De Veracruz al mundo
2019-10-12 / 09:08:14
La guerra: impuestos, contribuciones y penalizaciones
Durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) fue fundado el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) por Juan Sánchez Navarro, miembro destacado en la creación del PAN. El organismo aglutinó a las principales agrupaciones patronales de la industria y del empresariado nacional. Ese frente de hombres de negocios fue una respuesta a las políticas salariales, financieras y sociales de LEA. Los patrones acusaban al ejecutivo federal de estar interviniendo en varias áreas de la vida nacional que tradicionalmente eran cotos de la iniciativa privada. Algunas corporaciones fueron estatizadas y el empresariado “le perdió la confianza al presidente”. Las respuestas de los potentados fue: dejar de invertir en México, sacaron sus capitales del país para depositarlos en los centros financieros internacionales y “legalmente” empezaron a eludir impuestos. Contrataron a contadores y fiscalistas para que recorrieran el país impartiendo cursos —a empresarios locales— de como eludir la carga impositiva al mismo tiempo les recomendaban que depositaran sus capitales y ahorros en la banca extranjera. La evasión de impuestos, la especulación y la fuga de capitales fue la táctica de lucha del gran capital nacional. El resultado de la campaña, ideada por Sánchez Navarro, fue —entre otras tantas consecuencias negativas— la devaluación del peso hasta en un 40% con respecto al dólar.



La lucha entre el gobierno y los patrones siguió en los siguientes sexenios con diferentes matices y generalmente con triunfos del empresariado. Con Miguel de la Madrid la banca nacional se privatizó y los primeros cambios a la constitución para privatizar el petróleo se llevaron a cabo. Los patrones lograron que los políticos legalizaran la consolidación de estados financieros y la condonación y devolución de impuestos a los grandes contribuyentes. El encargado de subsanar esas elusiones y perdones tributarios fue —en gran medida— PEMEX.



En el primer sexenio panista la rentabilidad de PEMEX —antes de impuestos— se incrementó 170%. Durante todo el período de Vicente Fox (2000-2006) los rendimientos ascendieron a 2 billones de pesos. El gobierno federal le aplicó —a la entonces paraestatal— la treintena de impuestos —a la que estaba sujeta— y terminó pagando un poco más de 2 billones de pesos. En el sexenio de Calderón, PEMEX reportó rendimientos —antes de impuestos— por 4 billones 100 mil millones de pesos. Después de que la SHCP le aplicó las cargas impositivas que ascendieron aproximadamente a 4 billones 500 mil millones de pesos la paraestatal quedó debiendo cerca de 400 mil millones de pesos.



¿En qué se gastaron esos descomunales ingresos? Por una parte, en salarios, prebendas y privilegios de la cúpula gubernamental. Otra parte, de ese caudal, la federación la repartió entre los gobernadores, destacando que ellos no tenían la obligación de reportar ante nadie en que “gastaban” los peculios provenientes de los “excedentes petroleros”. Otro de los destinos fue para cubrir las condonaciones multimillonarias de los corporativos privados nacionales y extranjeros. La SHCP le quitó a Pemex sus ganancias y le perdonó a la IP sus compromisos fiscales. Aparte de dispensarles sus obligaciones tributarias —de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación— durante el sexenio de Felipe Calderón la Secretaría de Hacienda devolvió a 20 grandes “contribuyentes” la cantidad de 63 mil millones de pesos. Agregue usted que ese expresidente dilapidó un poco más de 800 mil millones de pesos en la fracasada “guerra” en contra del crimen organizado. Otra cantidad exorbitante fue utilizada en la compra de votos y fraudes durante los procesos electorales locales y federales.



En junio de 2008 el físico y doctor en economía, Fluvio Ruiz Alarcón, destacó la relación que sostenía el gobierno mexicano con PEMEX y con la iniciativa privada y en aquella ocasión dijo: “Para decirlo rápido, el régimen fiscal de PEMEX es una especie de mecanismo indirecto de apropiación privada de la renta petrolera por parte del gran capital.” En ese tiempo el número de multimillonarios se multiplicó exponencialmente y los pobres se reprodujeron como arroz.



La elusión tributaria más famosa fue la venta de Banamex propiedad de Roberto Hernández a la estadounidense Citibank, proceso que costó al erario 35 mil millones de pesos (unos 3 mil 500 millones de dólares) debido a que las partes involucradas realizaron la transacción —para eludir el pago de impuestos— en la Bolsa Mexicana de Valores. La operación comercial se llevó a cabo en el año 2001 —durante el sexenio de Vicente Fox— siendo secretario de hacienda Francisco Gil Díaz quien a su vez —en una etapa de su vida profesional— fue subordinado de Roberto Hernández. El conflicto de intereses en todo su esplendor.



Otros casos de simulación impositiva la encontramos en la industria minera. De acuerdo a Mathieu Tourlieri de la revista Proceso: “en el año 2015 esas empresas exportaron 14 mil 579 millones de dólares en minerales extraídas del subsuelo mexicano, mientras que las cuotas que pagan por las concesiones mineras son de 6.77 pesos por hectárea durante los primeros 10 años y 148 pesos por hectárea después de este lapso.” Recordemos que a Alberto Bailleres, el Senado le concedió, en el 2015, la Medalla Belisario Domínguez “por sus contribuciones al desarrollo político, económico y social del país.” Subrayando que Bailleres es presidente de Grupo Bal, un conglomerado que incluye negocios en los sectores de minería, metalurgia y finanzas, entre otros. Otro beneficiado de esos tratos fiscales es Germán Larrea dueño de la mina Pasta de Conchos, donde permanecen sepultados 65 mineros desde hace catorce años.



Igual o más grave es que Yeidkol Polesnky y Ana Guevara fueron en el pasado reciente perdonadas a pagar impuestos. La lideresa partidista de MORENA y la dirigente deportiva de la 4T deben explicar creíblemente las razones de las condonaciones. No es válido echarle la culpa a sus contadores. La explicación deben hacerla ante sus correligionarios y ante el pueblo de México. Por supuesto que en ambos casos procede aplicarles el refranero popular que dice: ¡El buen juez por su casa empieza!



Hace algún tiempo se empezó a hablar sobre empresas fantasmas y facturas falsas como medio para eludir al fisco. Ahora —el fraude fiscal— está considerado como delincuencia organizada. Asimismo, el gobierno de López Obrador ha suspendido la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes y recientemente aprobaron una ley que considera a la evasión fiscal, en todas sus modalidades, como delito grave.



Fue entendible —aunque no justificable— que los empresarios e industriales no se apegaran a la cultura de pagar impuestos, eludieran cumplir sus compromisos fiscales y evitaran tributar al estado. La razón que esgrimieron fue simple, comodina y ventajosa: para que pagamos impuestos si el gobierno se los roba.



Es recomendable que los empresarios de gran calado entiendan que sus impuestos ya no se los robaran y que sus contribuciones se aplicarán para el desarrollo del país. Los potentados deben estar conscientes que los grandes evasores serán severamente sancionados. De igual manera, quedan advertidos, los funcionarios federales, que, el que meta mano al cajón, dormirá en chirona varios años. alfredopoblete@hotmail.com

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