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| AI pide a México investigación “independiente y exhaustiva” basada en conclusiones de la ONU-DH. | ||||||
| Ello, luego del informe condenatorio publicado la víspera por la ONU sobre la investigación realizada por el gobierno mexicano en torno a la desaparición forzada de los 43 normalistas en septiembre de 2014. | ||||||
| Viernes 16 de Marzo de 2018 | ||||||
| Por: Apro | ||||||
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Ello, luego del informe condenatorio publicado la víspera por la ONU sobre la investigación realizada por el gobierno mexicano en torno a la desaparición forzada de los 43 normalistas en septiembre de 2014. En dicho informe se revela la detención arbitraria y la tortura de sospechosos; la manipulación y ocultación de pruebas, y se subraya la necesidad urgente de reformar las investigaciones penales llevadas a cabo en México. Por ello AI considero que “el gobierno mexicano debe abrir de inmediato una investigación independiente y exhaustiva basada en las conclusiones de este informe”. Y subrayó: “Todos los funcionarios públicos sospechosos de estar implicados en actos de tortura u otras violaciones de derechos humanos deben ser suspendidos de su puesto en espera de los resultados de la investigación”. Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI recalcó que las conclusiones de la ONU confirman lo que activistas y organizaciones de derechos humanos llevan años exponiendo y denunciando: “el uso generalizado de la tortura por parte de las autoridades mexicanas y la manipulación de pruebas para encubrir terribles violaciones de derechos humanos y garantizar la impunidad de sus autores. La investigación “indignantemente deficiente sobre uno de los crímenes más atroces de la historia reciente de México”, dijo, lustra la manera en que las autoridades abusan del sistema judicial y cómo se niegan a hacer frente a las violaciones de derechos humanos. AI recordó que el 26 de septiembre de 2014, la policía atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, y 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada, sin que a la fecha se conozca su paradero, mientras que otros tres estudiantes y tres transeúntes murieron. Desde entonces, siguió, los expertos internacionales han echado por tierra repetidamente la teoría planteada por la Procuraduría General de la República (PGR), según la cual la policía municipal entregó a los estudiantes a miembros de una banda local de narcotraficantes, quienes los asesinaron, quemaron sus cadáveres en un vertedero en la cercana Cocula y arrojaron sus cenizas al río San Juan. El informe publicado el jueves por la OACNUDH, abundó, “muestra que la investigación de la PGR implicó múltiples violaciones de derechos humanos”, entre ellas 34 casos de detención arbitraria y tortura, y la posible ejecución extrajudicial de un sospechoso, Emmanuel Alejandro Blas Patiño, muerto presuntamente por tortura a manos de miembros de la Armada el 27 de octubre de 2014. “La OACNUDH también revela cómo las autoridades mexicanas violaron los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, pues documenta irregularidades en la investigación en el río San Juan y la obstrucción de una investigación interna sobre detenciones ilegales a manos de agentes de la PGR”, señaló AI. |
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