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XALAPA.- Igual que en el cuartel de San José, aunque en este caso ha sido en circunstancias más extrañas, en el Centro Federal de Readaptación Social de Villa Aldama también se reportó el deceso de dos internos, presuntamente por suicidio, sin que la administración de dicho lugar haya hecho nada para prevenirlo, según explica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación 83/2021. De acuerdo con el organismo autónomo, los hechos ocurrieron en enero y marzo de 2020 por la falta de atención médica de salud mental y de prevención y cuidado de dos personas privadas de la libertad. Tal situación derivó en que ambos internos perdieran la vida por probable asfixia mecánica por ahorcamiento el 18 de enero y el 5 de marzo de 2020. En ese tenor, la CNDH determinó que a partir del conjunto de evidencias que integran el expediente de queja, se acreditó que los servidores públicos responsables omitieron preservar el derecho a la protección a la salud mental de la primera víctima a fin de que se le brindara atención médica integral y adecuada durante su permanencia en ese centro penitenciario, toda vez que no se le proporcionó el seguimiento indicado, al no otorgarle oportunamente el tratamiento médico especializado para determinar el padecimiento real, lo cual ocasionó el fatal desenlace. De igual forma, en el caso de la segunda víctima, la CNDH determinó que desde el 14 de marzo de 2016 se le diagnosticó depresión y no se solicitó la valoración por el Servicio de Psiquiatría para su valoración, manejo y tratamiento. Entre los antecedentes del caso, existe registro de que la persona agraviada permaneció hospitalizada por autolesión del 29 de octubre al 15 de noviembre de 2017, ya que se produjo una herida en la muñeca derecha que ameritó siete puntos de sutura. Además, en varias ocasiones refirió malestares físicos, trastornos del sueño y el deseo de "no continuar con su vida". A pesar de estas señales, no existe evidencia de que se le haya proporcionado tratamiento por su intención de causarse daño ni se pidió que lo valorara un psiquiatra. Por lo anterior, la CNDH recomendó al penal federal de referencia realizar un plan de trabajo integral que contemple la debida y correcta puesta en marcha del Protocolo de Detección e Intervención de la Conducta y Riesgo Suicida en Personas Privadas de la Libertad en Centros Penitenciarios Federales; la sensibilización y capacitación de los servidores públicos que laboran en los CEFERESOS, acerca de la importancia de la prevención del suicidio; la creación de un equipo multidisciplinario altamente capacitado para que sean los encargados de crear, dirigir y ejecutar un plan de tratamiento idóneo con perspectiva en derechos humanos, de género y conforme a un enfoque diferenciado y especializado para personas privadas de la libertad diagnosticadas con problemas de salud mental y riesgo suicida. También diseñar un test de valoración del riesgo a fin de detectar a las personas con antecedentes o posibles conductas suicidas; diseñar y ejecutar un programa de actividades de reinserción y de interacción social que coadyuve a la atención de personas privadas de la libertad con problemas de salud mental o alguna afectación derivada de la reclusión u otras circunstancias.
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