Cuitláhuac heredará un cochinero en Invivienda denuncian trabajadores; piden intervención de Nahle MEMORANDUM 1.- Como un cochinero calificaron los trabajadores del Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda) el problema que la administración de Cuitláhuac García le está dejando a su sucesora, Rocío Nahle, en esa área. Y es que, los empleados denunciaron hostigamiento laboral, acoso sexual y la creación de un sindicato por parte del Gerente General, Hazael Flores Castro, para imponer a sus allegados y obligar a los empleados a sumarse a su organización bajo amenaza de despido, con el argumento de que es muy allegado al gobernador y a su primo hermano, Eleazar Guerrero, diputado federal y dirigente de la agrupación Unidos Todos. Los inconformes, pertenecientes al Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio del Instituto Veracruzano de la Vivienda (SETSIV), acusaron a Flores Castro de diversas irregularidades, entre las que se encuentran la falta de entrega de terrenos ya pagados para la construcción de viviendas. También señalaron que fueron obligados a participar en eventos políticos de la asociación Unidos Todos, liderada por el primo del Gobernador, y la negación de diversos derechos laborales. Uno de los puntos centrales del conflicto radica en la falta de entrega de 71 lotes para la construcción de viviendas, los cuales ya habían sido pagados por los trabajadores. De acuerdo con Jacobo Alejandro Castillo, Secretario General del SETSIV, el polígono donde se encontraban los lotes, ubicado cerca del Parque Natura, cambió su uso de suelo de desarrollo habitacional a Área Natural Protegida y Reserva Ecológica. Los trabajadores afirman que este cambio se debe a omisiones de Flores Castro y otros funcionarios, quienes también poseen lotes en la zona. “En su momento tuvieron la oportunidad de concluir las gestiones, pero no lo hicieron por intereses personales debido a que ellos tienen lotes ahí mismo, considerando que esto le iba a afectar políticamente, declaró un empleado. Ante la negativa de entregar los lotes, los trabajadores exigieron una permuta por terrenos que forman parte de la reserva de Invivienda, solicitud que también ha sido denegada. “Lo del polígono que tenemos asignado será muy difícil, sabemos que es casi una mentira porque es muy difícil que en el Congreso quieran cambiar el uso de suelo de un área protegida a uso habitacional. Quieren devolver lo que se pagó, cuando el dinero tiene un valor distinto. El lote cuesta aproximadamente 57 mil pesos; hoy no se compra nada con 57 mil pesos, ni siquiera el valor nos quieren dar y los terrenos en Arco Sur no quieren permutarlos”, denunciaron. Además de la problemática con los terrenos, los trabajadores acusaron una serie de abusos por parte de la administración de Invivienda que hicieron públicos a través de un comunicado. De acuerdo con los trabajadores, se les niegan permisos contemplados en el contrato colectivo de trabajo y se les acusa de irrumpir de forma irrespetuosa en las instalaciones del Invivienda, a pesar de que los trabajadores aseguran contar con evidencia que demuestra lo contrario. También se les obliga a participar en eventos políticos de la asociación Unidos Todos, bajo amenaza de despido. Igualmente acusaron que Flores Castro busca fortalecer un sindicato afín a su persona, presionando a los trabajadores para que se afilien bajo amenaza de despido, amparado en que presume de sus conexiones con el Gobernador Cuitláhuac García y el Diputado Eleazar Guerrero, utilizando supuestas influencias para intimidar a los trabajadores. Por lo anterior, los empleados hicieron un llamado a la Gobernadora Electa, Rocío Nahle, para que se investiguen las irregularidades y se finquen responsabilidades administrativas y penales.
