De Veracruz al mundo
Daña al federalismo, el recorte de recursos a Chihuahua.
En México el federalismo no ha sido bien entendido por los gobiernos priistas, conforme a sus principios esenciales, afirmó Maclovio Murillo
Jueves 11 de Enero de 2018
Por: Excelsior
Foto: Cuartoscuro .
Ciudad de México.- En un auténtico sistema federalista, las participaciones y recursos que deben entregarse a los estados federados que integran el pacto, son distribuidas de manera proporcional a su contribución, bajo los principios de equidad e igualdad, de tal forma que, quien más aporta, más recibe, sin regateos ni exceso de discrecionalidad en su asignación, destacó Maclovio Murillo.

Indicó que en la entrega de recursos en un sistema federalista la “actividad se realiza bajo parámetros que tratan de privilegiar la sana y justa convivencia entre las diversas entidades que, aún con independencia y autonomía propia e inclusive cierta dosis de soberanía, han decidido unirse entre sí, para conformar un estado más grande y más fuerte, conformado por varias entidades. Ese es el propósito fundamental de la unión: ‘For-ta-le-cer-se’”.

Estimó que “en México el federalismo no ha sido bien entendido por los gobiernos priistas, conforme a sus principios esenciales, y más bien lo han hecho añicos a su conveniencia, debido a que, los recursos a cada estado, no se asignan objetivamente, bajo parámetros de igualdad, equidad y proporcionalidad”.

Consideró que “el PRI ya dejó de ser el partido hegemónico y ahora comparte el poder, co-gobernando en algunos estados del país, lo cierto es que los Gobernadores siguen siendo tratados bajo criterios subjetivos y sin equidad, por las autoridades federales de primer orden, sobre todo cuando se trata de aquellos que obtuvieron su cargo habiendo sido postulados por un partido distinto al PRI, o cuando ya les resultan inconvenientes a ese partido (a muchos los han hecho renunciar hasta porque no se ganan las elecciones para el PRI)”.

Puntualizó que “la chequera de la Secretaria de Hacienda, sigue usándose como un medio de control político, donde los recursos no se entregan con base a los principios de una sana distribución equitativa y proporcional de las asignaciones, sino exclusivamente con base al grado de amistad y afinidad con las autoridades centrales, sobre todo cuando se trata de partidas especiales cuyo objetivo es el saneamiento financiero, las cuales se otorgan con una oprobiosa discrecionalidad”.

Por lo que mencionó “de esa manera, los estados federados pierden soberanía, autonomía e independencia, pues si no se ajustan a los designios del Presidente de la República (aunque en el fondo se les pida que traicionen la porción poblacional que representan) se les castiga con ‘moches’ en sus ingresos, haciéndoles la vida imposible y dejándolos sin posibilidades de realizar obra pública suficiente, proyectando así mala imagen al interior de su estado. Y de lo contrario, si se muestran colaboradores, por ejemplo, en la tarea desviar recursos ilegalmente a las campañas del PRI, se les premia con más y más asignaciones para que no solamente realicen obra pública y den una apariencia de abundancia y prosperidad que luego se refleje en saldos electorales positivos, sino también, para que, al haber más, puedan sustraer más, ilícitamente”.

Comentó que se lleva a cabo “un juego rotundamente perverso, sin duda alguna. Lo anterior viene al caso ahora que el Secretario de Hacienda Federal, ha declarado en medios que, los recursos derivados de tres convenios por los cuales se obligó a entregar más de 780 millones de pesos a Chihuahua, que eran adicionales a sus participaciones ordinarias, y que se pactaron hasta el 14 de Diciembre de 2017, para ser entregados antes de finalizar el año fiscal, se incumplieron en primer término bajo el pretexto de que " falló la recaudación" y se produjo una falta de recursos”.

Y después, “cuando supuestamente, solo en unos pocos días, ya se tuvieron los recursos, no se transfirieron debido a que, el número de cuenta proporcionado para recibir la transferencia, no era el correcto”.

