Un análisis de los acuerdos tomados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reveló que el lema “definitivo e inatacable”, ha quedado en el cajón del olvido, pues en medio de las resoluciones en las que determinarán la validez definitiva de las elecciones del 2 de junio, incluida la presidencial, ni siquiera han cumplido las sentencias que las vinculan a ellas mismas para emitir una resolución que pruebe la certeza, la legalidad y la equidad. Y es que, el acuerdo de crear un catálogo de funcionarios públicos que hayan cometido ilícitos electorales para considerarlo al validar las elecciones, quedó en el cajón sin que hayan cumplido lo que se autoimpusieron. En ese sentido, se confirmó que la sentencia del pasado 28 de febrero en la que se ‘suavizó’ la propuesta de crear un catálogo genérico de funcionarios que hubieran cometido ilícitos electorales, en lugar de un cuadernillo vinculante sólo para la elección presidencial, simplemente quedó olvidada. En la decisión firme que se publicó en estrados oficiales hace cinco meses, el 4 de marzo, se ordenó a la Secretaría General proponer el acuerdo al pleno, lo que ésta cumplió y lo presentó ante la Sala Superior, pero el bloque mayoritario de la magistrada presidenta Mónica Soto ni siquiera terminó de aprobarlo, no emitieron ningún comentario, no lo firmaron para que se le diera trámite y ni siquiera pudo comenzar a implementarse, por lo que están en pleno autodesacato. Fuentes de la Sala Superior involucradas en este proceso confirmaron que el incumplimiento fue directo de las magistraturas aunque nunca hubo una notificación del porqué, ni los motivos por los que la magistrada presidenta Mónica Soto no ordenó el cabal cumplimiento de una propuesta que incluso, es de su autoría. Señalaron que la Secretaría General de Acuerdos, en ese momento a cargo de Rodrigo Sánchez Gracia presentó una propuesta sobre la creación de un micrositio de fácil acceso y consulta, para que incluso la ciudadanía en general pudiera revisar los ilícitos electorales por los que cada funcionario ha sido sancionado, cuántas sentencias tiene y el impacto en la elección en ese entonces en curso. La propuesta contemplaba protección de datos personales y reglas sobre el funcionamiento, el tiempo que permanecería el registro de cada funcionario que preveía apegarse a los cinco años que marca la norma electoral en materia de prescripción, e incluso, impulsaba un avance tecnológico hasta de inteligencia artificial para la clasificación de los casos. En este marco, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora presentaron su voto particular parcial y firmaron para continuar el proceso, pero el bloque mayoritario no terminó de aprobarlo y simplemente se quedó el trámite incompleto. En la sesión del 28 febrero, a punto de comenzar las campañas electorales, la magistrada Janine Otálora propuso la creación de un cuadernillo de antecedentes que estableciera todas las intervenciones ilícitas en la elección presidencial, ante la reincidencia en la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernadores y funcionarios públicos, para que esto se considerara de manera automática al validar la elección presidencial y determinar su equidad, legalidad y certeza. Sin embargo, la magistrada presidenta Mónica Soto cambió la propuesta por un catálogo genérico que aseguró, sería mucho más amplio pues no tendría una vinculación con la elección presidencial sino con todos los procesos electorales, para enlistar a todo funcionario que se haya sancionado por ilícitos electorales. La magistrada Otálora accedió a cambiar su propuesta, se pospuso una semana y presentó un nuevo proyecto con ambas propuestas para que ninguna afectara a la otra, pero tras un debate de casi dos horas, el bloque de Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes lo rechazaron argumentando que lo viable era sólo un catálogo público de infractores y no sólo para la elección presidencial sino para todas las contiendas. No obstante, la propuesta de la magistrada presidenta nunca se materializó, pues ella misma no impulsó su cumplimiento. Por lo que, a la fecha y a contrarreloj para validar la elección presidencial, una sentencia de hace cinco meses sigue empolvándose en el cajón. Y aunque podrían retomarla, ya no tendría la vinculación que prometieron con las elecciones de este año, que están a punto de resolver y a lo que la propia Sala Superior se auto vinculó sin que lo hayan cumplido. Así las cosas. MEMORANDUM 1.