De Veracruz al mundo
Un millón 790 mil veracruzanos en precariedad laboral; Veracruz, tercer lugar nacional en bajos salarios y sin seguridad social.
En este sentido, la organización estimó que un millón 790 mil veracruzanos se ubican en esta condición, lo cual equivale al 37.8 por ciento de la población económicamente activa.
Viernes 23 de Julio de 2021
Por: REDACCION GOBERNANTES
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XALAPA.- La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ubicó al estado de Veracruz en el tercer lugar nacional en cuanto a precariedad laboral, que no solo significa no contar con un trabajo, sino que incluso teniéndolo no alcanza para cubrir las necesidades de una canasta básica. En este sentido, la organización estimó que un millón 790 mil veracruzanos se ubican en esta condición, lo cual equivale al 37.8 por ciento de la población económicamente activa. El presidente de la organización, Rogelio Gómez Hermosillo, señaló que dicho ranking ubica la situación de cada estado del país en relación con las personas que tienen trabajo formal con las mínimas condiciones decentes; es decir con ingreso por arriba del costo de la canasta familiar y afiliación a la seguridad social; personas que trabajan en condiciones de precariedad y quienes están de plano desempleadas y cansadas de buscar empleo y quienes se mantienen ocupadas en trabajos del hogar y de cuidados. Es así que ubicó a Veracruz en tercer lugar, sólo por debajo de los estados de Chiapas y Tabasco. Luego siguen Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala. En su ranking, advierten que la precariedad y la exclusión afectan a todas las entidades federativas, con ligeros matices que indican que la situación es más grave en los estados del sureste como Veracruz, que concentran los mayores porcentajes de pobreza, o en el Estado de México, donde se concentra el mayor número de personas pobres. Dicha organización estableció que para combatir la precariedad laboral que genera más pobreza y desigualdad, México debe cortar el cordón que ata el derecho a la salud a las prestaciones del trabajo, igualar el salario mínimo al costo de una canasta familiar, disponer de un eficiente sistema nacional de cuidados que facilite la inclusión económica de mujeres; erradicar en los hechos el outsourcing abusivo y -entre otras medidas- activar el sindicalismo democrático que defienda los derechos de los trabajadores.

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