Veracruz ocupa el segundo lugar nacional en crímenes de odio contra personas trans, pese a reforma a códigos, revelan activistas MEMORANDUM 1.- Leah Rivas, psicóloga y defensora de los derechos de las mujeres y las personas trans a nivel nacional, señaló que se enfrentó a un sistema educativo que no solo ignoraba su identidad, sino que la castigaba por ella. El uso del maquillaje, las uñas pintadas o el cabello pintado de un color claro, se convertían en motivo de sanción. Recuerda que cuando empezó a llevar falda fue todo un proceso dentro de la institución, pues se dio cuenta de la violencia machista que se replicaba en las aulas manifestada a través de regaños, como los que dirigían a las mujeres por no sentarse bien e “incitar a los hombres”. “¿Por qué a nosotras nos regañan? Cuando vamos subiendo las escaleras y los hombres nos ven desde abajo con morbo, ¿por qué a ellos no les dicen nada? ¿Por qué somos nosotras las que los provocamos y no ellos los que nos vulneran de cierta manera? Todas estas situaciones fueron las que me empezaron a hacer clic sobre por qué nosotras no y ellos sí”. Además, la activista dijo que se tuvo que enfrentar a la manera en que las instituciones normalizaban la violencia simbólica y estructural: incluso en espacios a los que era invitada por ser creadora de contenido en redes, la negativa a reconocer su identidad, así como el señalamiento por usar el baño de mujeres. “Recuerdo que una compañera fue y le dijo a los directivos que le dio miedo porque sentía que le iban a hacer algo. Yo nada más entré a hacer pipí”. Leah no se quedó en silencio. Estas experiencias fueron el motor que la empujó al activismo. Su primer acercamiento fue a los 16 años, cuando elaboró una nota sobre feminismo y personas trans que le valió un premio estatal. Desde entonces, su compromiso se fortaleció con el acompañamiento de la activista Yaz Bustamante, a quien Leah llama “mi mamá en el activismo”. Durante años, las personas trans en Veracruz tuvieron que litigar por su derecho a existir. Para cambiar su nombre y género en documentos oficiales, debían enfrentarse a un juicio de amparo, un proceso lento, caro y violento. El 7 de abril de 2025, el estado de Veracruz reformó su Código Civil para permitir que las personas trans realicen su cambio de identidad de género por la vía administrativa. Esta modificación, aunque celebrada por activistas, defensores y defensoras de derechos humanos, no resuelve del todo la deuda histórica del Estado con la población trans. La reforma llega tras décadas de exigencias, múltiples amparos y vidas vulneradas en un entorno legal y social hostil. Stephan Rodríguez, abogado, quien ha litigado múltiples casos en defensa de los derechos de identidad, puesto que él mismo forma parte de la comunidad trans, explicó que en Veracruz no existe la ley de identidad de género o la ley trans. Lo que existe y lo que se generó recientemente en el estado fue un decreto por el cual se reforman determinados artículos del Código Civil del Estado de Veracruz. De acuerdo con Stephan el principal cambio que trajo la reforma no es sólo simbólico, sino jurídico: ahora, el derecho al reconocimiento de la identidad de género tiene un soporte legal directo, lo que permite una tutela efectiva del derecho al libre desarrollo de la personalidad. La diferencia hoy es clara: una persona trans puede acudir directamente al Registro Civil, solicitar el cambio de nombre y sexo en su acta, y obtener una nueva en un plazo no mayor a siete días. Antes, ese mismo trámite podía tardar hasta ocho meses. “Ya no es necesario un juicio de amparo, sino que yo nada más me apersono en la Dirección General del Registro Civil o en mi oficialía y realizo el trámite de manera administrativa”, añadió. Además de litigar casos en Veracruz y otros estados, Stephan ha empujado protocolos institucionales: fue el primer hombre trans que hizo el cambio en la Universidad Veracruzana (UV). Y gracias a su caso, la UV creó un protocolo para hacer los cambios de identidad de género en sus títulos. En 2020, Stephan fue de los primeros en aprovechar un acuerdo administrativo emitido por el entonces gobernador Cuitláhuac García que, de forma inédita, permitió los cambios de identidad sin necesidad de juicio. Hoy, con la reforma, el trámite ya está plenamente respaldado por ley. Este avance, aunque reciente, es el resultado de años de luchas y litigios. Stephan recuerda que, en 2005, una chica trans en Veracruz fue la primera en lograr que la Suprema Corte ordenara el reconocimiento de su identidad, sentando un precedente clave. Casos como ese fueron abriendo el camino para que, dos décadas después, el derecho se tradujera en una política pública clara. “En su momento, cada quien tuvo que encontrar su propio camino legal: juicios de amparo, nulidad de acta, demandas ordinarias. Hoy, por fin, existe un mecanismo administrativo para acceder a un derecho que nunca debió estar condicionado”. Aunque la reforma marca un hito, Stephan y Leah advierten grandes omisiones: no se incluye a personas no