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XALAPA.- Luego de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el manejo de recursos públicos por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se ha dado a conocer que en un proceso señalado por la falta de licitación y la justificación de gastos, esa institución realizó pagos por 23.5 millones de pesos a dos comercializadoras vinculadas a Veracruz y asentadas en la capital Xalapa. Las empresas que recibieron los pagos son BUSEC DI y FREDCO DI, ambas registradas en Xalapa, capital del estado de Veracruz, y dedicadas a la comercialización de una amplia variedad de productos: desde material quirúrgico hasta refacciones automotrices y salchichonería. Aunque ambas compañías están registradas en Xalapa, tienen el mismo representante legal, Franklin Cano Portilla, y comparten un domicilio fiscal. Incluso, el responsable cuenta con una licencia de taxi otorgada por el Gobierno de Veracruz y a su vez es socio en al menos tres empresas más, como Global Market-er y PA Worker. Sus socios son originarios de Cocoatzintla, Veracruz. De acuerdo con las facturas en poder del medio de comunicación Noroeste, las empresas no tienen experiencia o antecedentes en la provisión de servicios de asesoría contable o financiera, que es el área en la que supuestamente se realizaron los pagos. En total, la UAS pagó 16.5 millones de pesos a BUSEC DI mediante cuatro facturas, mientras que el resto del monto fue destinado a FREDCO DI. De acuerdo con los documentos oficiales, los pagos se realizaron para atender las observaciones de la ASF respecto al ejercicio fiscal de 2022. Sin embargo, lo que ha generado fuertes críticas y levantado sospechas es la manera en que se gestionaron las transacciones. Ambas empresas, a pesar de ser prácticamente idénticas, recibieron pagos por separado, lo que permitió a la universidad evitar el proceso de licitación pública que la normativa interna exige cuando los montos superan ciertos límites. El procedimiento ha sido cuestionado, pues la UAS eludió la transparencia y la competencia que implica una licitación, generando dudas sobre la legalidad y justificación de estos pagos. Así las cosas.
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