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Ordena juez a la PGR reabrir el caso Tlatlaya.
Amparo a sobreviviente
Domingo 12 de Agosto de 2018
Por: jornada.unam.mx
Foto: Agencia MVT
Ciudad de Mxico.- En una decisin indita, un juez federal de distrito orden a la Procuradura General de la Repblica (PGR) que rencause el expediente de la masacre de Tlatlaya ante la ineficacia y las omisiones cometidas en su investigacin, y sobre todo que profundice en la cadena de mando de la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, que gui a los soldados participantes en ese operativo donde habran sido ejecutadas arbitrariamente al menos entre 12 y 15 personas.

El titular del juzgado decimocuarto de distrito de amparo en materia penal, con sede en Ciudad de Mxico, rik Zabalgoitia Novales, otorg un amparo a una de las sobrevivientes de los hechos de Tla-tlaya, donde el 30 de junio de 2014 un grupo de militares priv de la vida a 22 personas, de las cuales, por lo menos entre 12 y 15 entre ellas dos menores de edad, segn la Comisin Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), habran sido asesinadas cuando ya se encontraban rendidas y desarmadas.

Entre septiembre y octubre de 2014 fueron detenidos 30 efectivos castrenses presuntamente involucrados en los hechos, pero slo siete fueron procesados por lo ocurrido. Para 2016, todos ellos haban sido puestos en libertad por insuficiencia probatoria, pero no por ser declarados inocentes.

El juez Zabalgoitia, en un hecho sin precedente, no slo orden a la PGR que reabra el caso y cumpla con todas las diligencias que no ha llevado a cabo para definir qu ocurri, sino tambin que profundice en la cadena de mando para averiguar el origen de la mencionada orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad.

La seora Clara Gmez Gonzlez, madre de rika, joven de apenas 14 aos de edad que muri en el operativo de Tlatlaya, interpuso una demanda de amparo en contra de la PGR y de la agencia del Ministerio Pblico encargada del caso, por considerar que su investigacin deficiente de lo ocurrido violaba su derecho a conocer la verdad.

La madrugada del 30 de junio de 2014 la mujer estuvo en la bodega de la comunidad de San Pedro Limn donde ocurrieron los hechos. Haba llegado para tratar de rescatar a su hija rika, quien haba sido llevada por la fuerza por un grupo de presuntos delincuentes.

De acuerdo con Clara Gmez, la falta de debida diligencia en las indagatorias provoc que no se investigaran tres puntos importantes en el caso: la ejecucin extrajudicial supuestamente cometida por el Ejrcito, la mencionada orden de abatir criminales en horas de oscuridad y el origen mismo de esa indicacin.

Argumentos aceptados

Luego de analizar el caso, el juez Zabalgoitia emiti una sentencia con fecha del 25 de mayo de 2018 de la cual La Jornada tiene una copia donde consider fundados los argumentos de la denunciante, quien cuenta con el acompaamiento legal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustn Pro Jurez.

El juzgador comprob que la PGR no haba hecho una investigacin efectiva sobre los mencionados temas, y tampoco haba garantizado el derecho de la seora Gmez a coadyuvar en la investigacin; es decir, de aportar los elementos que considerara importantes para llegar a la verdad.

De la misma forma, la procuradura incumpli con su obligacin de analizar todos los elementos informativos en su poder para definir si se haban cometido otros delitos distintos a los que ya se investigaban, que eran homicidio, encubrimiento de un hecho delictivo, ejercicio indebido del servicio pblico y abuso de autoridad.

Uno de los puntos clave consignados por el juez es la declaracin de uno de los siete militares que fueron aprehendidos y posteriormente liberados por falta de pruebas.

En ella, el uniformado seala que la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad forma parte de un machote de uso comn en el Ejrcito, al cual slo se le cambian la fecha, el destinatario y otros datos bsicos.

Al enumerar las fallas de la labor de la PGR, Zabalgoitia indic que la dependencia nunca analiz el contenido de un disco compacto enviado por la CNDH, en el que haba informacin sobre la probable existencia de otros responsables de la masacre.

Asimismo, la procuradura no le pidi a la CNDH que ratificara o cambiara un documento en donde exista discrepancia sobre el nmero de vctimas, no constat que la Polica Federal Ministerial realizara informes de investigacin, ni gener una ruta de fortalecimiento del ejercicio de la accin penal contra los soldados.

Por todo lo anterior, el juez concluy que la PGR no ha realizado diligencia alguna encaminada a la investigacin de los hechos, ni en lo relativo a la orden emitida a los elementos militares (de abatir criminales en horas de oscuridad).

De igual forma, no realiz mayores investigaciones para determinar quin fue la persona que redact la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, a fin de determinar el verdadero significado de esa orden.

Adems de ordenar a la PGR que retome el caso para cumplir con todas las diligencias no realizadas y esclarezca el origen de la citada orden, el juez recuerda que no perseguir los delitos ni a sus autores coloca a la colectividad en permanente peligro, auspiciando la perpetracin de ilcitos bajo el signo de la impunidad.

Por todo lo anterior, la sentencia del juez obliga a la PGR a rencausar el expediente en un plazo mximo de 30 das hbiles que se cumplen esta semana y abre la posibilidad de recabar ms pruebas contra siete militares que en su momento fueron detenidos y luego puestos en libertad por falta de pruebas, no por ser hallados inocentes. El cumplimiento del fallo se encuentra suspendido por los recursos de revisin que interpuso la procuradura.

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