La ONU denuncia crisis sin precedente en Colombia por éxodo de venezolanos

jueves 18 de abril de 2024

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La ONU denuncia crisis sin precedente en Colombia por éxodo de venezolanos.

“Colombia está enfrentando una crisis sin precedente conforme miles de venezolanos continúan cruzando la frontera a diario”, sostuvo en rueda de prensa en Ginebra el portavoz del PMA, Hervé Verhoosel.

Viernes 14 de Septiembre de 2018

Por: Apro

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Ciudad de México.- Colombia vive una crisis sin precedente conforme miles de venezolanos llegan al territorio por falta de alimentos, medicinas y medios para subsistir lo que podría poner en riesgo los avances que ha hecho el país en materia de paz y seguridad alimentaria, denunció el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.

“Colombia está enfrentando una crisis sin precedente conforme miles de venezolanos continúan cruzando la frontera a diario”, sostuvo en rueda de prensa en Ginebra el portavoz del PMA, Hervé Verhoosel.

“La crisis está afectando a miles de familias a lo largo de la frontera que acogen a gran número de venezolanos, lo hacen con buena voluntad, pero estas comunidades, la mayoría indígenas, de por sí enfrentaban condiciones difíciles desde antes de la llegada de venezolanos’’, explicó.

Según el PMA las familias que huyeron de Venezuela pueden quedarse en los centros de asistencia en la frontera colombiana entre tres y cinco días y después deben partir para dejar espacio a los recién llegados, tras lo cual su situación es de extrema vulnerabilidad al no tener fuentes de ingresos para alimentarse.

“En el caso de que alguien les dé comida, no es ni suficientemente nutritiva ni suficientemente diversa”, sostuvo Verhoosel quien calculó que un 80% de los migrantes venezolanos sufren inseguridad alimentaria.

“Debemos ayudar a la gente atrapada en lo que se ha convertido en una crisis regional’’, urgió Verhoosel quien dijo que el PMA ha pedido 22 millones de dólares a la comunidad de donantes para aumentar sus operaciones en el terreno.

Por su parte, Unicef calcula que 438 mil niños necesitan ayuda urgente en los cruces fronterizos en Colombia y Brasil.

“Los colombianos y su gobierno han hecho lo que pueden para ayudar a los venezolanos que llegan en condiciones sumamente vulnerables, el país ha hecho grandes progresos en el proceso de paz y para terminar con el hambre, sin embargo, conforme la crisis de migrantes se acelera y crece en proporción, pone en peligro lo que Colombia ha ganado’’, agregó Verhoosel.

Sobre este punto al ser cuestionado por Apro el vocero del PMA agregó que no es una exageración decir que el éxodo venezolano podría afectar lo que ha ganado el país, “estamos hablando de un millón de personas que han llegado a Colombia, esto puede desestabilizar a cualquier país y poner en riesgo lo que ya se ha avanzado”, insistió.

“El gobierno de Colombia pidió asistencia a Naciones Unidas y el PMA está comprometido para asistir a Colombia con las oleadas de personas que llegan y contribuirá con un plan integral para abordar la seguridad alimentaria, la nutrición, salud y educación’’, expuso Verhoosel subrayando que han solicitado 22 millones de dólares a la comunidad internacional para realizar sus operaciones.

No obstante, a pesar de la situación, el gobierno de Venezuela no ha pedido oficialmente asistencia a las agencias humanitarias de la ONU para proveer de alimento y medicamentos a la población, confirmó a Apro el portavoz del servicio de información de la ONU, Rheal Leblanc.

Según la ONU la crisis en Venezuela ha provocado la peor crisis regional en las Américas en lo que va del siglo.

Crisis de refugiados merece respuesta uniforme de AL

Por su parte, el director de Human Rights Watch en Ginebra John Fisher dijo a Apro que “dada la magnitud y la complejidad de la migración venezolana en la región, los gobiernos deberían adoptar una respuesta colectiva, uniforme y concertada”.

En particular, consideró que los gobiernos deberían considerar la adopción de diversas medidas como un régimen regional de protección temporal que le otorgue a todos los venezolanos estatus legal por un período determinado de tiempo, al menos mientras se evalúan sus solicitudes particulares de protección.

“Los países de América Latina deben responder a la emergencia con un mecanismo regional para distribuir los costos financieros y la recepción de los venezolanos que huyen de su país sobre la base de criterios equitativos de distribución”, urgió.

Además, se deben poner en marcha “estrategias multilaterales contundentes para abordar la raíz del problema que lleva a tantos venezolanos a huir de su país”.

