Con la lumbre en los aparejos, Zenyazen Escobar se deslinda de acusaciones de Claudia Tello por fraude en la UPAV MEMORANDUM 1.- Con la lumbre llegándole a los aparejos ante la exigencia de que comparezca para explicar el desastre que prevalece en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, UPAV, luego del señalamiento directo de la actual secretaria de Educación, Claudia Tello Espinosa, en el sentido de que las irregularidades en la UPAV se originaron en la administración anterior, el ex titular de la SEV en tiempos de Cuitláhuac García Jiménez – el peor gobernador de la historia de Veracruz - y hoy diputado federal, Zenyazen Roberto Escobar García, rechazó haber detectado malos manejos durante su gestión. Es decir, no vio nada, a pesar de que Tello Espinosa sostuvo, en su reciente comparecencia ante el Congreso local, que los problemas administrativos no son recientes y que se arrastran desde el gobierno anterior. Según explicó la titular de la SEV, el esquema de cobro de cuotas propiciaba opacidad, ya que los pagos se realizaban a través de intermediarios. “Muchos no entregan el dinero a la asociación”, afirmó la funcionaria, al referirse a directores que recibían depósitos en bancos, cajeros y tiendas de conveniencia. Las declaraciones de Tello Espinosa se dan luego de que, en noviembre y diciembre de 2025, estudiantes y docentes de la UPAV denunciaron irregularidades en el manejo de los recursos. Los jóvenes reclamaron haber pagado sus cuotas sin aparecer en los registros oficiales, lo que desató protestas y exigencias de transparencia. Ante este panorama, Zenyazen Escobar se deslindó de cualquier responsabilidad por el presunto desorden financiero en la institución. Recordó que, durante su paso por la SEV (diciembre de 2018–octubre de 2023), la supervisión de la UPAV correspondía formalmente a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. “No hubo una falta de responsabilidades. Hubo transparencia en el manejo de los recursos; la responsabilidad es del subsecretario y nosotros lo que hicimos fue garantizar el servicio”, sostuvo el exfuncionario, rechazando que se hayan presentado las mismas quejas que hoy se ventilan públicamente. Escobar García también lamentó la situación de los maestros solidarios y cuestionó el retraso en sus pagos: “¿Cuánto tiempo tenían los maestros sin salario cuando los aprendientes estaban haciendo sus aportaciones? Es muy lamentable la situación que se dio”. De igual forma, defendió la relevancia de la UPAV como opción educativa en el estado. “La UPAV tiene una cobertura del 95 por ciento de la geografía de Veracruz y es una opción para quienes no pueden ingresar a alguna universidad”, señaló, subrayando que la institución ha sido clave para miles de jóvenes. El diputado recordó que, al asumir la SEV, enfrentó críticas federales que calificaban a la UPAV como “universidad patito”, por lo que dijo haber trabajado para dar certeza a estudiantes y docentes. También respaldó el decreto de la gobernadora Rocío Nahle García que incorpora formalmente a la UPAV al sistema estatal. El debate ocurre en medio de investigaciones penales contra exfuncionarios de la universidad. El pasado fin de semana fueron detenidos Sergio “N”, exrector; Víctor de Jesús “N”, exdirector administrativo, y Frida Narayana “N”, exjefa de Servicios Financieros, por presuntas irregularidades financieras y ejercicio indebido del servicio público. Sergio “N” fue nombrado rector el 20 de enero de 2025 y removido del cargo en noviembre del mismo año. Así las cosas.
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Acusa fallido aspirante a la rectoría de la UV que Martín Aguilar utiliza la autonomía como un escudo para blindar irregularidades MEMORANDUM 2.- De acuerdo con el polémico investigador Rafael Vela Martínez, el rector de la UV Martín Aguilar Sánchez utiliza la autonomía universitaria como un escudo para blindar irregularidades dentro de la Universidad Veracruzana (UV). El aspirante a rector señaló que este principio constitucional está siendo manipulado para evadir el control legal y cerrar toda revisión judicial sobre decisiones que afectan la legalidad institucional. Luego del fallo del Tribunal Colegiado de Boca del Río que le negó el juicio de amparo contra la prórroga rectoral, al declararla improcedente y reabrió un debate sobre los límites reales de la autonomía universitaria y su relación con el control constitucional, Vela Martínez refirió que el amparo fue promovido contra la prórroga de cuatro años concedida a Aguilar Sánchez. Una decisión que, de acuerdo con el promovente, carece de sustento legal suficiente y vulnera principios básicos de certeza, transparencia y legalidad institucional. Sin embargo, el tribunal determinó que, bajo el principio de autonomía universitaria, no era procedente la revisión judicial de este acto. En ese tenor, Vela Martínez consideró que esta interpretación es alarmante. Sostuvo que la autonomía universitaria está siendo utilizada como un “blindaje político-jurídico” para impedir cualquier mecanismo de control externo, aun cuando estén en juego derechos fundamentales de la comunidad universitaria. “Especialistas en Derecho Constitucional coinciden en que la autonomía universitaria no es absoluta ni puede colocarse por encima de la Constitución. Interpretarla como una especie de inmunidad frente al control judicial no sólo es jurídicamente incorrecto, sino peligroso para la vida democrática de las instituciones públicas de educación superior”, aseguró. El académico recordó que históricamente la autonomía universitaria surgió como un mecanismo para proteger la libertad académica frente al control directo de los gobiernos. Desde sus orígenes, fue concebida como una garantía para preservar la