Acelerado presidente de la Jucopo balconea a nueva fiscal que estará de rodillas sujeta a evaluación anual; Gómez Santos trata de matizar MEMORANDUM 1.- Luego del alboroto que provocó el acelerado y neófito presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Esteban Bautista Hernández, al asegurar que la recién designada fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez estaría sujeta a una evaluación anual, lo que generó toda clase de interpretaciones y proyectó la imagen de que la fiscalía autónoma estará de rodillas ante los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la presidenta de la Mesa Directiva, Naomí Edith Gómez Santos, entró al quite para remendar el desliz de su soso coordinador y confirmó que la nueva fiscal ejercerá por un periodo de cuatro años, de acuerdo con la reforma constitucional recién aprobada, aunque deberá renovar cada año la licencia de su cargo de magistrada, al cual accedió mediante voto popular. Gómez Santos matizó las declaraciones del inexperto Esteban Bautista al precisar que el mecanismo de evaluación no sustituye el periodo de cuatro años establecido en la reforma. De acuerdo con la legisladora, el esquema deriva de la situación jurídica previa de Jiménez Aguirre, quien solicitó licencia para separarse de la magistratura por un año, aunque el nombramiento al frente de la Fiscalía corresponde a un periodo mayor. “Ella fue elegida magistrada por un proceso electoral. En este caso, ella pide licencia por un año, pero el cargo como fiscal es por cuatro años, conforme a la nueva reforma”, explicó. Agregó que, debido a esa condición, la fiscal deberá renovar de manera periódica la licencia que la separa del Poder Judicial. “La licencia es por un año primordialmente y va a estar año con año volviendo a ratificar esa licencia. Conforme se acercan los tiempos de que se cumpla el año, tiene que volver a meter otra vez su licencia por otro año y así llevársela”, aseguró. Sin embargo, Gómez Santos aceptó que el Congreso podrá revisar el desempeño de la fiscal una vez cumplido el primer año de gestión. Dijo que la evaluación política anunciada por la JUCOPO podría situarse en ese momento, sin modificar el periodo constitucional del encargo. “Al año justamente vamos a ver resultados de cómo va a ser su actuar, su desempeño como fiscal, y es donde pudiera llamarse ese tipo de evaluación”, aseguró. Con relación a la obligación de comparecer ante el Congreso, subrayó que será la propia Jiménez Aguirre quien deba hacerlo, en su calidad de titular del órgano autónomo, concluyó. Así las cosas.
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Advierte Ahued, que en Veracruz se acabó el cártel inmobiliario; gobierno anterior de Cuitláhuac se hizo de la vista gorda MEMORANDUM 2.- Con la advertencia de que van a parar al cártel inmobiliario “le pese a quien le pese”, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, reconoció que durante años existió un contubernio entre notarios, funcionarios del Registro Público, Catastro, jueces e incluso la Secretaría de Seguridad Pública para facilitar el despojo de bienes a ciudadanos. En ese tenor, el funcionario estatal señaló que esta situación recién la detectaron, “pero lleva varios años de ejecución”. Refirió que las irregularidades permitían que se inscribieran contratos privados de manera ilegal. “Aquí se acabó la tranza. La gobernadora ha sido enfática. Nos exigió transparencia y que vayamos de frente y lo vamos a hacer porque vamos a parar este cártel inmobiliario, le pese a quien le pese y el despojo de los terrenos que se daban con una facilidad en un contubernio”, aseguró. Al respecto, si como afirma el secretario las tranzas llevan varios años, habría que preguntarse por qué el gobierno anterior del morenista Cuitláhuac García Jiménez, el peor gobernador de la historia de Veracruz, se hizo de la vista gorda o permitió que siguiera el despojo. Como fuera, Ahued Bardahuil señaló que hasta ahora, uno de los casos más relevantes que detectaron fue en una zona natural protegida del Cofre de Perote; apareció un propietario, pese a tratarse de un área federal. “De tal manera era este tipo, perdón que lo diga en esta expresión, de cochinero que estamos a punto de revisar. Qué notario o quién propuso que un área natural protegida de muchas hectáreas en el Cofre de Perote aparezca un propietario cuando es zona protegida y es de la nación. Imagínese el tamaño que tenemos que frenar para que se eviten todo este tipo de anomalías delincuenciales”, sostuvo. El secretario de Gobierno señaló que mediante la dependencia estatal que encabeza, se ordenó una revisión a los notarios y autoridades que participaron en estos procesos y de encontrarse irregularidades, habrá denuncias penales ante la Fiscalía. “Aquí le vamos a poner freno y caiga quien caiga y demandemos a quien