- Un análisis de los acuerdos tomados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reveló que el lema “definitivo e inatacable”, ha quedado en el cajón del olvido, pues en medio de las resoluciones en las que determinarán la validez definitiva de las elecciones del 2 de junio, incluida la presidencial, ni siquiera han cumplido las sentencias que las vinculan a ellas mismas para emitir una resolución que pruebe la certeza, la legalidad y la equidad. Y es que, el acuerdo de crear un catálogo de funcionarios públicos que hayan cometido ilícitos electorales para considerarlo al validar las elecciones, quedó en el cajón sin que hayan cumplido lo que se autoimpusieron. En ese sentido, se confirmó que la sentencia del pasado 28 de febrero en la que se ‘suavizó’ la propuesta de crear un catálogo genérico de funcionarios que hubieran cometido ilícitos electorales, en lugar de un cuadernillo vinculante sólo para la elección presidencial, simplemente quedó olvidada. En la decisión firme que se publicó en estrados oficiales hace cinco meses, el 4 de marzo, se ordenó a la Secretaría General proponer el acuerdo al pleno, lo que ésta cumplió y lo presentó ante la Sala Superior, pero el bloque mayoritario de la magistrada presidenta Mónica Soto ni siquiera terminó de aprobarlo, no emitieron ningún comentario, no lo firmaron para que se le diera trámite y ni siquiera pudo comenzar a implementarse, por lo que están en pleno autodesacato. Fuentes de la Sala Superior involucradas en este proceso confirmaron que el incumplimiento fue directo de las magistraturas aunque nunca hubo una notificación del porqué, ni los motivos por los que la magistrada presidenta Mónica Soto no ordenó el cabal cumplimiento de una propuesta que incluso, es de su autoría. Señalaron que la Secretaría General de Acuerdos, en ese momento a cargo de Rodrigo Sánchez Gracia presentó una propuesta sobre la creación de un micrositio de fácil acceso y consulta, para que incluso la ciudadanía en general pudiera revisar los ilícitos electorales por los que cada funcionario ha sido sancionado, cuántas sentencias tiene y el impacto en la elección en ese entonces en curso. La propuesta contemplaba protección de datos personales y reglas sobre el funcionamiento, el tiempo que permanecería el registro de cada funcionario que preveía apegarse a los cinco años que marca la norma electoral en materia de prescripción, e incluso, impulsaba un avance tecnológico hasta de inteligencia artificial para la clasificación de los casos. En este marco, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora presentaron su voto particular parcial y firmaron para continuar el proceso, pero el bloque mayoritario no terminó de aprobarlo y simplemente se quedó el trámite incompleto. En la sesión del 28 febrero, a punto de comenzar las campañas electorales, la magistrada Janine Otálora propuso la creación de un cuadernillo de antecedentes que estableciera todas las intervenciones ilícitas en la elección presidencial, ante la reincidencia en la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernadores y funcionarios públicos, para que esto se considerara de manera automática al validar la elección presidencial y determinar su equidad, legalidad y certeza. Sin embargo, la magistrada presidenta Mónica Soto cambió la propuesta por un catálogo genérico que aseguró, sería mucho más amplio pues no tendría una vinculación con la elección presidencial sino con todos los procesos electorales, para enlistar a todo funcionario que se haya sancionado por ilícitos electorales. La magistrada Otálora accedió a cambiar su propuesta, se pospuso una semana y presentó un nuevo proyecto con ambas propuestas para que ninguna afectara a la otra, pero tras un debate de casi dos horas, el bloque de Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes lo rechazaron argumentando que lo viable era sólo un catálogo público de infractores y no sólo para la elección presidencial sino para todas las contiendas. No obstante, la propuesta de la magistrada presidenta nunca se materializó, pues ella misma no impulsó su cumplimiento. Por lo que, a la fecha y a contrarreloj para validar la elección presidencial, una sentencia de hace cinco meses sigue empolvándose en el cajón. Y aunque podrían retomarla, ya no tendría la vinculación que prometieron con las elecciones de este año, que están a punto de resolver y a lo que la propia Sala Superior se auto vinculó sin que lo hayan cumplido. Así las cosas.
