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Xalapa, Ver.- Vaya caso. A dos años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) violó el derecho al medio ambiente sano de los veracruzanos al detectar deficiencias graves en la aprobación del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz y ordenó revocar los permisos y reevaluarlo de manera integral, holística y completa, la dependencia federal no ha cumplido con estas tareas, ni tampoco con implementar medidas para proteger el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y los ecosistemas afectados, según denunciaron organizaciones ambientales. En ese tenor, el co-coordinador de TerraVida, Francisco Xavier Martínez Esponda, recordó que la Suprema Corte resolvió que “El derecho al medio ambiente sano de las personas que viven en la conurbación Veracruz-Boca del Río-Medellín sigue violentado porque la Semarnat, al volver a evaluar el proyecto portuario en cuanto a impacto ambiental, en 2022 usó información científica desactualizada; no hizo una nueva manifestación de impacto y toleró la fragmentación del proyecto al permitir que las canteras de roca para las escolleras quedarán fuera”, refirió. El ambientalista acusó que no se evaluó el proyecto de manera completa y holística como ordenó la Corte y por tanto se desconoce el verdadero riesgo ambiental que supone el proyecto. Advirtió que la ampliación del puerto amenaza el ecosistema que alberga la mayor biodiversidad de especies arrecifales del oeste del Golfo de México y recriminó que la Semarnat sigue incumpliendo la sentencia, poniendo en riesgo al arrecife más grande de la zona y sus servicios ambientales. El 9 de febrero de 2022 residentes de Veracruz obtuvieron un amparo de la Suprema Corte para defender al arrecife veracruzano y otros ecosistemas relevantes de los perjuicios a causa de la ampliación portuaria, pues la autoridad ambiental había autorizado el proyecto de forma fragmentada, dividiéndolo en 15 partes y diluyendo su verdadero impacto. El 30 de diciembre de 2022, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat autorizó de nuevo la ampliación del puerto de Veracruz, de forma condicionada, pero una vez más de manera fragmentada, sin integrar información basada en la mejor ciencia disponible y sin permitir la participación de otras personas e instancias. La Corte dispuso además que la dependencia estaba obligada, entre otras cosas, a requerir y gestionar asistencia técnica internacional para preservar el sitio en el marco de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección y uso sostenible de humedales y áreas costeras. No obstante, a la fecha, la secretaría no ha permitido este apoyo internacional. Por su parte, Jorge Lu Palencia, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, dijo que “a falta de gestiones idóneas y significativas del gobierno, existe un evidente retraso para concretar el asesoramiento de peritos de la Convención Ramsar”. También señaló que “resulta paradójico que la ampliación del puerto se haya autorizado estando aún a la espera de una evaluación técnica e independiente que por su naturaleza debería ser anterior a cualquier decisión que ponga en riesgo al ecosistema”. Por otro lado, un análisis científico elaborado por investigadores independientes concluyó que las medidas de mitigación de daño ambiental propuestas por el promovente del proyecto –la Administración del Sistema Portuario de Veracruz– no podrán evitar las consecuencias adversas sobre el arrecife veracruzano porque no hubo una evaluación científicamente válida para cuantificar los impactos. El análisis científico determinó que la autoridad ambiental no ha estudiado la totalidad de los arrecifes sumergidos ni emergidos que están dentro del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV). De igual forma, dragó la zona sin considerar el impacto directo que ocasionó a las especies de invertebrados que habitan los sedimentos marinos. Por lo anterior, los ambientalistas demandaron una evaluación externa como la que pueden brindar centros públicos de investigación y solicitaron al Juzgado Quinto de Distrito en Veracruz, a cargo de determinar el cumplimiento de la sentencia, que no permita la repetición de las violaciones que la Corte ordenó reparar y que por lo mismo no tenga por cumplido el fallo hasta que se corrijan estas situaciones. Así las cosas.
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