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| Liberan a seis activistas del penal de Santiaguito. | ||||||
| En entrevista, el funcionario explicó que estos hombres y mujeres fueron detenidos el 31 de agosto de 2017, tras impulsar una lucha social contra la ocupación de tierras comunales por parte de un grupo de empresarios inmobiliarios, que han buscado despojarlos de sus territorios de bienes comunales, en un conflicto que se litiga en tribunales agrarios desde 2005. | ||||||
| Viernes 24 de Mayo de 2019 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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Neftalli Granados González, del equipo de trabajo de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, confirmó que a las 21:10 horas del jueves 23 de mayo abandonaron la prisión, sin responsabilidad penal alguna, Fermín Esquivel Rojas, Miguel Ángel Vilchis García, Yuriko Maribel Becerril Villavicencio, Dana Irakikey Becerril Villavicencio, Beatriz Pérez Flores y Cutberto Vilchis García. En entrevista, el funcionario explicó que estos hombres y mujeres fueron detenidos el 31 de agosto de 2017, tras impulsar una lucha social contra la ocupación de tierras comunales por parte de un grupo de empresarios inmobiliarios, que han buscado despojarlos de sus territorios de bienes comunales, en un conflicto que se litiga en tribunales agrarios desde 2005. Los seis pobladores fueron detenidos por policías de los tres niveles de gobierno y acusados de los delitos de robo y privación ilegal de la libertad. Fueron ingresados al penal de Santiaguito, donde permanecieron un año y nueve meses. La “ubicación privilegiada” de sus tierras --a unos metros de la autopista México-Toluca, cerca de La Marquesa, y por el trazo del Tren Suburbano Toluca-Ciudad de México-- diversos empresarios inmobiliarios han intentado apoderarse de 57 hectáreas propiedad comunal del poblado de Salazar. Esas tierras fueron vendidas en 2014 por comuneros del poblado limítrofe de San Mateo Atarasquillo, que registró irregularmente 210 mil hectáreas que pertenecen a Salazar. En agosto de 2017, después de un largo litigio que duró tres años, el Tribunal Unitario Agrario del Noveno Distrito reconoció que esas tierras les pertenecen, lo cual fue ratificado en octubre de 2018 por el Tribunal Superior Agrario. Neftalli Granados informó que este jueves se efectuó una audiencia del caso en los juzgados de control y juicios orales en Almoloya de Juárez, donde un juez de control ordenó la liberación inmediata y libres de toda culpa a los seis activistas. Insistió en que los inversionistas inmobiliarios pretendieron demostrar el despojo de las tierras que ellos habían comprado irregularmente a la comunidad de Atarasquillo. Dijo que a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación se dio seguimiento y planteó que la próxima semana los seis civiles serán recibidos en la dependencia federal para “restituir todos sus derechos porque, efectivamente, ellos fueron víctimas de un sistema de justicia del régimen anterior y el día de hoy quedan en total libertad”. Fuera del penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, los esperan familiares de cada uno de los seis liberados. Granados precisó que esta noche los seis activistas están libres y tienen protegidos sus derechos humanos y políticos. Dijo que al día de ayer se tienen en todo el país 538 solicitudes para revisar los expedientes de otros tantos presos, que no necesariamente son políticos. Desde el 1° de diciembre de 2018 han sido liberados 25 personas imputados ilegal e injustamente. |
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