De acuerdo a HRW el flujo masivo de al menos 2,3 millones personas que han dejado Venezuela es uno de los principales retos que enfrentan actualmente los gobiernos de las Américas.

Reconoció que, en los últimos dos años, muchos de ellos han realizado esfuerzos extraordinarios para acoger a los venezolanos que huyen de persecución, violencia y graves privaciones materiales. Sin embargo, agregó Fisher, más recientemente, algunos de estos gobiernos han adoptado progresivamente “una línea más dura, y esto ha generado que sea más difícil para los venezolanos regularizar su situación migratoria”.

“Algunas de estas decisiones podrían poner en riesgo los derechos de solicitantes de asilo venezolanos. Otra cuestión cada vez más alarmante son los incidentes recientes de violencia xenófoba, y un clima que podrían propiciar que esos ataques se incrementen”, valoró.

A su modo de ver la crisis política, económica, humanitaria y de derechos humanos en Venezuela genera una multiplicidad de factores que provoca que los venezolanos se vayan del país y que no puedan o no deseen regresar.

Algunos de estos factores, por sí solos, “podrían bastar para que una persona obtenga la condición de refugiada, mientras que el impacto acumulativo de varios factores podría habilitar a otras personas a solicitar el reconocimiento como refugiados. Otras personas que huyen de Venezuela no cumplen con los requisitos para solicitar estatus de refugiado, pero enfrentan severas dificultades si son regresados a Venezuela y tienen una necesidad urgente de asistencia humanitaria en los países a los que han migrado”, consideró.

Explicó que conforme a los términos de la Convención sobre Refugiados de 1951, la condición de refugiado está asociada al temor fundado de persecución por motivos raciales, religiosos, políticos u otras razones específicas. No obstante, en América Latina, hay normas regionales no vinculantes y leyes internas de algunos Estados que establecen criterios más amplios para obtener asilo.

En particular, 15 Estados de la región han incorporado en su derecho interno la Declaración de Cartagena de 1984, que establece lineamientos para que los Estados de América Latina desarrollen sus propios marcos de protección de refugiados. Además de las obligaciones que les corresponden conforme a la Convención sobre Refugiados, “estos gobiernos tampoco pueden obligar a las personas a regresar a su país de origen si cumplen los criterios de la Declaración de Cartagena para conseguir el estatus de refugiados”.

La Declaración de Cartagena que resulta particularmente relevante para la situación en Venezuela, refirió Fisher, incluye en su definición de refugiados a personas que huyen de “la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. Al interpretar el sentido de la cláusula “otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señaló que estas expresiones “son las menos aplicadas por los órganos nacionales de adjudicación cuando se determinan solicitudes de asilo bajo la definición de refugiado de Cartagena”.

Reconoció que “a pesar de las serias dificultades que esta crisis migratoria genera, algunos gobiernos sudamericanos han realizado enormes esfuerzos por acoger a ciudadanos venezolanos, incluyendo la adopción de normas especiales para brindarles permisos legales de permanencia, además de la posibilidad de pedir asilo. Estos permisos han otorgado estatus legal a cientos de miles de venezolanos, y los han ayudado a empezar de nuevo sus vidas en el extranjero, trabajar y obtener acceso a servicios básicos”.

Criticó a los gobiernos que han adoptado recientemente medidas que, en la práctica, hacen que les resulte sumamente difícil obtener esos permisos. Por ejemplo, Chile, Perú y Ecuador anunciaron que exigirían que los venezolanos presenten pasaportes para ingresar al país o solicitar los permisos.

“A pesar de que Perú y Ecuador se retractaron parcialmente luego de que los anuncios generaran una fuerte reacción, es importante notar que tales medidas representan una dificultad que, para muchos, sería insuperable. Para el venezolano promedio resulta sumamente difícil obtener un pasaporte en Venezuela, y a veces el proceso puede demorar hasta dos años”, remarcó el director de HRW en Ginebra.

Deploró que en el Caribe, donde varios gobiernos tienen estrechos vínculos económicos y políticos con el gobierno venezolano, ningún país ha establecido oficialmente un permiso especial que posibilite que los ciudadanos venezolanos permanezcan legalmente, y la mayoría de los países no tiene leyes generales que regulen el proceso de solicitud de asilo.

“En algunos casos, ciudadanos venezolanos con certificados de asilo emitidos por ACNUR han sido detenidos o deportados a Venezuela. Algunos venezolanos que intentaban refugiarse en países del Caribe y en Brasil han sido hostigados o victimizados mediante acciones xenófobas”, lamentó HRW.