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.- En México existen por lo menos cinco mil empresas que emiten facturas falsas, asegura el diputado Federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar. “Estamos hablando de la existencia de unas cinco mil células que operan en todo el país, donde los clientes principales son la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México o fueron gobernadores, dependencias públicas, universidades, es decir, tienen más células que el propio crimen organizado dedicado al tráfico de drogas”. En ese sentido, Ramírez Cuéllar analiza presentar una iniciativa que compare la emisión de facturas falsas con la delincuencia organizada, con multas de por medio y diez años de prisión para los involucrados, ya que “el robo de dinero público a través de facturas falsas es grave, pues se calcula un desfalco de 300 mil millones de pesos al año”. Se trata de empresas fantasma, agrega, que “desaparecen como las células del crimen, se constituyen, las ubican, se vuelven a constituir porque tienen mucha demanda, es una demanda que ha crecido, sobre todo por la corrupción que se ha desatado en la administración pública y también de particulares, pero lo más grave es que ya se constituyó en todo un sistema para robarse el dinero, para desviar recursos, para financiar campañas políticas”. En ese sentido, se contratan desde supuestas prestaciones de servicios, como asesoría, diseño de logotipos, publicidad, hasta estudios y servicios de logística; a cambio, las empresas expiden o enajenan comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados. Hay, incluso, empresas que son allegadas a los mismos funcionarios públicos “y esto no sólo tiene alcance nacional, sino internacional, como el crimen organizado, por ello se incluirán sanciones para las empresas corruptas y para los funcionarios involucrados. Queremos que se inhiba la operación y que se ubique a las empresas y para esto lo que estamos proponiendo es la retención del pago del IVA y del pago del Impuesto Sobre la Renta; es decir, la persona o la institución encargada de la contratación de los servicios tendría que retener una parte del IVA para tener un control por parte del SAT y de esta manera lograr la ubicación de la empresa y su revisión, y al mismo tiempo establecer una modificación al Código Penal”, explica. Por ello anuncia que el miércoles próximo se llevará a cabo un foro en la Cámara de Diputados para definir la iniciativa que castigue este modus operandi y, con ello, se atienda una demanda puesta sobre la mesa por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
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