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Costo financiero de la deuda aumentó 38.6 % en términos reales entre la primera mitad de 2018 y de 2024 MEMORANDUM 2.- Aun con el ahorro reportado en la primera mitad del 2024, el costo financiero de la deuda de México absorbió recursos como nunca, pues los 607 mil 995.4 millones de pesos destinados a pagar los pasivos de las obligaciones públicas están cerca de duplicar en términos nominales los 331 mil 772.3 millones de pesos destinados a este concepto durante la primera mitad de 2018. En ese tenor, los especialistas señalaron que impulsados por el incremento de la tasa de interés y la contratación de deuda –pero no por encima de lo aprobado por el Congreso– el costo financiero de la deuda ha aumentado 38.6 por ciento en términos reales entre la primera mitad de 2018 y el periodo comparable de 2024, en tanto que la deuda pública total lo ha hecho 23.3 por ciento. En este contexto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que al inicio de este año, el gasto en intereses de la deuda pública aumentó 5 por ciento durante la primera mitad del año, dado el entorno de condiciones financieras restrictivas y de volatilidad; aunque en general este rubro reflejó un ahorro de más de 36 mil millones de pesos respecto a lo proyectado por la dependencia federal. De acuerdo con los informes entregados al Congreso, durante la primera mitad de 2024 se destinaron al pago de intereses de la deuda pública 607 mil 995.4 millones de pesos, lo que representó un incremento de 5 por ciento real respecto a los 553 mil 268.2 millones de pesos reportando en el periodo comparable del año pasado. No obstante, hasta el momento este rubro refleja un ahorro de 36 mil 434.6 millones de pesos, dado que en el programa se estimaban 644 mil 430 millones de pesos para este rubro. Con base en datos de la subsecretaría de Hacienda, este gasto en intereses de la deuda menor al proyectado se debe, en parte, al ahorro en los pasivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la estrategia de refinanciamiento del gobierno federal. El costo financiero del sector público fue inferior respecto al programado porque el costo interno es menor en 21 mil millones de pesos y el costo externo es menor en 15 mil millones de pesos. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, explicó que una parte de este ahorro si es por Pemex, porque ya no contrata deuda, y otra es del gobierno federal por la estrategia de refinanciamiento. La dinámica de los movimientos en el costo financiero refleja la estrategia de refinanciamiento realizada por esta administración, la cual implicó reducir posiciones de deuda externa y quitar peso a las obligaciones de las empresas productivas del Estado, sobre todo a Petróleos Mexicanos (Pemex) para buscar financiamiento a través del gobierno federal. Los datos exhiben que mientras el costo financiero de las obligaciones en moneda mexicana lleva un repunte de 9.5 por ciento, el de las externas acumula una caída de 9.1 por ciento. Además de que los gastos en intereses de pasivos del gobierno federal aumentaron 10.7 por ciento anual en la primera mitad del año y los de las empresas productivas, entre ellas Pemex, cayeron 23.2 por ciento.
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Dan a conocer tarifas autorizadas por la SHCP para los servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas MEMORANDUM 3.- De acuerdo con el importe establecido, la protección y custodia de una persona del sector privado va de los 2 mil 87 pesos a los 4 mil 94 pesos y este aumenta al considerar el nivel de riesgo que exista en el lugar donde se preste el servicio, como son algunos municipios de Chihuahua, Guerrero y Michoacán, en los que existen registros de altos niveles de violencia o de presencia de grupos delictivos. En ese tenor, el Servicio de Protección Federal dio a conocer las tarifas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para este ejercicio fiscal para los servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones, además del desarrollo de sistemas de seguridad, servicios de capacitación, evaluación y certificación de personas y elaboración de análisis de riesgos a órganos del Estado y a unidades del sector privado. El organismo, que forma parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, precisó que todas sus tarifas en los servicios de protección a personas y servicios de protección, custodia y seguridad a bienes o valores se cobrará el máximo valor, es decir, se toma en cuenta el factor de riesgo, (que) depende del ambiente de violencia en el municipio. Con relación al análisis de riesgo que esta corporación aplica de primera vez a personas y empresas privadas, se autorizó un cobro de 520 mil 332 pesos y la actualización del análisis en unidades del sector privado costará 260 mil 167 pesos; en todos los casos, precisó, los trabajos se llevarán a cabo por una célula básica de cinco integrantes. Se contratarán el número de células que se requieran para el análisis correspondiente, conforme al alcance que determine la evaluación previa. Mientras para las entidades gubernamentales, el importe será de 232 mil 616 pesos cuando se trata de un estudio de primera vez y para la actualización de 114 mil 872 pesos. Entre los municipios donde se aplican tarifas más altas se encuentran, en el caso de Chihuahua, Ahumada, Bachíniva, Buenaventura, Carichi, Madera, Namiquipa; de Durango, Canelas, Santiago Papasquiaro, Tamazula; de Guerrero, Acapulco, Iguala, Arcelia, Atoyac, Chilpancingo; y de Michoacán, Coahuayana, Lázaro Cárdenas, Tanhuato, Uruapan.
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