.- Luego de trascender que en los próximos días serán citados a declarar ante un juez de control, Francisco Javier Báez, ex director de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y José Antonilo Orozco Hernández, ex director general de coordinación de delegaciones de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con el desvío de 1 mil 900 millones de pesos a través de contratos y transferencias irregulares, entre otras, a universidades públicas, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga entre 2012 y 2018, otro presunto implicado, Armando Saldaña Flores, ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), niega que sean suyas las firmas de un convenio para la contratación de trabajos por 185 millones de pesos con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero del estado de Hidalgo en 2016. El primero está vinculado con la firma del convenio SEDATU/DGAPADN-UPFIM/ 339901.03/2016, en febrero de 2016 con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero del estado de Hidalgo y por el cual Armando Saldaña Flores, ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de dicha secretaría, fue vinculado a proceso la semana pasada por el presunto desvió de 185 millones de pesos. En el caso de Orozco Hernández, se le notificó por su probable participación en la firma del convenio específico en abril de 2015 con número 710.33901.13/2015, derivado del convenio general de colaboración número 710.33901.12/2015 con la Universidad Politécnica de Chiapas. En esta audiencia también está convocado a comparecer Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director general adjunto en la Unidad de Coordinación de Delegaciones de Sedesol y ex director general de coordinación de delegaciones de la Sedatu. Entre los involucrados por el desvío de recursos en ambas secretarías figura Gustavo Rodríguez González, entonces director de Comunicación Social en Sedesol y quien repitió el cargo en Sedatu, sin embargo en septiembre del año pasado fue el primer inhabilitado y sancionado económicamente por la Auditoría Superior de la Federación, debido a presuntas irregularidades en el pago de servicios en la realización de la campaña mediática Cruzada Nacional contra el Hambre. La Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por 10 años para desempeñar algún cargo en la administración pública y le aplicó una multa por 210 millones 493 mil 829 pesos. Dicha penalidad fue impuesta por presuntamente haber originado un daño patrimonial al erario por más de 175 millones de pesos, derivado de un convenio suscrito por la Sedesol con Radio y Televisión de Hidalgo en febrero de 2015. En los meses recientes algunos funcionarios han sido vinculados a proceso por estar presuntamente involucrados por el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades, entre ellos Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de Ordenamiento Territorial de Sedatu y quien fue coordinador de asesores de Robles Berlanga, así como Armando Saldaña, ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, este último por el presunto desvío de 185 millones de pesos. En el caso de Wendy Gabriel Arrieta Camacho, ex directora general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Sedesol, por el momento no enfrentará a la justicia ya que obtuvo un amparo para no comparecer ante un juez de control. De acuerdo con las autoridades, suscribió el anexo técnico tres del convenio de colaboración del 6 de mayo de 2013, entre la dependencia y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), causando un supuesto quebranto a la hacienda pública por casi 23 millones de pesos. Saldaña Flores, uno de los cercanos colaboradores de Rosario Robles Berlanga, dice que su rúbrica fue analizada por peritos forenses en grafología, tanto oficiales como privados, y ambos coinciden que no corresponde por su ejecución a Saldaña Flores. El dictamen se realizó en agosto pasado sobre documentos originales. Pese a ello, la semana pasada un juez de control lo vinculó a proceso por el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades, en la hipótesis de que Saldaña Flores presuntamente formó parte de una contratación indebida y solicitó o promovió autorizaciones de contenido económico. El abogado Alberto del Río Azuara confía en la justicia federal para establecer que su cliente fue víctima de la falsificación de sus firmas y, por tanto, no participó en los hechos que le han imputado.
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