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Senado de EU inicia debate sobre acuerdo migratorio.
La propuesta de ley promovida por los republicanos con el respaldo del presidente Donald Trump, es una limitante para el resto de los ocho millones de inmigrantes indocumentados que se estima viven y trabajan en Estados Unidos desde hace varios años.
Martes 13 de Febrero de 2018
Por: Apro
Foto: AP.
Washington.- La Cámara de Senadores del Congreso federal de Estados Unidos inicia este martes el debate sobre la propuesta de ley 2579, que pretende regularizar el estatus de residencia y laboral de 1.8 millones de inmigrantes indocumentados conocidos como dreamers o soñadores.

La propuesta de ley promovida por los republicanos con el respaldo del presidente Donald Trump, es una limitante para el resto de los ocho millones de inmigrantes indocumentados que se estima viven y trabajan en Estados Unidos desde hace varios años.

Trump quiere que se regularice solamente la situación de los inmigrantes indocumentados acogidos bajo la Acción Diferida de los llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que serían los 1.8 millones personas beneficiadas, a cambio de aplicar mano dura para el resto.

“Han iniciado las negociaciones sobre DACA, los republicanos quieren un acuerdo y los demócratas también. Sería grandioso si finalmente, después de muchos años resolviéramos el rompecabezas de DACA. ¡Esta será nuestra última oportunidad, no habrá otra más! 5 de marzo”, escribió el presidente Trump en su cuenta personal de Twitter, minutos antes del arranque del debate en el Capitolio.

Con el patrocinio de la Casa Blanca los republicanos empujaron en el Senado la medida que acabaría con el proceso actual que permite a los inmigrantes naturalizados como ciudadanos estadunidenses, solicitar la residencia permanente para sus padres e hijos mayores de 18 años. A su vez limita la asignación de visas de empleos temporales en Estados Unidos para áreas como la de la agricultura y servicios.

La oferta republicana y de Trump contempla ampliar la asignación de visas de empleo temporal a países que ofrecen mano de obra altamente calificada, en especial para el sector tecnológico y el área de investigaciones médicas y científicas.

En el pleno del Senado cuyo plazo de debate será de una semana, la discusión será álgida tomando en cuenta que los demócratas se oponen a la propuesta republicana, con la excepción del caso de los soñadores y rechazan las condiciones de Trump de promulgar como ley una legislación que además de todo lo anterior contenga más presupuesto para construir el muro en la frontera con México y para fortalecer y endurecer la seguridad fronteriza y las medidas en contra de los inmigrantes indocumentados.

Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en el Senado definió como regla para el debate que éste dure como máximo siete días, pero abrió la llave para un posible impase político.

El líder republicano estableció que cada uno de los 100 legisladores que integran al Senado, pueda hacer enmiendas a la medida migratoria 2579, siempre y cuando cuenten con el respaldo de 60 votos.

La acción legislativa, que bajo este esquema se considera un proceso largo e irreconciliable en muchos aspectos, ocurre en medio del proceso de aprobación del presupuesto para el año fiscal 2019 que la Casa Blanca envió este lunes al Capitolio para su aprobación.

Presupuesto pro muro

En el presupuesto para el Departamento de Seguridad Interior por 47 mil 500 millones de dólares, Trump pide mil 600 millones de dólares para la edificación de un muro en la frontera con México de 104.6 kilómetros de longitud. El mandatario exige 164 millones de dólares para la contratación de 750 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza y 153 trabajadores que ofrezcan respaldo técnico en acciones enfocadas a la vigilancia limítrofe.

Del presupuesto pedido para el Departamento de Seguridad Interior, la Casa Blanca quiere 5 mil 100 millones de dólares para endurecer las acciones contra los inmigrantes indocumentados. En este casillero se incluye la contratación de dos mil nuevos agentes de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles), encargados de llevar a cabo redadas en el territorio estadunidense para ubicar, detener y deportar a los inmigrantes indocumentados; y de mil 312 trabajadores de respaldo para estas acciones de la aplicación de la ley.

Se financiará y ampliará el programa tecnológico conocido como E-Verify, bajo el cual los empleadores pueden corroborar que sus empleados que no sean ciudadanos estadunidenses se encuentren ilegalmente en los Estados Unidos.

Otra de las condiciones de Trump es eliminar los llamados santuarios para inmigrantes indocumentados, lo que implica la aplicación de sanciones a las ciudades o poblaciones de cualquier estado de la Unión Americana que no coopere con el gobierno federal para la detección, ubicación, captura y deportación de inmigrantes indocumentados.

La presión que tiene el Congreso federal estadunidense es el plazo que les impuso el presidente Trump para solucionar el estatus de residencia y laboral de los soñadores. Como lo mencionó Trump en su mensaje de Twitter, los legisladores tienen hasta el 5 de marzo como fecha límite para aprobar un proyecto de ley, de lo contrario y a partir de esa fecha los inmigrantes indocumentados acogidos bajo DACA estarían sujetos a su deportación de los Estados Unidos.

Los demócratas prometen rechazar cualquier proyecto de ley de los republicanos y Trump bajo las condiciones de mano dura que incluyan, entre otras cosas, 20 mil millones de dólares más para seguir con la construcción del muro fronterizo.

Cualquier legislación aprobada por el Senado tendrá que ser refrendada por la Cámara de Representantes, donde los republicanos y demócratas tienen oportunidad de hacerle otros cambios.

Un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes y diferente a la versión del Senado, se tendría que someter a una comisión bicameral para consensuarla y posteriormente ser enviada a los plenos de las dos Cámaras para su aprobación. De ser este el caso la medida se envía después a la Casa Blanca para que el presidente la promulgue en ley, bajo la premisa constitucional de que si no le gusta la pueda vetar.

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