Gobierno de AMLO reconoce crisis del país ante CIDH

jueves 25 de abril de 2024

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Gobierno de AMLO reconoce crisis del país ante CIDH.

En un radical viraje de postura ante las comparecencias del Estado mexicano en instancias internacionales, los representantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconocieron la problemática y manifestaron e compromiso de la nueva administración federal para enfrentarla.

Miércoles 05 de Diciembre de 2018

Por: jornada.unam.mx

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Ciudad de México.- El nuevo gobierno mexicano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la crisis que el país atraviesa en materia de garantías fundamentales, incluido el tema de las desapariciones -que suman más de 37 mil en números oficiales-, y se comprometió a terminar con la simulación y a en verdad resolver la problemática.

En un radical viraje de postura ante las comparecencias del Estado mexicano en instancias internacionales, los representantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconocieron la problemática y manifestaron e compromiso de la nueva administración federal para enfrentarla.

Durante una audiencia pública ante esta instancia internacional por el caso de las desapariciones forzadas que se dieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre febrero y mayo de este año y que se achacan a elementos de la Marina, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, también aseguró que el nuevo gobierno de México estará abierto al escrutinio internacional y a fortalecer las relaciones con la CIDH.

En el marco del 170 periodo ordinario de sesiones de la CIDH, que se realiza en Washington, Encinas subrayó que el compromiso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es terminar con la simulación "y asumir que México atraviesa por una profunda crisis de violaciones a los derechos humanos, y tenemos que encararla en muchos ámbitos de la vida nacional".

El funcionario escuchó la presentación de los casos de desaparición forzada por elementos de la Marina en Nuevo Laredo y solicitó a la CIDH que se establezca un mecanismo de seguimiento para atender y resolverlo. Sin embargo, enfatizó, el problema de las desapariciones va más allá ya que son caso 38 mil en todo el país.

A ello, agregó, se han descubierto más de 2 mil fosas clandestinas en los últimos 12 años, y en mil 100 de éstas no se han realizado los procesos de exhumación correspondientes para identificar a las víctimas debido a la falta de capacidad institucional, entre otras problemáticas.

"De esta magnitud es el problema. No va a ser simulando o negando su existencia como se va a atender y resolver".

Aseveró que el nuevo gobierno actuará para buscar a las víctimas y sancionar a los responsables, independientemente si se trata de actores particulares o de agentes del Estado. "Para fortalecer las instituciones del Estado se tiene que acabar con la impunidad".

Los comisionados de la CIDH, encabezados por la presidenta de esta instancia, Margarette May Macaulay, reconocieron la posición de las nuevas autoridades mexicanas y se dijeron dispuestos a colaborar en todo lo que se les solicite. "Es una muestra de voluntad política y da esperanza a futuro (la nueva postura de México). Ojalá otros Estados copien este ejemplo", señaló Macaulay.

Al presentar el caso, Jéssica Molina, esposa de una de las víctimas de desaparición forzada en Nuevo Laredo; Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo; y Karla Quintana Osuna, integrante del equipo de asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del gobierno federal, señalaron que las cifras sobre desapariciones en esta zona oscilan entre os 37 y 51 casos.

Advirtieron que se tienen evidencias contundentes (testimonios documentales y audiovisuales) que muestran que los responsables son elementos de la Marina.

Hicieron varias exigencias: que se investigue de manera diligente los hechos y se busque a los desaparecidos; que cese la criminalización de las autoridades contra familiares, víctimas y defensores de derechos humanos; que se otorguen medidas cautelares a Ramos y otras personas; que en enero se realice una reunión " de alto nivel", con representantes del gobierno federal, en Nuevo Laredo, para atender el caso; que se cree un mecanismo de seguimiento de la CIDH, entre otras.

Encinas aceptó la reunión de alto nivel y solicitó a la CIDH trabajar para establecer las bases para la creación de un mecanismo de seguimiento y dio su compromiso de resolver estos casos.