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Especial.
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.- En México no hay instituciones adecuadas para realizar labores forenses, por lo que las propias familias de las víctimas de desaparición han debido realizar ese trabajo con sus propios medios, asegura Juan Carlos Trujillo, integrante del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera. El Estado mexicano, insiste, no tiene capacidad para solucionar el problema que él mismo creó, y menos Veracruz, que es la fosa más grande del País. Por todo ello, indicó, las autoridades veracruzanas deberían reconocer su incompetencia y pedir cooperación con quien la tengan que pedir, sin descartar a organismos internacionales como el equipo argentino de antropología forense, con quienes ya tiene contacto el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, asesor del Colectivo María Herrera. Un ejemplo de la ineficiencia de la Fiscalía Estatal, señala el activista, es que los familiares de víctimas han encontrado restos humanos en terrenos que supuestamente ya habían sido revisados con georradar y perros rastreadores. De igual forma, Trujillo hace énfasis en que la mayoría de las desapariciones no son cometidas por grupos criminales, sino por servidores públicos, siguiendo órdenes de funcionarios de distintos niveles de gobierno con el objetivo de intimidar y exterminar a la población civil. Acerca de los hallazgos en La Gallera, comunidad de Tihuatlán, recordó que en varias ocasiones han sido encontrados restos humanos ahí –además ropa y objetos personales–, pero su identificación y análisis es complicado, porque muchos de ellos se encuentran dispersos entre la maleza o están calcinados. Las más recientes diligencias de búsquedas en dicho sitio se realizaron del 14 al 18 de mayo, y aunque la Procuraduría General de la República embaló los restos encontrados, la fiscalía de Veracruz es la encargada de su análisis científico, lo que ha generado desconfianza entre las organizaciones de víctimas. Por ello, insiste, ante la falta de voluntad política y de capacidad institucional de la Fiscalía General de Veracruz para analizar los restos humanos encontrados, las autoridades estatales deben admitir su incompetencia y pedir ayuda de organismos internacionales. Así las cosas…
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