Hallan sin vida y decapitado al ex alcalde panista de Chinameca, Lázaro Francisco Luría, quien habría secuestrado hace varios días; Encuentran a obrero sin vida y colgado de un árbol, en Santa Ana Atzacan MEMORANDUM 1.-
Lázaro Francisco Luría, exalcalde panista de Chinameca fue secuestrado y decapitado, y su cuerpo fue hallado ayer miércoles en la zona rural de Oteapan. El miércoles 5 de noviembre se reportó el hallazgo de una persona sin vida en una zona de milpas cerca de la carretera Transístmica al sur del estado. La víctima mostraba signos de violencia, como golpes en diversas partes del cuerpo y un corte profundo en el cuello. Aunque en un inicio se informó de forma extraoficial su identidad, este 6 de noviembre quedó confirmado que se trataba de Lázaro Francisco Luría, quien se desempeñó como alcalde de Chinameca entre los años 2012 y 2013. El cuerpo se encontraba en las inmediaciones de la desviación a Oteapan y de un camino que comunica hacia Zaragoza con dirección a Jáltipan; vestía platera blanca, pantalón de mezclilla y calzado de color negro, Un sombrero fue hallado al lado del cadáver. Las primeras indagatorias arrojaron que se trataba del cuerpo de un hombre de entre 60 y 70 años; el área fue acordonada por personal de la Fiscalía que, con apoyo de Servicios Periciales, llevó el cadáver al Semefo para su identificación. Luego de confirmar su identidad, los familiares del occiso revelaron que había sido secuestrado días atrás en Chinameca y sus captores pedían una millonaria suma para dejarlo en libertad. Pese a que se pagó el rescate solicitado, el cuerpo de Lázaro Francisco Luría fue abandonado en la zona rural de Oteapan. Lázaro Francisco Luría asumió la alcaldía de Chinameca en junio de 2012 luego de que se le revocara el mandato a Martín Padua Zúñiga, detenido por señalamientos de presuntos nexos con la delincuencia organizada, específicamente con “Los Zetas”. Tras cumplir su periodo en 2013, Luría no volvió a la política y se dedicó a sus negocios. La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación respecto al secuestro y posterior asesinato….UN OBRERO fue encontrado sin vida y colgado de un árbol en la localidad Dos Ríos del municipio de Santa Ana Atzacan. El hallazgo generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y rescate además de policiales y de autoridades de la Fiscalía Regional de Justicia del XV Distrito con sede en Orizaba. El occiso fue identificado como José Andrés García Tolentino, de 34 años de edad, de ocupación obrero y con domicilio en Avenida Ignacio Zaragoza esquina calle Serdán de la Localidad Dos Ríos del municipio de Santa Ana Atzacan. La víctima sufría un cuadro depresivo tras pelear con su pareja sentimental quien presuntamente lo engañaba con otro hombre, por lo que dejó en su cama una nota a su familia que decía: "Compadre Curate te dejo la moto y les encargo a mi hija". De acuerdo con la familia, la noche de ayer miércoles 05 de noviembre el hombre abandonó su domicilio y debido a que ya no regresó, sus seres queridos emprendieron su búsqueda por caminos y calles de la Localidad Dos Ríos. Fue la mañana de este jueves 6 de noviembre cuando el cuerpo del masculino fue hallado colgado de un árbol de una parcela propiedad de la familia, el cual se encuentra asentado a escasos 30 metros de la carretera La Sidra- Dos Ríos en el lugar conocido como "El Atoron o Puentecilla". Luego del hallazgo, al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal al mando del Director de Seguridad Pública Municipal de Atzacan, Gonzalo de la Trinidad Campos, así como paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron que el masculino que vestía pantalón de mezclilla azul y playera color rojo, ya no contaba con signos vitales. Tras confirmarse el deceso, las autoridades policiales procedieron a resguardar y acordonar con cinta amarilla preventiva el terreno, siguiendo el protocolo de cadena de custodia. Más tarde, hasta ese lugar acudieron elementos de la Policía Ministerial con Peritos Forenses y autoridades de la Fiscalía de Orizaba, quienes tomaron conocimiento y señalaron que el hombre falleció por asfixia por ahorcamiento, por lo que integraron una carpeta de investigación y efectuaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a las instalaciones del SEMEFO Regional de la Colonia Francisco Ferrer Guardia, de Orizaba, para la necropsia de ley.
