De Veracruz al mundo
Bajaron en 76% en 2017 recomendaciones contra militares: gobierno.
El gobierno de México aseguró que las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas por presuntas violaciones a las garantías fundamentales de las personas se redujo en 76 por ciento en 2017, gracias a la capacitación y a los lineamientos que se han emitido para el Ejército y la Marina.
Sábado 20 de Enero de 2018
Por: jornada.unam.mx
Ciudad de México.- El gobierno de México aseguró que las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas por presuntas violaciones a las garantías fundamentales de las personas se redujo en 76 por ciento en 2017, gracias a la capacitación y a los lineamientos que se han emitido para el Ejército y la Marina.

Al dar respuesta al informe anual de Human Rights Watch (HRW) 2018, ratificó su compromiso para resolver los casos de Ayotzinapa y Tanhuato.

Reconoció los desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos y ratificó su compromiso de garantizar la protección de estas garantías en todo el territorio nacional.

En un comunicado conjunto de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como de la Procuraduría General de la República, resaltó su compromiso con el esclarecimiento en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la continuidad de la investigaciones y la sanción de los responsables del hecho.

Por ello, dijo que continúa colaborando con el mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y con los familiares de las víctimas y sus representantes. El 95 por ciento de las 941 peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) han sido abordadas de manera efectiva.

También ratificó su interés en resolver el caso Tanhuato y sancionar a los responsables de los hechos. Resaltó que continúan las investigaciones y hay personas detenidas y procesadas. De igual manera “existe el compromiso total con la reparación a las víctimas y la no repetición de sucesos similares”.

Sobre la masacre de Tlatlaya, aseguró que el poder judicial federal resolvió el asunto conforme a derecho, respetando y garantizando los derechos humanos de los inculpados, víctimas u ofendidos.

El gobierno de México reiteró su más amplio reconocimiento a la importante labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y rechazó cualquier acto que busque limitar sus derechos y libertades fundamentales.

Por ello, ha fortalecido sustancialmente el presupuesto y funcionamiento del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (Feadle); así como la coordinación con las entidades federativas.

En su respuesta resaltó que se fortalecen las capacidades institucionales que aseguren la protección de las personas migrantes -especialmente los niños y adolescentes- y solicitantes de refugio que transitan el país.

En los últimos cuatro años, se otorgó el reconocimiento de la condición de refugiado a 6 mil 473 personas y se otorgó protección complementaria a mil 657 más.

Las autoridades mexicanas agradecieron el interés de HRW por el respeto a los derechos humanos en todo el mundo y reconocieron las observaciones tanto de esta como de otras organizaciones de la sociedad civil. Reiteraron el compromiso institucional ineludible de continuar trabajando en la promoción, protección y defensa de las garantías fundamentales de las personas.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto integrantes de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, aseveró la organización Human Rights Watch (HRW).

En el capítulo México del informe mundial 2018 acerca de la situación de los derechos humanos, HRW subrayó que el gobierno mexicano “ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el ex presidente Felipe Calderón comenzó en 2006 la ‘guerra contra el narcotráfico’ en México”.

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