.- Las tiendas escolares son, sin lugar a dudas, uno de los negocios más redituables que tienen todas las secretarías de Educación de los Estados pero, sobre todo, las escuelas. Y es que las ganancias son netas porque no le rinden cuentas a nadie. Y cuando se rinden esas cuentas se hacen de manera tan vaga y opaca que nadie entiende, pero todo mundo aprueba. En el caso de Veracruz, el auditor del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez le acaba de meter un calambrazo al titular de la SEV, Zenyazen Roberto Escobar García que desea manejar esos negocios, al manifestar que es la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) quien debe captar y distribuir los recursos recabados en tiendas escolares y no la Secretaría de Educación de Veracruz, pues le dejo en claro –cuando ya se frotaba las manos de contento- que la Constitución Política de Veracruz señala que “todos los caudales o los ingresos que recibe el Estado deben pasar invariablemente por la Secretaría de Finanzas, y ésta debe registrarlos y distribuirlos a los entes fiscalizables que lo van a aplicar”. Todo lo anterior, porque a “sugerencia” de la SEV, recientemente los diputados locales (que evidentemente desconocen el mandato constitucional) avalaron una reforma al Código Financiero para entregar a la propia SEV la potestad de recibir, administrar y comprobar los recursos obtenidos por esas licitaciones. Pero Portilla se fue a la Constitución y con ella en mano informó a la Comisión de Vigilancia en el Congreso, a fin de que en estos procesos intervengan no solo la Sefiplan, sino incluso la Contraloría estatal y la propia SEV. Recordó que el Orfis detectó irregularidades por al menos 11 millones de pesos en el manejo de esas tiendas en la Cuenta Pública 2017, dinero que debió destinarse al mantenimiento y conservación de los planteles escolares, pero lo utilizaron como ingreso propio de la institución, con el que pagaron compensaciones y papelería. Por lo anterior, le están sugiriendo al Congreso que tanto la Sefiplan como la Contraloría y la SEV intervengan de tal forma que los ingresos se transparenten y no sea sólo la SEV la que los maneje. Y es que de acuerdo con la reforma, la SEV tendrá todo el control de las tiendas, fíjese usted: El 70 por ciento de lo recaudado será para mantenimiento y conservación de la infraestructura escolar. El 20 por ciento será para tareas de supervisión educativa y el 10 por ciento restante para programas que se determinen en los lineamientos que dicte la autoridad educativa local, sin especificar a qué se están refiriendo. Es decir, Zenyazen y su gente tendrían amplia potestad para manejar esos recursos de esas tiendas, pero el auditor Portilla Vásquez los quiere parar en seco. En lo que no reparan, cegados por el olor y el color del dinero, es que en las tiendas escolares es donde más se vende comida chatarra a los niños, lo que les mantiene obesos, enfermos y propensos a mayores males en su desarrollo, en tanto la dirección de Educación física Estatal es socavada, y en la mayoría de las escuelas son los propios padres de familias quienes pagan a los profesores de ese rubro mediante cooperaciones semanales. Así las cosas…
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