binarias, ni a infancias y adolescencias trans, y no tipifica el transfeminicidio como delito. “La ley no menciona a menores. Si una adolescencia quiere su nueva acta, necesita ir a juicio. Eso sigue vulnerando su derecho al libre desarrollo”, explica Stephan. Él mismo está preparando un amparo para un joven de 16 años que quiere iniciar la preparatoria con documentos acordes a su identidad. Leah Rivas explica que como integrante de la Red Estatal Trans, fue una de las impulsoras de la nueva ley de identidad en Veracruz. Participó en mesas de trabajo con funcionarios y funcionarias, así como en el asesoramiento de la redacción legal y ayudó a cerrar vacíos que pudieran ser usados en contra. Aseguró que se presentaron tensiones internas dentro de los propios espacios de discusión. Uno de los retos más complejos fue el reconocimiento de las identidades no binarias, pues muchas de las personas adultas que integran la red y participaron en las mesas de trabajo manifestaron incomodidad ante la existencia de identidades fuera del binarismo de género. “Para ellas, el binarismo existe: eres mujer o eres hombre”. Esta resistencia dificultó la inclusión plena de las personas no binarias en el proyecto y, según Rivas, incluso hubo quienes, de forma encubierta, modificaron el proyecto antes de presentarlo para excluir explícitamente a las identidades no binarias del alcance de la ley. “Ahora la ley está adecuada para que solamente hombres y mujeres trans puedan cambiar su identidad. Entonces en esta ley no son reconocidas las personas no binarias”. Sobre el transfeminicidio, Stephan es claro: “Tú te vas al Código Penal del Estado de Veracruz, buscas transfeminicidio y no existe. Existe el feminicidio, pero el transfeminicidio no está dentro del catálogo de delitos que prevé nuestro Código Penal”. Por su parte, Jocelyn Rodríguez, coordinadora estatal de Casa de las Muñecas Tiresias Veracruz, afirmó que “Veracruz ha sido de los estados más violentos hacia la población trans”. Desde su experiencia como mujer trans y activista, Jocelyn sabe que el reconocimiento jurídico es solo una arista: la discriminación estructural persiste, sobre todo en salud, empleo y seguridad. “Veracruz ocupa el segundo lugar nacional en crímenes de odio contra personas trans”, denuncia. Jocelyn celebró la aprobación de la reforma, pero subraya que lo que sigue es la ley de transfeminicidio, el cupo laboral trans y garantizar espacios públicos seguros. “Ya no somos una comunidad. Somos una población”, afirma. Por su parte, Leah afirma que todavía hay mucho por hacer para que los derechos de las personas trans sean respetados por completo. “Sin estigmas y sin prejuicios más que nada”. Además, insiste en que las instituciones deben aplicar los protocolos de atención que ya existen desde 2010, pero que siguen teniendo vacíos legales. Para Leah, la lucha no termina con el acta. “Más del noventa por ciento de las personas trans no tienen trabajo formal, entonces el no tener trabajo formal no te brinda una estabilidad económica y si estás luchando por una vivienda digna no tienes acceso a hormonas, no tienes acceso a cirugías y es eso, que esta ley mire todas estas realidades que vivimos las personas trans, porque no todas las personas tenemos los privilegios de ser estables económicamente y más siendo una persona trans en el estado de Veracruz que es peligroso, excluyente, transfeminicida y que no hay trabajo para las personas trans”. Expresa la urgencia de que los protocolos se conviertan en obligación, no en recomendación. “Hay capacitaciones, sí, pero no son suficientes. Las instituciones deciden si aplican o no. Y eso nos deja vulnerables”. Leah exhortó a la comunidad activista a la apertura de mente y la colectividad, pues hay activistas que piensan que esta lucha y este trabajo es personal y solo acuden a las entrevistas sin pleno conocimiento del tema del que hablan y de lo que se trabaja. “Respeto mucho el trabajo de los activistas en Veracruz, que en su mayoría son adultos ya mayores, bueno, tienen muchos años luchando, pero también tenemos que entender que así como el activismo y la sociedad cambian, las luchas sociales también”. Leah propuso una lucha interseccional, que reconozca las distintas violencias que enfrentan personas trans racializadas, trabajadoras sexuales, migrantes o con discapacidades. “No todas vivimos lo mismo, y no podemos ignorar las luchas que no nos atraviesan directamente. Tenemos que abrazarlas también”. En medio de este contexto de logros parciales y exclusiones persistentes, la colectividad sigue siendo el arma más fuerte. “Es un avance en materia de derechos humanos, porque nos brinda seguridad y resguardo político de nuestros derechos. Sin embargo, de esta ley se derivan otras más que deberían de ponerse a pleno y deberían votarse a favor, porque el que seamos reconocidas legalmente no significa que se va a borrar toda la violencia que vivimos afuera, entonces, es el primer paso para seguir reconociendo los demás derechos que nos son negados de manera histórica”, concluyó.