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TEPJF pertenece al Estado, no a partidos, responde Bátiz a críticas; asegura que no hay presiones; pero se guían por revanchismos MEMORANDUM 2.-
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “no pertenece a ningún actor político, sino al Estado mexicano”, señala Gilberto de Guzmán Bátiz García, presidente de la sala superior de esta máxima instancia, ante las críticas a los juzgadores surgidos de la primera elección judicial del país y, sobre todo, por la supuesta cercanía de los magistrados con el poder político. Un día antes de emitir su primer mensaje como titular de la sala superior, subrayó que no debe el cargo a ningún político y, por tanto, no aceptará presiones. Expresó: “No estamos aquí para ganarnos el aplauso de nadie, sino para defender la legalidad y la constitucionalidad de los actos”. Se dice que usted fue puesto por la 4T y ahora deberá responderle, ¿qué dice al respecto?, se le cuestionó: “Yo no respondo a ningún color o bandera política; aquí lo importante es responder a la legalidad y al voto de la ciudadanía. Mi mandato, con este voto popular, es tratar de volver a generar esta confianza, volver a articular una justicia útil y cercana. La fortaleza del TEPJF estará en la manera en que construyamos las decisiones”. Bátiz García es abogado por el Centro Universitario México y maestro en derecho constitucional por la Universidad Marista; su currículum muestra el paso por múltiples oficinas donde ha sido litigante, investigador, docente, notario público adjunto, asesor y, recientemente, consejero y magistrado de las dos principales instancias electorales de su natal Chiapas. En 2017 fue asesor en una coordinación del TEPJF, y ahora vuelve como presidente de la sala superior, por haber sido el candidato más votado en su categoría, según marca la Constitución. El principal señalamiento hacia los magistrados, sobre todo de los provenientes de los opositores a la reforma y a la elección judicial, se relaciona con el hecho de que su nombre apareció en los famosos acordeones y ganó con 4.7 millones de votos, en una contienda en la que fueron a las urnas 13 por ciento de los potenciales electores. La semana pasada, tanto Bátiz como su colega Claudia Valle, también elegida el pasado primero de junio, abandonaron la sesión porque sus pares votarían las multas que impuso el Instituto Nacional Electoral a 188 aspirantes precisamente por haber sido incluidos en los acordeones o guías para sufragar. Por mayoría de votos, la sala superior revocó lisa y llanamente tales sanciones. Al respecto, el magistrado presidente sostuvo: “el beneficio es cuando se tiene conciencia de ello; yo en ningún momento conocí de la realización (de las guías), ni las mandé hacer ni las divulgué. Esa es una realidad. “Si bien es verdad que existió este ejercicio de los acordeones, lo cierto también es que (se requerían), porque íbamos en campaña alrededor de 4 mil 500 candidatos federales, más los locales, en 19 entidades.” Además, dijo, no podemos asegurar que la mera existencia de un documento de estos significara el sufragio para alguien en particular. “No podemos aseverar que porque la gente tuviera conocimiento de algunas de las herramientas de votación, en el momento de encontrarse frente a la casilla no podía elegir libremente, así fuera por azar, cual era su elección”. Sin embargo, dice que no se puede menospreciar ese proceso ni la participación ciudadana en un ejercicio inédito, con múltiples restricciones para los abanderados que debieron hacer campaña sin recursos públicos. “Hipotequé el futuro de mis hijos (al usar sus ahorros para el proselitismo)”. Pidió no “desdeñar que se nos otorgó un mandato popular, y es al que nos debemos. Parte de esa fortaleza implica que (el cargo) no son cuotas políticas”.
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Desde la Presidencia con AMLO y con Sheinbaum hubo una campaña de desprestigio contra el PJF, dicen exministros; Norma Piña reaparece en la UNAM MEMORANDUM 3.-
La ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández afirmó que la reforma judicial se puede revertir con educación cívica y jurídica de la sociedad, y tras afirmar que llegaron jueces menos preparados producto de la elección judicial dijo que “el ciudadano común va a sentir el cambio de que no se no sean juzgadores con carrera judicial”. En su primer acto público, en un foro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) -en el que también reapareció el ministro en retiro Jorge Mario Pardo Rebolledo-, Piña Hernández reconoció que podrían pasar al menos 10 años para que pueda haber una reconfiguración en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y, aunque dijo que es algo que va a tardar, llamó a defender “una justicia de calidad” para el país. Externó: "Yo, sinceramente, he estado pensando qué se puede hacer para revertir. Para mí es básica la educación de todos. Seguimos en México sin saber diferenciar entre poder judicial local y poder judicial federal, entre policías y fiscales. La mayoría de los mexicanos no tiene esa conciencia, y no necesaria, o ese conocimiento, y no necesariamente porque no tengan cierto grado académico, porque a lo mejor si ustedes les preguntan a un químico o un ingeniero, tampoco lo sabe”. Piña Hernández, extitular del PJF (2023-2025) señaló que en México hubo una “tormenta perfecta” contra la independencia judicial, refiriendo diversos factores políticos que debilitaron en pocos meses lo que en otros países ha tomado años, principalmente, expresó, “la sobrerrepresentación electoral” a favor de Morena y aliados, que permitió modificar la Constitución y a su criterio alterar el equilibrio entre poderes, así como el diseño de mecanismos que vulneran la autonomía del Poder Judicial, como la elección política de jueces y magistrados o la creación de tribunales disciplinarios bajo control externo. Defendió también que, aunque " durante su gestión hizo “todo lo que estuvo en nuestras manos” para defender la independencia judicial. En su participación, el ministro Jorge Pardo Rebolledo atribuyó que desde la Presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador y con Claudia Sheinbaum hubo una campaña de desprestigio contra el PJF a una narrativa oficial construida tras el desagrado del gobierno con ciertas resoluciones de la Suprema Corte. Afirmó que los ataques comenzaron contra la Corte, pero después se extendieron a todo el Poder Judicial bajo el argumento de una supuesta corrupción generalizada, sin que existan procedimientos o sanciones que lo acrediten. A su juicio, la verdadera causa fue el malestar político por fallos que no favorecieron al Ejecutivo o al Legislativo. De acuerdo con Pardo, los jueces no representan al pueblo ni a intereses políticos, sino que están llamados a resolver controversias concretas con objetividad, imparcialidad, independencia y honestidad. Advirtió que un juez que busca el aplauso popular no cumple con su deber, pues su función implica inevitablemente dejar insatisfecha a una de las partes. “Van a quedar muchas personas insatisfechas con este nuevo sistema (judicial) y este nuevo enfoque”, advierte.
Finalmente, señala que la estrategia de presentar al Poder Judicial como un enemigo del pueblo tuvo efectos difíciles de revertir, porque apeló a emociones y no a razones jurídicas. Piña Hernández afirmó que los poderes judiciales independientes siempre han sido incómodos al poder, razón por la que con la reforma judicial se creó una “tormenta perfecta” para cooptar a la institución.
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