demandemos, vamos a actuar con todo el peso de la ley. Hoy el Registro Público está transparentando todo y el Catastro también”. Explicó que, aunque la Secretaría de Gobierno no tiene facultades para ordenar desalojos, sí es responsable del Registro Público de la Propiedad y del Catastro, áreas donde se originaban muchas de las irregularidades. “Nosotros no damos los desalojos, no damos instrucción. El secretario no tiene facultad de firmar que desalojen a nadie, pero sí depende de nosotros el Registro Público y el Catastro y cualquier anomalía que nos venga. A mi llegada pusimos orden. Ya quitamos una notaría”, sostuvo. Indicó que una de las principales prácticas irregulares consistía en la inscripción de contratos privados sin sustento legal, que posteriormente derivaban en despojos. “Se hacían muchas inscripciones y contratos privados que, al hacerlos, se daban cuenta posterior que tenían un despojo. Esto no es nuevo, estos cárteles o estos delincuentes o estos contubernios entre quizá autoridades o personas que tenían la fe pública se prestaban para estas cosas. Aquí le pusimos orden”. Ahued Bardahuil explicó que, aunque la Secretaría de Gobierno no tiene facultades para ordenar desalojos, sí es responsable del Registro Público y del Catastro, áreas donde se originaban muchas de las irregularidades y que por ello se “llegó a poner orden”. “Nosotros no damos los desalojos, no damos instrucción. El secretario no tiene facultad de firmar que desalojen a nadie, pero sí depende de nosotros el Registro Público y el Catastro y cualquier anomalía que nos venga. A mi llegada pusimos orden. Ya quitamos una notaría”. Reiteró que una de las principales prácticas irregulares consistía en la inscripción de contratos privados sin sustento legal, que posteriormente derivaban en despojos. “Se hacían muchas inscripciones y contratos privados que, al hacerlos, se daban cuenta posterior que tenían un despojo. Esto no es nuevo, estos cárteles o estos delincuentes o estos contubernios entre quizá autoridades o personas que tenían la fe pública se prestaban para estas cosas. Aquí le pusimos orden”. Sobre el caso específico de un presunto despojo en la zona de Las Ánimas, en Xalapa, Ahued Bardahuil señaló que se trata de un proceso que se encuentra desde hace tiempo en tribunales, pero reiteró que su dependencia dará seguimiento a la parte que le corresponde. “Conozco a las familias, gente de trabajo. Vamos a ver con el Poder Judicial porque la Secretaría de Gobierno no procede, no tiene facultades para hacer desalojos, pero sí depende de nosotros el Registro Público y el Catastro”, concluyó.
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FGR presentó ante un juez federal nueva acusación en contra de Javier Duarte por el presunto delito de peculado MEMORANDUM 3.- La liberación del ex gobernador Javier Duarte, programada para el próximo 15 de abril, cuando se cumplen los 9 años de su sentencia, se ve cada vez más complicada. Y es que, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez federal una nueva acusación en contra del ex gobernador, por el presunto delito de peculado, al haber desviado recursos de la Secretaría de Salud hacia cuentas personales. De acuerdo con un medio nacional, ésta sería la primera de casi 100 carpetas de investigación que existen en contra del exmandatario veracruzano y que serán presentadas ante un juez en las próximas semanas. Luego de que el Tribunal de Justicia de Guatemala diera su anuencia para que Duarte de Ochoa fuera acusado por otros delitos, tras haber autorizado su extradición en el año 2017, y con el cambio de titular en la FGR, el panorama se ha complicado para Javier Duarte. El delito que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de FGR imputa a Javier Duarte es el de peculado, distinto a los cargos por los que fue extraditado en 2017 (lavado y asociación delictuosa), por lo que fue necesario obtener antes el permiso de Guatemala, país que extraditó al ex mandatario estatal. En ese tenor, apenas el pasado 27 de noviembre el juez de control del Reclusorio Norte programó una audiencia inicial para darle a conocer a Duarte la imputación, pero debido a un aparente padecimiento de salud que contrajo la sesión no se llevó a cabo en ese momento y está a la espera de reprogramarse en fecha próxima. Se prevé que ésta sea el primero de una serie de nuevos casos judicializados en contra del exgobernador de Veracruz, pues de acuerdo con fuentes ministeriales existen cerca de cien carpetas de investigación abiertas en contra de la administración de Duarte por las denuncias de múltiples particulares y organismos oficiales, como la Auditoría Superior de la Federación, la antigua Secretaría de la Función Pública, y el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, entre otros.
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