libertad de cátedra, la investigación científica y la producción del conocimiento sin interferencias políticas. En México, este principio se consolidó en 1929 con el reconocimiento de la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y quedó definitivamente elevado a rango constitucional en 1979, mediante la incorporación de la fracción VII del artículo 3° de la Constitución. Desde entonces, las universidades públicas autónomas obtuvieron la facultad de gobernarse a sí mismas, definir sus planes de estudio, administrar su patrimonio y fijar los términos de ingreso y permanencia de su personal académico. No obstante, la autonomía nunca significó soberanía ni independencia del orden constitucional. Las universidades siguen siendo organismos públicos creados por ley, financiados con recursos públicos y sujetos a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Durante gran parte del siglo XX prevaleció un criterio jurisprudencial que sostiene que estas entidades no eran “autoridad” para efectos del juicio de amparo. Bajo esa lógica, los actos universitarios internos no podían ser revisados por los tribunales federales. Ese criterio fue superado en 2010, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 12/2010. En ese fallo, el máximo tribunal reconoció que las universidades públicas autónomas sí pueden actuar como autoridad cuando ejercen funciones que afectan derechos fundamentales, por lo que sus actos son susceptibles de control constitucional mediante el juicio de amparo. A este precedente se sumó la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que estableció que todas las autoridades del Estado, sin excepción, están obligadas a respetar y garantizar los derechos humanos. Las universidades públicas no quedaron al margen de esta obligación. Otro elemento central es la fiscalización de los recursos públicos. Las reformas constitucionales en materia de control y auditoría dejaron claro que la autonomía no elimina la obligación de rendir cuentas. Las universidades administran patrimonio público y, por tanto, están sujetas a la supervisión de los órganos fiscalizadores y de las cámaras legislativas. En este contexto, el caso de la UV adquiere una dimensión especialmente delicada. La prórroga rectoral otorgada por la Junta de Gobierno es señalada como una decisión adoptada sin sustento legal suficiente y sin garantizar procesos de transparencia y certeza jurídica. Más grave aún, advierte, es que se pretenda blindar esta decisión bajo una interpretación extensiva y errónea de la autonomía universitaria, negando cualquier posibilidad de revisión judicial. Aceptar este criterio implicaría retroceder décadas en la evolución del Derecho Constitucional mexicano y abrir la puerta a decisiones internas sin control externo, sin revisión judicial y sin mecanismos efectivos de defensa para la comunidad universitaria. Frente a este escenario, precisa, se ha planteado una interrogante central, ¿por qué el Congreso de Veracruz no ha realizado una interpretación auténtica de la normatividad universitaria, cuando existen señalamientos de que instancias del Poder Judicial de la Federación está actuando bajo criterios de interés político y no bajo la defensa de los derechos universitarios?. La conclusión es clara, autonomía no es sinónimo de impunidad institucional. Y convertirla en un muro contra la legalidad pone en riesgo no sólo a una universidad, sino al propio estado de derecho. Así las cosas.
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Tras ignorantes declaraciones del senador Saúl Monreal en contra del ex gobernador Fidel Herrera, su hijo Fidel las tacha de falsas y le exige una disculpa pública MEMORANDUM 3.- Aunque el diputado federal, Javier Herrera Borunda, hijo del ex gobernador priista de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, prefirió no entrar en polémica con el senador de Morena, Saúl Monreal, hermano del diputado federal Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, luego de los señalamientos del senador morenista en contra del ex mandatario veracruzano, fue su hermano, Fidel Herrera Borunda, quien salió en su defensa y exigió una disculpa de Monreal. El hijo del ex gobernador originario de la Cuenca del Papaloapan señaló que las acusaciones contra su padre no sólo son falsas, sino que cruzan una línea que en la vida pública no se puede normalizar, “convertir una mentira en verdad mediática para generar impacto político. Quiero ser absolutamente claro y preciso: mi padre nunca estuvo detenido, nunca existió una orden de aprehensión en su contra, ni en México ni en ningún otro país. Esto no es un debate de opiniones. Es un hecho verificable. Y cuando se afirma lo contrario, no estamos ante una polémica; estamos ante difamación", afirmó. Herrera Borunda señaló que lo preocupante no es sólo lo que se dijo, sino el método: “insinuar sin pruebas, sembrar sospecha donde deberían existir documentos, evidencia y rigor. A mi papá lo recuerdan con cariño”. Dijo que la historia, la política y el periodismo exigen un mínimo: “sustento documental y verificable!! Lo demás es ruido, y el ruido también destruye. Siendo Saúl hermano de Ricardo Monreal, a quien respeto, considero un gran ser humano, y con quien mi padre compartió una vida pública marcada por el oficio político, la lucha por sus estados y la convicción de construir un México mejor, cabría esperar que el señor Saúl tuviera un sentido mayor de responsabilidad", exigió. Herrera Borunda concluyó que para él es un orgullo ser hijo de Fidel Herrera Beltrán y aseguró que hay miles de veracruzanos que recuerdan hechos concretos: apoyo real, oportunidades, educación y salud. Veracruz siempre fue su prioridad. Así las cosas.
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