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Dice ex priista Eduardo Andrade que Reforma al PJ fue necesaria ante excesos de ministros, magistrados y jueces MEMORANDUM 2.- Como no acostumbra dar paso sin huarache, a propósito de las declaraciones del doctor en derecho, ex procurador general de Justicia y ex magistrado Eduardo Andrade Sánchez, en las que respaldó la reforma al Poder Judicial recién aprobada y propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay quienes dicen que el ex senador priista de seguro anda buscando apuntarse como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que, Andrade Sánchez aseguró que la reforma al Poder Judicial busca hacer frente a los abusos y excesos en dicho Poder. Según él ex priista, “el amparo, en lugar de ser usado como un recurso legal de los ciudadanos ante los abusos de la autoridad, fue empleado con tintes políticos para entorpecer a la administración federal”. Por lo anterior, lamentó que el Poder Judicial fue utilizado para tratar de conquistar lo que en las urnas no pudo ganar la oposición. “Y parte de quienes se prestaron a esa situación fueron jueces federales, magistrados federales y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no sólo empezaron a votar en contra de las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que incluso violaron la autonomía del Poder Legislativo al ordenarle modificaciones y reformas, que únicamente corresponden a diputados federales y senadores”. En ese sentido, Andrade Sánchez consideró que es positiva la reforma al Poder Judicial, porque habrá una limpia en los cargos de impartición de justicia, aunque los actuales, igualmente podrán participar para ser elegidos. En el mismo sentido, aclaró que es falso que cualquier persona pueda aspirar al cargo de juez federal, magistrado o ministro, pues en la ley se estipulan los requisitos para que licenciados en derecho con experiencia y altas calificaciones puedan ser postulados, además que habrán de contar con recomendaciones de instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales o expertos en derecho. Aunque al menos consideró que el punto de la elección es “cuestionable”, el ex senador priista aclaró que es un principio, “para nuevamente darle independencia al Poder Judicial, el cual ya estaba sólo obedeciendo a intereses de grupo y políticos contrarios a los de la Presidencia de la República, para tratar de obtener lo que en las urnas no lograron ganar”. Así las cosas.
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En Veracruz se localiza una toma clandestina de gas cada 25 horas y una de hidrocarburo cada 3 días MEMORANDUM 3.- De acuerdo con el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), en el estado de Veracruz se localiza una toma clandestina de gas cada 25 horas y cada tres días aparece una nueva toma clandestina de hidrocarburo, lo que significa que el robo de combustible continúa representando un delito frecuente en la entidad. Con base en las estadísticas, el municipio con mayor cantidad de tomas clandestinas de hidrocarburo es Juan Rodríguez Clara, con 108, lo que lo ubica en la lista de los 100 municipios con mayores tomas en todo el país. Tierra Blanca es el segundo municipio con mayor cantidad de tomas clandestinas identificadas con 107 tomas. Otros municipios de la región son: Tres Valles, en la posición siete con 21 tomas clandestinas, Cosamaloapan con 12, Isla con nueve, José Azueta con ocho, Omealca con ocho, Chacaltianguis con dos, Tuxtilla con dos, y Chinameca con uno. En el primer semestre del 2023 en el estado de Veracruz hubo 50 tomas clandestinas de hidrocarburos y 172 tomas clandestinas de gas de acuerdo con el reporte denominado: Tomas Clandestinas ductos de hidrocarburo y gas LP. Entre el 2023 y lo que va del año la cantidad de tomas clandestinas disminuyó, sin embargo, las cifras de las tomas clandestinas continúan siendo altas. En 2023 se localizaron 939 tomas clandestinas de gas, un 81.68 por ciento menos respecto al año anterior. En el caso de los hidrocarburos pasó de 137 a 50, es decir un 63.5 por ciento menos. Con relación al número de tomas clandestinas de gas LP, el estado de Veracruz se encuentra en segundo lugar a nivel nacional. “El registro de tomas clandestinas en ductos de hidrocarburo, insistimos, no solo debe medirse en el volumen, también deben cuantificarse los riesgos, el grado de contaminación y su alternativa económica negativa que genera y que da continuidad a la apertura”, explica el reporte. El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) señaló, a principios de año, que el robo de hidrocarburos no está desaparecido ni ha sido controlado en la actual administración federal.
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