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XALAPA.- La regularización de autos importados a México desde Estados Unidos (conocidos como autos chocolate) que inicia este 16 de octubre por parte del gobierno federal, será un duro golpe a la industria que genera más empleos en el país: la automotriz, reclamó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). La organización empresarial expuso que la legalización indiscriminada de estos “autos chocolate” será un golpe al sector automotriz en uno de sus momentos más adversos. El anuncio fue presentado el 13 de octubre por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su tribuna de anuncios, sus conferencias mañaneras, cuando anunció que este 16 de octubre se firmará el acuerdo para la importación de este tipo de vehículos. Tras el anuncio, la Coparmex explicó que el problema radica en que el ingreso ilegal representa un acto de evasión fiscal, un delito a través del cual se benefician organizaciones criminales, grupos que promueven la corrupción e incluso la comisión de otros delitos mediante la utilización de estos vehículos, porque serán unidades que no se tendrá registro de las mismas o porque serán fácilmente sustituibles. “La decisión anunciada por el presidente es un “cheque en blanco” para la delincuencia”, reiteró el organismo empresarial. “La decisión anunciada por el presidente es un «cheque en blanco» para la delincuencia”, señaló la Confederación en un comunicado, a la vez que precisó que el sector automotriz ha experimentado una serie de afectaciones que han ralentizado su recuperación, entre las que destacan el incremento del precio de materias primas como el acero y el desabasto de semiconductores (chips) en el mercado global, así como los procesos laborales para renovar contratos colectivos entre sindicatos y empresas como parte de lo establecido en el T-MEC. La Coparmex insistió en que la regularización de “autos chocolate” es una competencia desleal, que atenta gravemente contra la recuperación de un sector clave para el país, pues de acuerdo a estimaciones de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), esta acción podría implicar una caída del 39 por ciento en las ventas del mercado nacional. Advirtió la organización empresarial que esto igualmente, representará un riesgo para los casi dos millones de empleos vinculados a la fabricación de equipo de transporte y a su comercio al mayoreo y menudeo; muchos de los cuales estarán en riesgo de desaparecer dada la posible contracción del mercado interno. Otro aspecto negativo que conlleva la regularización de estos autos, es que de manera legal introducirán autos al país sin pagar impuestos, lo que se traduce en evasión fiscal y, otro daño colateral, es que afectará las finanzas públicas por una caída en la recaudación, pues ante los recortes en la producción que se tendrían que hacer por una menor demanda de autos nacionales, los fabricantes dejarían de pagar el IVA y el ISR. Además, habría una contracción en la captación del Impuesto Sobre Autos Nuevos (ISAN), que es un gravamen que los compradores de vehículos nuevos tienen que pagar y que en 2020, logró recaudar poco más de 11 mil millones de pesos por este concepto. No menos importante será el impacto al medio ambiente y a la seguridad de las personas; pues con dicho Decreto se alienta la introducción de automóviles al país que por sus elevados kilometrajes y antigüedad son altamente contaminantes. De igual manera, al ser vehículos de desecho o con antecedentes de siniestro en su país de origen, no garantizan los estándares mínimos de seguridad vehicular como son frenos de seguridad ABS, bolsas de aire o sistemas de retención infantil. Con ello se pone en riesgo a los usuarios del auto como a las personas en su entorno. “La regularización de “autos chocolate” representa premiar a la ilegalidad. Es un atentado contra las empresas y los empleos en México en un afán de conquista de simpatías o aprobación política, que convertirá a México en un basurero automotriz”, remarcó. Finalmente, los empresarios precisaron que no respaldarán medidas que distorsionen la economía, provoquen la pérdida de empleos, deterioren la confianza en la inversión y la recaudación de impuestos, afecten el medio ambiente y pongan en riesgo la vida de los usuarios de autos y de terceros.
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