Sheinbaum prevé normalización en abasto de medicamentos, luego de que en los primeros seis meses no pudo. Como siempre culpa a farmacéuticas MEMORANDUM 1.-
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, asegura que será en julio cuando se normalice el abasto de fármacos en el país, esto porque dice que “algunos se quisieron pasar de vivos” en el proceso de compra consolidada de medicamentos para el periodo 2025-2026. De gira de trabajo por Ciudad del Carmen, Campeche, con un acto desde el hospital de Gineco-Pediatría de esta ciudad, la titular del Ejecutivo fijó para el próximo mes la nueva fecha para regularizar la entrega de medicamentos en todas las instituciones públicas de salud a lo largo del territorio nacional. Este nuevo plazo dado por la mandataria se da luego de varias irregularidades que se detectaron en el proceso de compra consolidada —el primero de este sexenio. Es de recordar que, en febrero pasado, la propia Sheinbaum Pardo había comprometido que en marzo comenzaría el abasto de medicinas e insumos. “Hubo algunos que se quisieran pasar de vivos, y luego con las farmacéuticas que algunas les gusta siempre quedar en primer lugar, tuvimos que suspender una licitación, pero el domingo terminó prácticamente toda la compra de medicamentos, y poco a poco están llegando a Campeche y todo el país. En julio estaremos esperando que se normalice todo el abasto de medicamentos”, afirma. Ante la gobernadora de la entidad, Layda Sansores y funcionarios federales y locales, la presidenta destacó la importancia del IMSS-Bienestar como programa de centralización del sistema público de salud, a fin de llevar y garantizar ese derecho a todos aquellos que carecen de seguridad social, que es prácticamente la mitad de los habitantes del país. En ese marco, volvió a criticar a los opositores y remarcó que si el tiempo que estos dedican a las redes sociales, para hablar mal de su gobierno, lo dedicaran a México, tendrían mejores resultados. Sheinbaum Pardo comprometió al titular del IMSS, Zoé Robledo a que el 30 de octubre estará funcionando al 100 por ciento este hospital de Gineco-Pediatría; al igual de que pronto estará en operaciones el hospital del IMSS-Bienestar de Ciudad del Carmen.
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Urgen a aprobar ley para regular a 10 mil empresas de seguridad “patito”; sus guardias incluso portan armas del ejército MEMORANDUM 2.-
El Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) ha puesto sobre la mesa el tema de empresas de seguridad patito que formales, por lo que ven necesaria una ley general de seguridad privada que regule, fiscalice y supervise a los más de 500 mil guardias privados legales e ilegales que operan en México. El abogado, Raúl Sapién Santos, presidente del CNSP afirma lo anterior y advierte del peligro que representan más de 10 mil compañías irregulares que contratan personal sin capacitación que portan armas, a veces de uso exclusivo del Ejército, sin los permisos debidos ni la fiscalización del Estado, frente a más de cinco mil empresas formales. Peor aún, la alerta incluye el riesgo de que las que operan en la informalidad contraten elementos del crimen organizado: “Necesitamos una nueva ley para dotar a México de los instrumentos que supervisen la proliferación de estas empresas patito y se determinen sus obligaciones. Esas compañías deben informar a quiénes prestan servicio de escoltas y traslado de valores, a quién le están vendiendo vehículos blindados y si eso contribuye a prevenir el delito”. El CNSP –fundado por el empresario, Alejandro Desfassiaux–, con más de 250 empresas asociadas, cumplió 29 años. Señala que la seguridad privada forma parte del sistema nacional de seguridad pública. Sapién Santos asegura que en el país secarece de un registro nacional único de prestadores de servicios de seguridad privada y, obviamente, al carecer de ese registro y de una simetría jurídica entre lo que mandata una ley federal y las de carácter estatal, esto se convierte en oportunismo, donde las empresas regulares son más sancionadas. "Hoy, el sector de la seguridad privada regular tiene que cumplir con muchas obligaciones tributarias, mientras las empresas ilegales esquivan el pago de impuestos, no capacitan, no cumplen con obligaciones aranceralias, etcétera", comenta. Por tanto, el empresario se ve obligado a tener que recurrir a los tribunales para levantar varios juicios en materia administrativa porque existe una carga excesiva regulatoria que los castiga, y más de 55 o 65 por ciento de las 250 compañías que componen el consejo han tenido que acudir a los tribunales administrativos. "Han utilizado este medio para poder sostener su registro o acreditar que están cumpliendo con la ley. Se tiene que acudir a procedimientos administrativos para hacer ver a las autoridades que están excediendo sus facultades o que los cobros son excesivos en materia regulatoria y son incumplibles, y se hace uso de diversas técnicas jurídicas para que el sector regular pueda defenderse". A pesar de que el tribunal administrativo federal y los estatales han generado certeza jurídica, la carga de los procesos es preocupante: "No es un tema basado en el dolo, no es que el empresario esté haciendo caso omiso de sus obligaciones. Falta tecnificar, generar mayores recursos para dotar de mejor tecnología a nuestros reguladores estatales”. Ante el preocupante caos provocado por los entes patito de seguridad, el CNSP ha llevado listados a los reguladores de Puebla, Guanajuato y otros estados para denunciar a quienes incumplen la ley, carecen de registro y además vulneran derechos laborales. En su opinión, esta competencia desleal representa un menoscabo