Lo anterior, dijo, “sin duda, llama poderosamente la atención en los momentos en que se desahoga un proceso electoral y permite preguntarnos”:

¿Que no son esos, auténticos pero muy malos pretextos para incumplir? ¿Por qué solo para Chihuahua no hubo recursos y para los demás estados sí? ¿Qué no es certero que, al finalizar el año, la recaudación de Hacienda ya se ha obtenido casi en un cien por ciento? ¿Por qué, si no se contaba con suficiencia presupuestaria, el 14 de diciembre se pactó esa entrega de recursos que no se tenían y se debían entregar antes de finalizar el año? ¿Por qué en el evento inadmitido que estuviera incorrecto el número de cuenta proporcionado para llevar a cabo la transferencia, no se llamó al Secretario de Hacienda de Chihuahua para pedirle la corrección y hacer oportunamente el deposito? ¿No tuvo teléfono el Secretario de Hacienda o algún subordinado para realizar esa importante gestión y obtener el número correcto de cuenta?

Es claro que, los pretextos son útiles solo cuando no se quiere cumplir con una obligación, pero en este caso, no dejan de ser meros pretextos infantiles, torpes e impertinentes, para ocultar la verdadera intención que subyace en el fondo del asunto y obviamente era castigar a Chihuahua por el pecado de que su gobernador tuvo la osadía de impulsar a la Fiscalía General del Estado a que investigara casos de corrupción política que implican a singulares priistas, como Alejandro, (a) ‘La Coneja Gutiérrez’, cuyo encarcelamiento le duele no sólo a Beltrones y a Meade, sino también a otros actores de gran jerarquía en el entramado político nacional, al grado de inventar y difundir, sin que sea cierto, rumores pueriles en el sentido que se le ha torturado para que colabore en la delación de sus cómplices, lo cual, es un verdadero sofisma creado solo para desprestigiar y tratar de obtener la impunidad para los que desde la comodidad del poder, actúan como verdaderos delincuentes de cuello blanco.

Que quede claro: para nada necesita Chihuahua a ese sujeto como testigo colaborador a cambio de que delate a sus cómplices, y menos se le ha torturado para que acepte esa calidad, como irresponsablemente se ha denunciado, pero si él, voluntariamente, en algún momento de reflexión, y aunque le duela a quien le duela, quiere declarar la verdad y acogerse a algún juicio abreviado que estime benéfico, y solicita de acuerdo con su defensor, de manera pública y transparente, la aplicación de algún criterio de oportunidad, que sea posible conforme a la ley, obviamente que serán las autoridades competentes quienes decidirán lo que en derecho corresponda, sin presión alguna y de manera imparcial, objetiva e independiente, con absoluta transparencia y pleno respeto al debido proceso y a la garantía de legalidad.

Entre tanto, el hecho irrefutable de que la Secretaria de Hacienda realizó un moche unilateral de recursos, al incumplir no con las participaciones ordinarias ni extraordinarias pactadas para Chihuahua, como también se ha dicho incorrectamente que es de donde proviene el reclamo, sino específicamente con los tres convenios en cuestión, enlazado todo eso con la reiterada y persistente negativa injustificada de la PGR y la SRE, para proceder de inmediato a integrar la solicitud de detención con fines de extradición del exgobernador priista César Duarte Jaquez , quien tiene en su contra once ordenes de aprehensión, son indicios unívocos que apuntalan la conclusión en el sentido que, el Gobierno de la República, está ejerciendo lo que en puridad jurídica es un abuso del poder en perjuicio del Federalismo y del pueblo de Chihuahua, para pujar indebidamente por la subsistencia del pacto implícito de impunidad que se ha sostenido, para proteger a quienes robaron los dineros públicos de Chihuahua, cuyo destino fue, en una parte, llevarse ilegalmente a las campañas políticas del PRI, a efecto de romper el principio de equidad en procesos electorales ya celebrados, lo cual, debiera originar la pérdida del registro de ese instituto político. Los chihuahuenses y mexicanos en general, debemos unirnos y reaccionar contra ese ataque a la República Federal y al pueblo de Chihuahua, pues no es posible que desde el centro del País, las instituciones que debieran servirle a todos por igual, impongan políticas abusivas para ejercer un control político y discrecional, que daña la soberanía, independencia y autonomía de las entidades federadas. ¿Hoy le tocó a Chihuahua, quien sigue?”

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