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| Cofece pide inclusión en licitaciones para combatir corrupción. | ||||||
| La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) demandó al próximo gobierno que se le incluya de manera obligatoria en las licitaciones públicas de más de mil millones de pesos para garantizar las condiciones competencia y abatir la corrupción. Ello como parte de 13 recomendaciones que elaboró para los poderes Ejecutivo y Legislativo. | ||||||
| Martes 17 de Julio de 2018 | ||||||
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Con el argumento de que la competencia representa un aliado estratégico en el combate a la corrupción, la presidenta del organismo antimonopolios, Alejandra Palacios, dio a conocer la agenda de competencia en contrataciones públicas para desencentivar acuerdos ilegales entre empresarios y funcionarios en compras de gobierno o contrataciones públicas que serán entregados al equipo de transición del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, así como a los legisladores federales y al Sistema Nacional Anticorrupción. Refirió que tan sólo el año pasado las contrataciones públicas ascendieron a 585 mil millones de pesos en 228 mil contratos, pero la Cofece ha detectado que de manera recurrente hay "simulación" entre las empresas cuando concursan entre sí para una licitación pública y lo cual llega a ser tolerado por las autoridades, además de que se utilizan métodos de excepción, se restringe la participación con requisitos innecesarios, se dirigen los concursos otorgando ventajas a determinadas empresas y no se aplica la inhabilitación a funcionarios multados por el organismo por incurrir en colusión. Palacios aseguró que las acciones propuestas por la Cofece las puede llevar a cabo el próximo titular del Ejecutivo Federal sin necesidad de que haya una reforma legislativa o cambio de leyes pues basta el "puritito interés político" para hacerlo y se pueden realizar incluso mediante decretos presidenciales. Al respecto enlistó seis puntos de la Agencia de Competencia que la Cofece elaboró y entre los que destacan que se le incluya obligatoriamente en las licitaciones relevantes, es decir las que rebasan los mil millones de pesos. El año pasado fueron únicamente 37 licitaciones con dicho monto, realizadas principalmente en el sector salud, obra pública y transporte, mientras que la mayoría, 37 mil 500 fueron de sólo un millón de pesos. La Cofece recomendó además crear un mercado virtual para que proveedores y dependencias públicas interactuén abiertamemte y realicen sus transacciones. También se pronunció por la consolidación de compras gubernamentales y que mediante un decreto se a todas las dependencias públicas federales a realizar sus compras pequeñas de bienes homogéneos a través del referido mercado virtual. Alejandra Palacios ponderó que se debe aplicar la inhabilitación que ya está prevista en la Ley General de Responsabilidad Administrativa pues aunque la Cofece sanciona a empresas, particulares y funcionarios que incurrieron en colusión desconoce si fueron inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública (SFP). "Más que las multas, el verdadero castigo fuerte para quienes incurrieron en actos de colusión es no poder concursar de nuevo en licitaciones públicas", dijo, al tiempo que admitió que quizá no se estableció un equipo de trabajo entre la Cofece y la SFP para dar seguimiento a los casos ya sancionados por la primera. Otras siete recomendaciones que hizo la Cofece son para fortalecer la transparencia y combatir la corrupción en las licitaciones públicas. Refieren a que se necesitan reformas legislativas; restringir la participación simultánea de un mismo grupo empresarial para evitar la simulación de competencia; crear una ley de contratación pública apegada a estándares internacionales; obligar a las investigaciones de mercado; eliminar las excepciones previstas actualmente en las contrataciones, entre otras. Recordó que la Cofece ha realizado varias investigaciones sobre licitaciones públicaa en mercados diferentes en los que encontró que la falta de competencia ha implicado sobreprecios de entre 15 y 30 por ciento, cuando el promedio detectado en los países de la OCDE sólo fue 20 por ciento. "Cuando hay competencia por los contratos de gobierno, se restringen los precios, se reducen los espacios para el favoritismo y el tráfico indebido de influencias y se dificulta la formación de acuerdos colusorios orientado a extraer ganancias ilícitas mediante relaciones de complicidad entre supuestos competidores y entre un oferente y un servidor público", puntualizó la Cofece. |
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