patrimonial para el empresario formal. Todo esto podría evitarse si existiera una nueva ley en materia de seguridad privada. Destaca “El que trabaja en un mercado ilegal vulnera derechos laborales, no tiene un permiso y no paga impuestos, no paga seguro social; y como no es fiscalizable, como no es auditable ni está visible, pues sigue trabajando a lo largo de los años sin alguna consecuencia”. El 28 de mayo de 2021 se adicionó la fracción XXIII bis al artículo 73 de la Constitución en materia de seguridad privada para otorgar facultades al Congreso, a fin de expedir una ley general en materia de seguridad privada. Cuatro años después, ese mandato se ha desatendido y la norma sigue sin ser discutida y aprobada. La legislación federal actual en esta materia tiene más de 18 años y desde entonces se han creado decenas de leyes en seguridad privada en los estados y municipios, lo que ha generado una “sobrerregulación, pues ha favorecido la corrupción y el oportunismo de las empresas irregulares", asegura Sapién Santos. Añade: "Cuando el de enfrente no tiene un permiso ni paga impuestos ni otras obligaciones y sigue trabajando sin ningún problema, la consecuencia puede ser catastrófica, como el cierre de la empresa formal". Lamenta que el mercado regular se vuelve cautivo para las verificaciones, y la fiscalización y deja a un lado a las empresas irregulares porque son más difíciles de pescar". Además, destaca que hay municipios y entidades estatales donde quien regula la seguridad privada son las policías auxiliares y complementarias, que generan competencia desleal porque no son seguridad pública, pero se presentan como entes de seguridad privada, aunque consideran que no deberían ser conceptualizados así porque no cumplen con lo que ordena la ley del ramo. “Para efectos de dar una anuencia, esas policías auxiliares y complementarias en los estados o municipios –como la Bancaria e Industrial de la Ciudad de México–, muchas veces a nuestros asociados les piden contratos, facturas y relación de servicios. Se les entrega y constituyen una carpeta regulatoria en apariencia, para luego usar esa información confidencial y así ellos mismos vender servicios de seguridad privada.” Lamenta que empresarios formales entreguen información de carácter confidencial a quienes también venden servicios de seguridad privada, siendo una entidad del Estado, auspiciados en una policía auxiliar y complementaria y no tengan que cumplir con cargas administrativa y tributaria. Para dotar de certeza jurídica a los entes de seguridad privada, el CNSP propone la creación de una autorización y permiso únicos estipulados en una nueva ley que próximamente será discutida en la Cámara de Diputados, para que los más de 500 mil elementos de seguridad que existen en el país coadyuven con los cuerpos de seguridad.
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Ante ley censura, la CNDH exhorta al Gobierno de Puebla a garantizar el respeto a la libertad de expresión. Al gobernador no le gusta la crítica MEMORANDUM 3.- Tras la aprobación de la “Ley Censura” y la polémica que ha generado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al gobierno de Puebla, encabezado por el morenista, Alejandro Armenta Mier, a revisar el artículo 480 de su Código Penal, para garantizar el pleno respeto a la libertad de expresión. En un comunicado, reconoció la necesidad de que las entidades federativas adopten medidas legales que contribuyan a prevenir y sancionar la violencia digital. Sin embargo, manifestó su preocupación por la reciente adhesión de dicho artículo publicado este mes, tipificando de manera poco clara el delito de ciberasedio. Explica que este precepto penal, impone sanciones de prisión de hasta tres años de cárcel y multa de hasta 300 días del valor diario de la Unidad de Medida, a quien, a través de medios digitales, redes sociales o cualquier espacio virtual, “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional” que, además de su falta de claridad pueden, potencialmente, prestarse a un uso contrario a lo que se busca. Señala que, sin menoscabo de la importancia de proteger la integridad emocional de las personas, especialmente de niñas, niños y adolescentes, la CNDH consideró que el texto del artículo 480 presenta ambigüedades que podrían dar lugar a restricciones indebidas al derecho a la libertad de expresión, particularmente cuando se trate de opiniones, críticas o manifestaciones en contextos de interés público. Por tal motivo, la CNDH demanda de manera respetuosa a las autoridades del estado de Puebla revisar la redacción del citado artículo, a fin de que se garantice el cumplimiento del principio de legalidad y prevenir el uso del derecho penal como medio indirecto de censura o inhibición del ejercicio del derecho a manifestar ideas, pensamientos y opiniones por cualquier medio. En el escrito, indica: “La libertad de expresión es un pilar en toda sociedad democrática y debe ser protegida frente a cualquier forma de censura, ya sea directa o indirecta. Así como no es válido el uso de la mentira y la calumnia como forma normalizada de ejercer el periodismo, el derecho penal no debe utilizarse como medio para castigar el disenso, la crítica o el ejercicio libre de la palabra, tal como lo establecen tanto el artículo 6° constitucional como los estándares internacionales en la materia, entre ellos el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humano”. Cabe recordar que, en los seis meses de su administración, Alejandro Armenta Mier ya suma varias polémicas por agresiones a periodistas y contra medios de comunicación locales, porque la crítica no le gusta.
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