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Candidato independiente a la alcaldía de Acultzingo, acusa al PT de amenazas; Denuncia Partido del Trabajo vínculos entre candidata a síndica de MC y presidenta del OPLE Municipal en Tenejapan MEMORANDUM 2.- El candidato independiente a la Alcaldía de Acultzingo, Marco Antonio Lezama, denunció haber sido amenazado e intimidado por el candidato del Partido del Trabajo (PT), Daniel González Amaro, así como por otros funcionarios municipales. "Me llevaron a la casa de la señora síndico pidiéndome que me tenía que bajar de la contienda electoral, que Daniel tenía que jugar solo porque la corona era para él", acusó Lezama a través de un video difundido en redes sociales. Afirmó que no abandonará la contienda y responsabilizó de cualquier agresión a sus adversarios. "Hago responsable a Luis Alfredo Cruz López (actual alcalde), hago responsable a Daniel, hago responsable a Dora y al regidor Amado Pérez", señaló. Lezama pidió que se respete el proceso electoral. "Jueguen limpio y sepan jugar", reclamó. "No se vale que de esa forma quieran ganar otra vez cuando el pueblo les dio la oportunidad de servirle y, sin en cambio, salieron sirviéndose del pueblo". También denunció presiones de otros actores vinculados con el actual Gobierno municipal. "Doctor Irineo, estuviste aquí en mi domicilio, aquí precisamente donde estoy grabando, a pedirme que yo me uniera a tu equipo y no te acepté", señaló. En su mensaje, pidió a la población estar alerta ante presuntos actos de coacción. "Yo hago responsable sobre lo que pase a mi familia, sobre lo que pase a las personas que me acompañan", concluyó….LA REPRESENTANTE del Partido del Trabajo en el municipio de San Andrés Tenejapan, Yanet Colohua Jiménez, intentó solicitar al Organismo Público Local Electoral (OPLE) en el municipio que haga presencia en los eventos de todos los candidatos de los partidos que contienden en las elecciones municipales, pero su petición fue rechazada por la presidenta del organismo, Teresa Reyes González. Colohua Jiménez acudió la mañana de este domingo a las instalaciones del OPLE, ubicadas en la cabecera municipal, pero no sólo no hubo respuesta, sino que se rechazó la recepción del documento. Militantes del Partido del Trabajo aseguran que esta solicitud se hizo debido a que el OPLE sólo acude a fiscalizar los eventos del PT, mientras que en los de Movimiento Ciudadano, PRI, PAN y Morena nadie de ese órgano hace presencia. Indicaron que la concuña de la presidenta del OPLE, Josefina Morales Tiburcio, va como candidata a síndico en la planilla de Movimiento Ciudadano, por lo que posiblemente esa sea una de las razones por las que no se fiscaliza a ese partido, aunque se desconoce qué otros intereses hay con los demás candidatos que tampoco reciben esa vigilancia. Señalaron que lamentablemente parece haber un marcaje personal a la candidata Basilia Ixmatlahua Colohua, a lo cual no temen, pero no hay el mismo celo con el resto de los aspirantes, por lo que lo único que esperan y solicitan es equidad en el trato. Recordaron que ya están a unos días del cierre de campañas, por lo que esperan que la presidenta del OPLE tome con seriedad su papel y no se deje llevar por otras situaciones, como su cercanía con una integrante de la panilla de MC, para dar un trato especial o preferencial a otros, y se fiscalicen los eventos con que cada candidato concluirá su actividad proselitista.
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Queman piñata con su imagen y candidata del PVEM a la alcaldía de Tamiahua dice que denunciará por violencia política de género MEMORANDUM 3.- Debido a la quema de una piñata con su imagen, organizado por el ayuntamiento, la candidata del Partido Verde Ecologista a la presidencia municipal de Tamiahua, Citlali Medellín Careada, advirtió que presentará una denuncia por violencia política en razón de género. "Y en este caso, no solo fue violencia simbólica y moral, fue violencia política en razón de género, ejercida desde el poder contra una mujer que hoy es candidata a la presidencia municipal, su servidora", expresó. Medellín Careaga refirió que durante el evento conocido como "la quema del mal humor", en el marco del carnaval organizado por la actual administración, se llevó a cabo un acto profundamente ofensivo, denigrante y cobarde: la quema de una figura que representaba su imagen, acompañada de un caballo; un acto que claramente hace referencia a la pérdida de su yegua Cleopatra el año pasado, que ya fue objeto de burla en ese entonces. "Este acto no es una sátira política. No es crítica, ni libertad de expresión. Es un acto deliberado, con intención de causar daño, que tiene una lectura simbólica clara: ridiculizar, humillar y deslegitimar a una mujer que compite políticamente, desde un espacio que debería representar a toda la ciudadanía y no prestarse a persecuciones ni linchamientos políticos", agregó. Por último, la candidata del PVEM consideró que además fue una violación a sus derechos de personalidad, su honra, su imagen, a la privacidad y a su integridad moral. "No es menor: es un acto de violencia institucional, realizado desde el poder, con recursos públicos y con la finalidad de perjudicarme política y emocionalmente", concluyó.
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