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Seis ONGs internacionales piden a Washington no dar más dinero a Sedena por violaciones a DDHH.
Seis organizaciones civiles pidieron al gobierno estadounidense detener el flujo de dinero en efectivo que recibe el Ejército mexicano por considerar que México no ha cumplido con el requisito de mejorar la situación de derechos humanos de sus ciudadanos y tampoco ha investigado los delitos y abusos que sufren a manos de las fuerzas de seguridad.
Miércoles 13 de Septiembre de 2017
Por: sinembargo.mx
Foto: Cuartoscuro .
Ciudad de México.- A más tardar el 30 de septiembre, el Departamento de Estado debe reportar al Congreso de Estados Unidos si México ha cumplido con el requisito de mejorar su situación de derechos humanos en cuatro áreas fundamentales a fin que le sean entregados los fondos específicamente apartados para los militares mexicanos.

Para seis organizaciones civiles mexicanas e internacionales, el Gobierno de México no debe recibir la ayuda de EU debido a los casos de violaciones a los derechos humanos que han sufrido los ciudadanos a manos de miembros del Ejército.

Seis organizaciones civiles pidieron al gobierno estadounidense detener el flujo de dinero en efectivo que recibe el Ejército mexicano por considerar que México no ha cumplido con el requisito de mejorar la situación de derechos humanos de sus ciudadanos y tampoco ha investigado los delitos y abusos que sufren a manos de las fuerzas de seguridad.


A más tardar el 30 de septiembre, el Departamento de Estado debe reportar al Congreso de Estados Unidos si México ha cumplido con el requisito de mejorar su situación de derechos humanos en cuatro áreas fundamentales a fin que le sean entregados los fondos específicamente apartados para los militares mexicanos.

Para Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG, por sus siglas en inglés, y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), el gobierno mexicano no ha mostrado voluntad política para proteger los derechos humanos.

“Tomando en cuenta la impunidad generalizada en casos de violaciones a derechos humanos en México y que el gobierno no ha enfrentado debidamente abusos como la tortura y las desapariciones forzadas, el Departamento de Estado debe abstenerse de certificar que en México hay progreso en estos temas. Apoyar incondicionalmente a las fuerzas de seguridad en México cuando no se rinden cuentas por violaciones a derechos humanos solo empeorará la situación del país, en lugar de mejorarla”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de los Migrantes en WOLA.


Las organizaciones pusieron como ejemplo de las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército mexicano, la resolución judicial que determinó que la Procuraduría General de la República (PGR) no investigó con diligencia el caso de los soldados responsables por la muerte de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, y que tampoco investigó la cadena de mando de la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

“Esta sentencia es una prueba más de que el gobierno mexicano no cumplió con el primer requisito para recibir la asistencia de Estados Unidos”, precisaron las organizaciones mexicanas e internacionales.

Los cuatro requisitos que México debe cumplir para recibir la asistencia de Estados Unidos están:

1. El Gobierno de México debe investigar y perseguir en forma exhaustiva y convincente y en tribunales civiles las violaciones a los derechos humanos.

En este punto, las organizaciones consideraron que México no cumplió debido a que la investigación penal sobre el homicidio de 22 civiles por soldados mexicanos en Tlatlaya no ha progresado.

“Las autoridades mexicanas no han obtenido órdenes de aprehensión contra los soldados implicados por homicidio, encubrimiento, y manipulación de evidencia ni han investigado la ‘orden de matar’ bajo la cual operaba el ejército mexicano cuando ocurrió la masacre”, señalaron.


2. Cumplir de manera vigorosa las prohibiciones contra la tortura y la prohibición del uso de testimonios obtenidos a través de la tortura.

En este requisito señalaron que aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México y la PGR han recibido miles de denuncias de tortura, entre 2012 y 2016 los agentes del ministerio público presentaron cargos en sólo 22 casos. Sólo hay pruebas de 15 condenas por tortura en México desde 1999.

3. Búsqueda efectiva de las víctimas de desapariciones forzadas, e investigación y persecución convincente de las personas responsables de tales crímenes.

Según cifras oficiales, hay más de 32 mil desaparecidos en México, sin embargo, los firmantes destacaron que los recientes descubrimientos por un colectivo de familiares de desaparecidos de varias fosas comunes ponen de manifiesto “la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno para buscar y exhumar cuerpos, identificarlos y regresarlos a sus familias”.
4. El Comité espera la cooperación completa del Gobierno de México con el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida en Guerrero en septiembre de 2014.

EL ESPIONAJE A ACTIVISTAS

El documento mencionó que la situación de los derechos humanos ha empeorado en el país en los últimos seis meses con el asesinato de periodistas, y el espionaje que ha hecho el gobierno mexicano a través del sistema “Pegasus” a los mismos, a activistas anti-corrupción y defensores de derechos humanos.

“En los últimos seis meses hemos atestiguado cómo la situación de los derechos humanos en México ha empeorado, incluyendo elevados niveles de violencia y ataques particularmente atroces contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Un total de ocho periodistas han sido asesinados en lo que va de 2017.

“Este ambiente ha sido agravado por la reciente revelación del periódico The New York Times y de organizaciones civiles mexicanas e internacionales sobre la utilización ilegal de spyware, que puede ser sólo adquirido por entidades gubernamentales, en contra de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas anti-corrupción”, indicaron.

La solicitud al Gobierno de Estados Unidos se realizó a través de un memorándum que fue enviado a funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Estado y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de Estados Unidos, y a la embajadora de ese país en México, Roberta Jacobson.

En el informe, se presentó la investigación y casos documentados por las organizaciones que demuestran, según las organizaciones “que el gobierno mexicano no ha cumplido con los requisitos en derechos humanos señalados por el Congreso para el año fiscal 2017”.

“Consideramos que el informe del Departamento de Estado sobre los requisitos de derechos humanos incluidos en la ayuda para Financiamiento Militar Exterior a México representa una importante oportunidad para realizar una evaluación meticulosa y completa del cumplimiento de las condiciones de derechos humanos establecidas por el Congreso”, puntualizaron.

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